Una camioneta importada de Bélgica con 52 kilos de MDMA escondidos en su estructura. Un contenedor vinculado con una salida desde Zárate que apareció en Amberes con 221,74 kilos de cocaína. Un buque cuyo capitán denunció el hallazgo de otros 16 kilos después de zarpar de Montevideo. Las investigaciones sobre el corredor portuario Zárate-Campana muestran distintas formas de aprovechar el comercio internacional para transportar estupefacientes.
El caso más reciente permite reconstruir una operación que combinó transporte marítimo, una organización con conexiones internacionales y contactos locales para recuperar el cargamento. El 16 de septiembre de 2026, el ministerio Público Fiscal informó el secuestro de 52 kilos de MDMA ocultos en una furgoneta Opel Combo llegada desde Amberes a la Terminal Zárate.
La sustancia estaba distribuida entre el chasis, el tanque y los asientos. La investigación, encabezada por el fiscal Emilio Guerberoff y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de Diego Iglesias, incluyó agentes encubiertos y una entrega vigilada: la droga fue sustituida para seguir los movimientos de quienes pretendían recibirla. Hubo ocho allanamientos y tres detenidos.

La importancia del procedimiento excede el volumen incautado. La organización necesitaba recuperar un vehículo dentro del circuito de importación y trasladarlo para acceder a la sustancia escondida. La logística comercial era parte del mecanismo delictivo.
En mayo de este año, otro episodio había mostrado una modalidad diferente. Según el comunicado oficial del 11 de mayo, el capitán de un buque italiano informó que un tripulante encontró una bolsa sospechosa después de salir de Montevideo. Cuando la embarcación amarró en Zárate, Prefectura Naval y ARCA verificaron que contenía 14 paquetes de cocaína, con un peso total de 16 kilos.
Durante la requisa aparecieron otras cinco bolsas vacías de características similares. Intervino el juzgado Federal de Campana, que dispuso medidas de prueba y la extracción de registros de cámaras. El comunicado precisó que no se adoptaron restricciones contra los 32 tripulantes. En este caso, el aviso del capitán fue determinante para la intervención de las autoridades.

Uno de los antecedentes más sensibles corresponde a julio de 2025. El hallazgo de 221,74 kilos de cocaína en Amberes, dentro de un contenedor con arroz partido a granel vinculado con un viaje desde Zárate, motivó allanamientos ordenados por el juez federal Adrián González Charvay.
Los procedimientos alcanzaron la terminal portuaria, oficinas del representante de la naviera y un depósito fiscal. Se buscaron documentos, filmaciones y registros sobre los movimientos del contenedor. La investigación contemplaba que la droga pudiera haber sido incorporada cuando ya estaba a bordo o durante alguna escala: el buque había pasado por Santos, Río de Janeiro y Tenerife. Por eso, el vínculo con Zárate no permite afirmar por sí solo que la cocaína se cargó en territorio argentino.
En mayo de 2022, una inspección al buque Grande Buenos Aires había encontrado justamente un contenedor con los precintos cortados. En su interior, entre bolsas de chía, había tres bolsos con más de 78 kilos de cocaína. El barco tenía como destino final Amberes, previa escala en Brasil.
El parte oficial reconstruyó además el recorrido anterior: el contenedor había sido cargado en Paraguay y transportado hasta Montevideo, donde fue embarcado en el buque que luego pasó por Zárate. La detección argentina interrumpió una operación que ya había atravesado varios puntos del circuito regional.
En abril de 2025, Prefectura y ARCA también encontraron un kilo con 80 gramos de cocaína debajo de un caño de agua en una bodega del Grande Nigeria, amarrado en Zárate. El hallazgo derivó en una requisa de camarotes y nuevas actuaciones del juzgado federal.
Los casos abarcan distintas gestiones y muestran una exposición persistente del corredor al narcotráfico internacional. También registran controles que detectaron cargamentos y permitieron avanzar sobre organizaciones. La reiteración de procedimientos ofrece una base concreta para evaluar la cobertura de la fiscalización y la trazabilidad de las operaciones.
Para el gobierno de Javier Milei, el problema excede la presentación de cada secuestro como un éxito aislado. Los expedientes describen vehículos acondicionados para ocultar drogas, contenedores intervenidos y estupefacientes dentro de bodegas. Son modalidades diferentes que requieren controles sobre cargas, embarcaciones y accesos a las terminales.
La secuencia deja un punto especialmente relevante: Zárate aparece tanto en intentos de ingreso de drogas sintéticas desde Europa como en investigaciones por cocaína transportada hacia ese continente. Ese doble sentido del tráfico convierte la seguridad del corredor Zárate-Campana en una cuestión de política aduanera nacional, con responsabilidades que alcanzan a la estructura estatal.

Los graves antecedentes dan fundamento a una auditoría extraordinaria de integridad y seguridad en la jurisdicción de la Aduana de Campana, independiente de la conducción local. La intervención propuesta debería abarcar los accesos a zonas portuarias, los depósitos fiscales, la asignación de verificadores y los registros de movimiento de las cargas.
La decisión involucra a Andrés Vázquez y a Luis Caputo: bajo su órbita funciona el organismo encargado del control aduanero. Los procedimientos ya documentaron distintas maniobras de narcotráfico en el corredor Zárate-Campana. Una auditoría permitiría establecer si esos hallazgos dieron lugar a cambios en los controles o si el Estado sigue actuando sobre las mismas vulnerabilidades. (www.REALPOLITIK.com.ar)