Una situación de creciente preocupación atraviesa a las empresas encargadas de elaborar y distribuir alimentos en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Según denunciaron proveedores del ministerio de Salud bonaerense a REALPOLITIK, desde marzo de este año la cartera sanitaria viene realizando pagos insuficientes para cubrir los servicios prestados, provocando una acumulación de deudas que amenaza con comprometer la continuidad del abastecimiento alimentario en distintos establecimientos de salud.

El escenario resulta especialmente delicado porque no se trata de una prestación secundaria. Las empresas involucradas tienen a su cargo la preparación y distribución de comidas destinadas a pacientes internados y personal autorizado, un servicio cuya interrupción podría afectar directamente el funcionamiento cotidiano de los hospitales provinciales.

"Desde marzo están pagando montos mínimos a los proveedores de alimentos que abastecen a los hospitales de la provincia, acumulando una deuda cada vez mayor. La situación se está yendo de las manos y se está haciendo muy difícil sostener el servicio en estas condiciones", explicó a este medio un empresario del sector que mantiene contratos con distintos organismos bonaerenses.

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Mientras el ministro Nicolás Kreplak acumula deudas y excusas, las empresas deben continuar afrontando salarios, adquisición de mercadería, transporte, logística y gastos operativos. "Los proveedores seguimos teniendo que afrontar sueldos, mercadería, logística y todos los costos para garantizar la alimentación en los hospitales, pero sin recibir los pagos correspondientes", advirtió el proveedor.

La preocupación no se limita a las consecuencias económicas para las compañías contratistas. Según fuentes del sector, el deterioro financiero podría trasladarse a sus trabajadores y, eventualmente, a los propios establecimientos sanitarios. "Si esto sigue así, muchas empresas van a empezar a tener problemas para pagar los sueldos de sus empleados y sostener el servicio. Estamos hablando de la alimentación de los hospitales públicos de toda la provincia", alertó.

Una licitación de más de 165.000 millones de pesos

La situación denunciada adquiere una dimensión particular al revisar la documentación oficial correspondiente a la contratación de los servicios alimentarios hospitalarios. Mediante la resolución RESO-2026-1824-GDEBA-MSALGP, del 3 de marzo de 2026, el ministerio de Salud autorizó la licitación pública identificada como proceso de compra 105-0150-LPU26, tramitada bajo el expediente EX-2025-44970670-GDEBA-DPHMSALGP.

El procedimiento contempló un presupuesto oficial estimado de 165.645.480.460,26 de pesos para la elaboración y distribución de comidas destinadas a pacientes internados, guarderías, personal autorizado, hospitales, Unidades de Pronta Atención y otras dependencias del sistema sanitario provincial.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial a partir del 6 de marzo de 2026, con apertura de ofertas prevista para el 26 de ese mismo mes. Sin embargo, de acuerdo con la documentación de contrataciones centralizadas de la dirección provincial de Hospitales, el nuevo servicio tiene una vigencia establecida entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2028.

Entre ambas fechas aparece uno de los principales interrogantes de esta investigación: ¿qué ocurrió con los servicios alimentarios prestados durante los cinco meses comprendidos entre abril y agosto, antes de la entrada en vigencia del nuevo contrato?

Según el testimonio recibido por REALPOLITIK, las empresas continuaron abasteciendo a los establecimientos sanitarios durante ese período, pese a que los instrumentos administrativos necesarios para regularizar las contrataciones y sus correspondientes pagos no habrían estado disponibles oportunamente.

"El contrato anterior finalizó el 31 de marzo. La adjudicación recién salió el 1 de septiembre. Es decir, durante todos esos meses las empresas seguimos prestando el servicio y abasteciendo a los hospitales, haciéndonos cargo de todos los costos", sostuvo el empresario.

