La Superintendencia de Servicios de Salud, actualmente conducida por Horacio Guevara, publica en su apartado de auditorías de 2026 un informe que señala 132.087.499,89 en multas pendientes de cobro y diferencias entre los registros de las áreas encargadas de tramitar y administrar las sanciones a obras sociales y prepagas.

El documento vuelve sobre fallas de control dentro de un organismo que cambió de autoridades durante el gobierno de Javier Milei. Guevara asumió el 7 de octubre de 2026, tras la renuncia de Claudio Stivelman, mediante un decreto firmado por el presidente y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La auditoría de la Superintendencia de Servicios de Salud identificó multas pendientes de cobro por al menos 132.087.499,89.

Multas a obras sociales y prepagas: registros que no coinciden

El informe 11/2026 clasifica el saldo impago como una observación de impacto alto por posible perjuicio fiscal. También advierte que Administración y Sumarios aportaron información diferente, lo que impedía conocer con precisión el estado de las sanciones.

La coordinación de Sumarios respondió que la gestión de cobro correspondía a otras áreas. La auditoría mantuvo el señalamiento.

La documentación al que tuvo acceso REALPOLITIK presenta una inconsistencia relevante: describe tareas realizadas entre febrero y junio de 2026, pero termina fechado el 12 de diciembre de ese año, posterior a esta publicación. El saldo consignado tampoco permite establecer cuánto continúa pendiente de cobro actualmente.

El informe señaló que 26 de los 30 expedientes analizados tenían restricciones de acceso, incluso a las resoluciones de apertura y cierre.

La última página presenta fechas contradictorias: el texto indica 12 de diciembre de 2026 y la firma digital visible consigna 12 de junio del mismo año.

De Stivelman a Guevara, los cambios en la Superintendencia

Stivelman había llegado a la conducción en julio de 2025, después de ocupar la gerencia General durante la gestión de Gabriel Oriolo. Su ascenso y el posterior nombramiento de Guevara fueron decisiones de la misma administración nacional.

El informe también señala restricciones de acceso en 26 de los 30 expedientes examinados, incluso para consultar resoluciones de apertura y cierre. El área informó una revisión gradual de las reservas; la auditoría mantuvo la observación pendiente.

A eso se agregan demoras en los sumarios. La dependencia auditada sostuvo que había comunicado reiteradamente a sus superiores la falta de personal y la imposibilidad de responder en plazos menores. (www.REALPOLITIK.com.ar)