Hablar de educación hoy exige mucho más que discutir presupuestos, reformas curriculares, salarios o estadísticas de escolarización. Exige animarnos a mirar hacia adentro del propio sistema educativo y preguntarnos qué está sucediendo con nuestras instituciones, con quienes tienen la responsabilidad de conducirlas y con los valores que deberían sostenerlas.

La crisis educativa no puede explicarse desde una única perspectiva ideológica ni atribuirse exclusivamente a un gobierno. Es un proceso complejo, que requiere analizar decisiones políticas, modelos pedagógicos, responsabilidades administrativas y, fundamentalmente, la calidad de las conducciones institucionales.

Porque una educación sin conducción, sin autoridad legítima y sin transparencia termina perdiendo aquello que le da sentido: su capacidad de enseñar, formar y construir ciudadanía.

La autoridad: ni miedo ni amiguismo

Necesitamos recuperar el valor de la autoridad en nuestras escuelas y en todo el sistema educativo.

Durante mucho tiempo se confundió autoridad con autoritarismo, disciplina con sometimiento y cercanía con permisividad. Pero hay algo que debemos comprender: la autoridad no se construye desde el miedo, la intimidación o el disciplinamiento; tampoco desde el amiguismo, el favoritismo o la necesidad permanente de agradar.

El autoritarismo genera obediencia por temor. El amiguismo genera dependencia, confusión de roles y pérdida de objetividad. Ninguno de los dos construye autoridad legítima.

Quien conduce una institución no está para buscar popularidad, construir círculos de lealtades personales ni administrar simpatías. Está para tomar decisiones, establecer límites, garantizar derechos y asumir las responsabilidades propias de su función.

Un director no necesita ser amigo de sus docentes para construir un buen clima institucional. Un inspector no necesita intimidar para ejercer su autoridad. Una autoridad política no necesita rodearse de personas que solamente confirmen sus decisiones.

La autoridad se legitima con conocimiento, idoneidad, coherencia, justicia y ejemplo. Se construye cuando las reglas son iguales para todos y cuando quien exige responsabilidades también está dispuesto a responder por las propias.

La educación debe volver a poner el conocimiento en el centro

Defender la educación pública significa defender el derecho de nuestros estudiantes a aprender.

No podemos confundir inclusión con ausencia de exigencia, ni igualdad de oportunidades con eliminación de los criterios de evaluación. Una escuela inclusiva debe ofrecer las herramientas necesarias para que todos puedan aprender, pero también debe sostener expectativas, objetivos y responsabilidades.

El conocimiento no puede quedar subordinado a discursos que relativizan el esfuerzo o convierten la promoción escolar en un objetivo administrativo.

El mérito, la responsabilidad, la constancia y la cultura del trabajo no son valores excluyentes. Son herramientas para construir autonomía, libertad y movilidad social.

La verdadera igualdad no consiste en que todos obtengan los mismos resultados independientemente de sus aprendizajes, sino en garantizar que todos tengan oportunidades reales de alcanzar los conocimientos que necesitan para desarrollarse.
No podemos resignarnos a que nuestros estudiantes egresen sin comprender adecuadamente lo que leen, sin herramientas matemáticas suficientes o sin conocimientos que les permitan continuar estudios superiores e incorporarse al mundo del trabajo.

Una educación que no enseña termina reproduciendo desigualdades en lugar de combatirlas.

Sin transparencia no hay autoridad moral

Hay otro problema que atraviesa nuestras instituciones y que no podemos seguir naturalizando: la pérdida de confianza en quienes administran lo público.

La falta de transparencia, la ausencia de controles efectivos, los posibles conflictos de intereses, las incompatibilidades funcionales, los favoritismos y las denuncias que permanecen sin respuestas deterioran la legitimidad de las instituciones.
Los cargos públicos no son propiedades personales ni espacios para construir privilegios. Son responsabilidades temporales que deben ejercerse conforme a la ley, con idoneidad y al servicio de la comunidad.

No puede haber una doble vara para interpretar las normas: una para quienes tienen poder y otra para quienes deben cumplirlas.