Empresas que financian al Estado

Uno de los aspectos más llamativos del relato de los proveedores es que la problemática no se limitaría a retrasos convencionales en los pagos de la administración pública. De acuerdo con la fuente consultada, existirían importantes demoras en la emisión de órdenes de compra y en la instrumentación administrativa de servicios que ya se encuentran en ejecución.

"Nos hacen comenzar a prestar el servicio hasta ocho meses antes de que salga la orden de compra. Las empresas tenemos que afrontar todos los costos durante ese tiempo y, después de haber cumplido con el servicio, nos dicen que no tienen plata para pagar", aseguró.

Si esta modalidad se confirma, el resultado práctico sería que los proveedores privados terminan financiando durante meses una prestación esencial del sistema sanitario público, asumiendo costos laborales, comerciales y financieros sin certeza sobre las fechas de cobro.

La situación podría generar un círculo cada vez más difícil de sostener: a medida que se acumulan las obligaciones impagas, las empresas necesitan mayores recursos para continuar prestando el servicio, mientras disminuye su capacidad de acceder a financiamiento y cumplir con sus propios proveedores.

Un empresario trazó una comparación con otros organismos de la administración bonaerense. "Nosotros también trabajamos con Desarrollo Social, el ministerio de Justicia y el ministerio de Seguridad, y nunca tuvimos una situación así. Lo que pasa en Salud es insólito", afirmó.

Este señalamiento abre otro interrogante: si las demoras responden a dificultades presupuestarias generales de la provincia o si existe un problema específico en los circuitos administrativos y financieros del ministerio que conduce Nicolás Kreplak.

Gourmet Factory: una empresa del sector terminó en concurso preventivo

La preocupación de los proveedores encuentra un antecedente concreto en la situación de Gourmet Factory SRL, una empresa dedicada durante más de una década a la provisión de servicios alimentarios para hospitales bonaerenses.

La firma ingresó en concurso preventivo durante agosto de 2026, en el marco de una crisis financiera que adquirió estado público. Según se supo en su momento, Gourmet Factory acumulaba un pasivo superior a los 4.500 millones de pesos, acaparado en su mayoría por la falta de pagos estatales.

Si bien la apertura de un concurso preventivo no equivale a una declaración de quiebra y tampoco permite atribuir toda la crisis de la compañía a un único organismo, el antecedente constituye una señal de alerta sobre las dificultades económicas que atraviesan actores relevantes del sector.

Para los proveedores consultados, se trata de una advertencia sobre lo que podría suceder si el esquema actual de pagos no se regulariza. "Para que te des una idea de la gravedad de la situación, la empresa Gourmet Factory ya terminó fundida por esta situación", afirmó la fuente, al describir su preocupación por la continuidad de otras compañías.

Una fotografía difundida por Gourmet Factory SRL en sus redes.

El riesgo de trasladar la crisis a los pacientes

La gravedad potencial del conflicto radica en que la alimentación hospitalaria requiere continuidad. Los pacientes internados no pueden quedar sujetos a las dificultades financieras de las empresas contratistas ni a los tiempos administrativos de la gestión pública.

Los proveedores deben adquirir alimentos, garantizar su conservación, sostener personal capacitado, organizar cocinas y una logística de distribución, y cumplir exigencias sanitarias independientemente de la fecha en que reciban sus pagos. Por eso, una acumulación prolongada de obligaciones impagas podría comprometer progresivamente la capacidad operativa de las empresas.

Desde el sector advierten que, si no aparecen soluciones, algunas compañías podrían enfrentar dificultades para afrontar salarios, cancelar compromisos comerciales o mantener sus actuales niveles de prestación.

Mientras tanto, según los testimonios recibidos, las compañías continúan trabajando y absorbiendo costos, a la espera de que la cartera de Salud del gobierno de Axel Kicillof regularice los pagos pendientes. La pregunta es cuánto tiempo más podrán hacerlo sin que las consecuencias lleguen a los trabajadores y, finalmente, a los pacientes del sistema público bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)