Nucleoeléctrica Argentina SA recomendó contratar a Distribon SRL por 4.861.025.700 más IVA para un lote del servicio de limpieza de Atucha y Embalse. La empresa acumula antecedentes firmes en el Consejo de la Magistratura, entre ellos una rescisión contractual por reiterados incumplimientos. El cruce de documentos oficiales coloca bajo examen los controles aplicados por la conducción de la compañía estatal.

La recomendación fue publicada en el Boletín Oficial del 4 de agosto de 2026, dentro del expediente 66814. Distribon quedó seleccionada para el lote 3, mientras que otros lotes fueron recomendados a Claryty SRL y M&G Facility Service SAS. 

Nucleoeléctrica recomendó contratar a Distribon por $4.861 millones más IVA para el lote 3 del servicio de limpieza de Atucha y Embalse.

La decisión corresponde a la etapa de Juan Martín Campos al frente de Nucleoeléctrica, dentro de la política nuclear del gobierno de Javier Milei, que tiene como secretario de Asuntos Nucleares a Federico Ramos Napoli, un dirigente íntimamente ligado a Karina Milei. 

Las horas no trabajadas y el contrato rescindido

El antecedente más contundente aparece en la resolución AG 3538/2024, del 26 de septiembre de 2024. El Consejo de la Magistratura dispuso rescindir el contrato de Distribon para limpiar el edificio judicial de Marcelo T. de Alvear 1840, por acumulación de 15 reclamos. La contratación original ascendía a 46.348.000 pesos.

La resolución ordenó descontar 900.433,33 por 1.040 horas no trabajadas durante octubre de 2023. También impuso cuatro multas que suman 1.312.060 y la pérdida proporcional de la garantía de cumplimiento por 1.632.738,71.

El Consejo de la Magistratura rescindió el contrato de Distribon por 15 reclamos y dispuso descuentos por 1.040 horas de limpieza no trabajadas.

El registro oficial clasifica el antecedente como rescisión parcial, multa por incumplimiento y pérdida de garantía, y lo identifica como firme. La misma ficha exhibe otras dos penalidades firmes de 2024.

La rescisión tuvo efectos desde el 25 de octubre de 2023. Sin embargo, el documento reconoció prestaciones realizadas en noviembre mediante legítimo abono, con otro descuento de 1.157.700. El importe reconocido para ese mes quedó en 2.701.300.

Otra resolución sancionó a Distribon por no prestar el servicio de limpieza durante dos jornadas de junio de 2023.

Menos personal y faltantes en otro juzgado

Los incumplimientos documentados alcanzaron otra contratación. La resolución AG 1022/2024 examinó el servicio de limpieza del juzgado Federal de Mercedes, ubicado en calle 21 Nro. 621, adjudicado a Distribon mediante una orden de compra por 15.097.000.

Allí quedó asentado que la empresa comenzó a trabajar el 1 de marzo de 2023 con menos operarios que los pactados. El informe también observó que no cumplía con la provisión de elementos necesarios. La compañía emitió una nota de crédito por horas de servicio no prestadas.

El expediente incorporó faltantes de insumos y terminó con descuentos y 178.980 en multas por acumulación de once reclamos. Los antecedentes describen problemas concretos de personal, equipamiento y prestación en dos edificios judiciales diferentes.

En el Juzgado Federal de Mercedes, Distribon comenzó con menos personal del requerido y acumuló incumplimientos por dotación, equipos e insumos.

Detrás de Distribon aparecen Alejandro Raúl Davison y Dora Graciela Leiva. Un aviso societario publicado en septiembre de 2022 los designó gerentes tras la renuncia de Norma Yolanda Leiva; ambos también figuran en la ficha de proveedores del Consejo de la Magistratura.

El aviso societario de septiembre de 2022 documenta la designación de Alejandro Raúl Davison y Dora Graciela Leiva como gerentes de Distribon.

La nueva recomendación millonaria exige una explicación de las áreas de compras y de la conducción de Nucleoeléctrica: qué antecedentes de cumplimiento revisaron y cómo ponderaron las sanciones firmes de Distribon al seleccionarla. La documentación localizada no contiene esa explicación. El punto central es el criterio con el que la empresa estatal evaluó la capacidad de cumplir de una contratista que ya había perdido un contrato por reclamos reiterados. (www.REALPOLITIK.com.ar)