Un mensaje contra Emmanuel Macron llevó al abogado y aspirante presidencial Juan Branco a enfrentar un juicio penal que podría comprometer su participación en las elecciones francesas de 2027. Su defensa acudió a los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar una presunta instrumentalización de la Justicia y solicitar una intervención urgente antes de que una eventual inhabilitación electoral produzca un daño irreversible.

Según supo este medio, el caso fue denunciado ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión. El juicio está previsto para el 28 de enero de 2027, a las 9.00, ante la décima sala del Tribunal Correccional de París.

La acusación se concentra en una publicación realizada el 11 de enero de este año desde la cuenta de Branco en X. El mensaje, reproducido en la citación, decía: “Como el señor Macron intente arrastrarnos a la guerra, rodará su cabeza”.

Para la acusación, la publicación encuadra en una presunta intimidación destinada a condicionar el ejercicio de las funciones del presidente. Para la defensa, se trata de una expresión figurada sobre las consecuencias políticas de involucrar a Francia en una guerra.

Que M. Macron cherche à nous entrainer dans la guerre, et sa tête roulera. https://t.co/DExbSlB4yQ

— Juan Branco ✊ (@anatolium) January 11, 2026

De una publicación a una posible exclusión electoral

La notificación fue entregada el 14 de septiembre por un comandante de la Brigada Criminal, que actuó por instrucciones de la Fiscalía de París. El entorno presidencial atribuye a Branco haber empleado amenazas de violencia u otros actos de intimidación para conseguir que Macron realizara o se abstuviera de realizar un acto propio de su mandato.

La calificación invocada corresponde al artículo 433-3 del Código Penal francés. Su último párrafo contempla una pena máxima de hasta diez años de prisión y 150 mil euros de multa para las amenazas, violencias o intimidaciones dirigidas a obtener determinadas actuaciones de una autoridad pública. 

El alcance político aparece en las sanciones complementarias. El artículo 433-22 permite privar de derechos cívicos a quienes resulten condenados por estas infracciones, mientras que el artículo 131-26 incluye expresamente el derecho a ser elegido y establece, como regla general para esta clase de delitos, un máximo de cinco años de prohibición.

La inhabilitación no está decidida, pero su eventual aplicación antes de los comicios constituye el centro de la denuncia. La defensa advierte que, si además se ordenara su ejecución provisional, Branco podría quedar apartado de la competencia mientras se tramita una apelación. La legislación francesa contempla la ejecución provisional de determinadas sanciones, sujeta a las condiciones y garantías correspondientes.

El planteo es concreto: una resolución favorable posterior no permitiría recuperar una elección de la que hubiera sido excluido.

Una denuncia por persecución política

La comunicación está firmada por el abogado español Aitor Martínez Jiménez, quien sostiene que el procedimiento amenaza tanto la libertad de expresión de su representado como el derecho de los electores a considerar su candidatura.

La defensa rechaza la lectura literal de la frase sobre la cabeza del presidente. Argumenta que expresa una advertencia de caída política y que debe interpretarse dentro de una discusión pública sobre guerra y paz.

El abogado español Aitor Martínez Jiménez.

Por eso solicitó a la relatoría que requiera explicaciones a Francia sobre los fundamentos de la acusación, las pruebas de una intimidación real y la proporcionalidad de la respuesta penal. También pidió que se aclare si se solicitará una inhabilitación electoral y bajo qué régimen de ejecución. La presentación reclama una actuación preventiva antes del juicio. 

Branco había anunciado su intención de competir por la presidencia el 19 de diciembre de 2025, durante una entrevista con Sud Radio, antes de publicar el mensaje que ahora será juzgado. Su proyecto político está vinculado al movimiento Les Ruches.

Abogado hispanofrancés, conocido por su intervención en la defensa de Julian Assange, su cercanía a los chalecos amarillos y su libro Crépuscule, Branco mantiene una confrontación pública con el macronismo. Su trayectoria también incluye la representación del dirigente senegalés Ousmane Sonko: en 2024, la Audiencia Nacional española abrió una investigación por el presunto secuestro que sufrió en Mauritania y su traslado forzado a Senegal en agosto de 2023.

Ahora, su defensa denuncia que la utilización del derecho penal contra una expresión política puede convertirse en una herramienta de exclusión electoral. El tribunal deberá resolver si aquella frase constituye una intimidación punible; la controversia ya coloca bajo escrutinio los límites de la crítica al poder en Francia. (www.REALPOLITIK.com.ar)