Domingo 8 de noviembre de 2026

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Jujuy: la historia detrás de una obra de 815 metros que acumuló casi 20 años de demoras

08/11/26 | El expediente atravesó las gestiones de Fellner, Barrionuevo, Morales y Sadir, entre incumplimientos, obras completadas por terceros y contratos sin cerrar.


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Una obra vial de apenas 815 metros, licitada en 2006 durante la gobernación de Eduardo Fellner e iniciada y paralizada en 2009 bajo la gestión de Walter Barrionuevo, terminó convirtiéndose en un prolongado expediente administrativo que atravesó el regreso de Fellner al poder y los dos mandatos de Gerardo Morales. Con más del 60 por ciento de los trabajos pendientes al momento de su paralización, el contrato original recién comenzó a encaminar su cierre formal en septiembre de 2026, durante el gobierno de Carlos Sadir. 

Se trata del proyecto denominado Nexo Vial Acceso a 30 Hectáreas en Alto Comedero, una infraestructura destinada a conectar un conjunto habitacional con la red vial de la capital provincial, cuya construcción fue adjudicada a la unión transitoria de empresas integrada por DG Construcciones y José Luis Sosa Paz Construcciones.

Los documentos dejan al descubierto una sucesión de problemas técnicos, incumplimientos contractuales y demoras administrativas, con una particularidad: mientras el contrato original permanecía sin una resolución definitiva, otras empresas y organismos públicos terminaron ejecutando los trabajos necesarios para poner en funcionamiento el acceso vial.

Una obra que quedó paralizada con menos del 40 por ciento de ejecución

El proyecto surgió de la licitación pública 04/06, en el marco del subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, y contemplaba la construcción de un acceso de aproximadamente 815 metros de longitud. La infraestructura incluía una calzada de hormigón de 7,60 metros de ancho, una base granular, banquinas compactadas y dos alcantarillas destinadas a resolver el cruce de los cauces existentes.

 

Según la resolución 1125-IVUJ/2026, los trabajos comenzaron el 27 de febrero de 2009, con un presupuesto contractual de 1.304.170,76 pesos, expresados a valores de agosto de 2006.

Sin embargo, apenas diez meses después, en diciembre de 2009, la obra quedó paralizada. Para entonces, la contratista había alcanzado un avance del 38,23 por ciento, con parte del pavimento de hormigón en ejecución y una de las dos alcantarillas prácticamente terminada.

Las empresas se negaron a continuar y el Estado recurrió a terceros

El expediente también describe los desacuerdos entre el organismo provincial y la unión transitoria de empresas adjudicataria. Según la resolución, la contratista fue intimada para que retomara los trabajos pendientes, pero manifestó que no continuaría hasta que se definiera una redeterminación por obras extras que había que llevar adelante.

Además, solicitó el reconocimiento económico de mayores movimientos de suelo necesarios para realizar las aproximaciones al puente construido. El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) sostuvo que, luego de verificar técnicamente los volúmenes de tierra involucrados, no encontró un incremento que justificara ese reconocimiento.

Con el correr de los años y la no resolución del conflicto, la provincia recurrió a otras empresas para completar la infraestructura, pero se olvidó de rescindir el contrato original.

La propia resolución reconoce que los rellenos de aproximación al puente fueron ejecutados por otra firma, mientras que el encuentro y la derivación vial hacia la colectora de la ruta provincial 66 fueron realizados por la municipalidad de San Salvador de Jujuy en octubre de 2015.

Finalmente, una inspección ocular efectuada en 2022 constató que los trabajos pendientes de la contratista original ya habían sido realizados y que el acceso vial se encontraba en funcionamiento. Es decir, la obra había sido terminada por terceros, pero el vínculo contractual con las empresas inicialmente adjudicatarias seguía sin quedar definitivamente resuelto.

Una rescisión contractual que nunca fue notificada

La provincia asegura que en 2022 ya había dictado la resolución 3045, mediante la cual dispuso rescindir el contrato por culpa exclusiva de la unión transitoria de empresas. Sin embargo, aquella decisión nunca fue notificada a la contratista.

Cuatro años después, en septiembre de 2026, el gobierno provincial resolvió dejar sin efecto aquella rescisión, al considerar necesario determinar previamente el valor de los trabajos que las empresas no habían ejecutado. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1124-IVUJ/2026, firmada por el presidente del organismo, el arquitecto José Luis Paiquez.

¿Cuánto terminó costando la obra?

Más allá de la rescisión contractual, la documentación deja abierto un interrogante económico. El Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy reconoce que distintos trabajos fueron realizados por otras empresas y reparticiones, pero las resoluciones publicadas no identifican a todos los contratistas que intervinieron posteriormente ni detallan cuánto se pagó por esas tareas.

Tampoco permiten establecer el costo final que tuvo para el Estado la construcción completa del acceso vial, considerando la contratación original y las intervenciones posteriores. Por lo tanto, la resolución de septiembre de 2026 no constituye una liquidación financiera definitiva del vínculo contractual.

El expediente también señala que, al momento de consultar la situación de las empresas en 2022, ninguna se encontraba inscripta en el Registro de Contratistas y Proveedores del Estado provincial.

Diecisiete años para resolver un contrato

Mientras la infraestructura pudo ser completada mediante la intervención de otras empresas y organismos, el contrato original permaneció durante años sin una resolución definitiva.

La decisión de rescindirlo adoptada en 2022 no fue notificada, y recién cuatro años después el IVUJ volvió a dictar una resolución para descontar los trabajos incumplidos y poner fin al vínculo contractual.

Queda pendiente establecer las consecuencias económicas definitivas de aquella contratación y reconstruir cuánto dinero público fue necesario destinar para completar el proyecto después de su paralización.

La pregunta que permanece abierta es cuánto terminó costando realmente aquella obra de 815 metros y por qué el Estado provincial necesitó casi dos décadas para encaminar el cierre de su contratación original. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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