Toda denuncia debe ser investigada con seriedad, imparcialidad y respeto por el debido proceso. Quien denuncia irregularidades debe contar con garantías institucionales y quien es denunciado debe tener derecho a defenderse. Lo que no puede existir es la protección corporativa, el encubrimiento o la utilización del poder administrativo para silenciar cuestionamientos.

La ética pública no puede ser una declaración formal. Debe reflejarse en cada designación, cada acto administrativo, cada decisión y cada peso de los recursos públicos.

El Estado debe garantizar derechos y también exigir responsabilidades

Defender la educación pública no significa justificar todo lo que sucede dentro del Estado. Por el contrario, defender lo público implica exigir que funcione.

El Estado debe garantizar infraestructura, recursos, formación docente, condiciones dignas de trabajo y oportunidades de aprendizaje. Pero también debe controlar, evaluar y exigir que cada funcionario cumpla con las obligaciones de su cargo.
Necesitamos profesionalizar la administración educativa, transparentar los procedimientos, controlar las incompatibilidades y terminar con las prácticas discrecionales.

Los cargos deben estar ocupados por personas idóneas, seleccionadas conforme a las normas y no por afinidades personales, compromisos políticos o conveniencias sectoriales.

La conducción educativa debe recuperar su función esencial: acompañar, supervisar, orientar y garantizar que las políticas públicas lleguen efectivamente a las escuelas.

La escuela no puede ser una extensión de las disputas partidarias ni corporativas

La pluralidad de ideas es indispensable en una sociedad democrática. La escuela debe enseñar a pensar, debatir, argumentar y respetar las diferencias.

Ningún docente debería ser perseguido por sus convicciones políticas o ideológicas. Del mismo modo, ningún funcionario debería quedar exento de controles por pertenecer a una determinada estructura de poder.

Los sindicatos tienen un papel legítimo en la defensa de los derechos laborales, pero ninguna organización puede colocarse por encima de la ley ni reemplazar las responsabilidades del Estado.

Las instituciones educativas deben estar al servicio de los estudiantes, las familias y la sociedad, no de los intereses particulares de quienes circunstancialmente ejercen posiciones de poder.

Necesitamos recuperar la independencia institucional y comprender que la lealtad más importante de un funcionario público no debe ser hacia una persona, un partido o una organización, sino hacia la constitución, las leyes y la ciudadanía.

¿Qué transformación necesitamos?

No alcanza con cambiar funcionarios, nombres o estructuras administrativas si las prácticas permanecen intactas.
Necesitamos una transformación cultural e institucional que recupere:

- La autoridad pedagógica y el respeto por las jerarquías legítimas.

- El conocimiento, el esfuerzo, el mérito y la evaluación.

- La idoneidad profesional para ocupar cargos de responsabilidad.

- La transparencia de los actos administrativos y la rendición de cuentas.

- Los mecanismos efectivos de control y prevención de irregularidades.

- La independencia de las instituciones frente a intereses políticos y corporativos.

- La libertad de pensamiento y el respeto por el pluralismo.

- La responsabilidad individual y colectiva en el cumplimiento de las funciones.

No se trata de volver al pasado ni de idealizar modelos educativos que también tuvieron sus limitaciones. Se trata de construir una escuela que recupere lo mejor de su tradición: la transmisión del conocimiento, el respeto, la disciplina, la responsabilidad y la confianza en que estudiar y esforzarse puede abrir nuevos horizontes.

Una reflexión final

No podemos exigirles a nuestros estudiantes que respeten las normas si quienes deben hacerlas cumplir las desconocen. No podemos enseñar honestidad si la administración pública no ofrece transparencia. No podemos hablar de responsabilidad si las autoridades no responden por sus decisiones y omisiones. Y no podemos pedirles a los docentes compromiso institucional mientras se debilita sistemáticamente el reconocimiento de su función.

La educación necesita menos discursos y más responsabilidad. Menos privilegios y más institucionalidad. Menos lealtades personales y más compromiso con el bien común.

No hay calidad educativa sin autoridad legítima. No hay autoridad sin coherencia. No hay Estado de derecho sin transparencia y controles.

Defender la educación pública también significa animarse a cuestionar aquello que no funciona, incluso cuando las responsabilidades alcanzan a quienes tienen poder político, administrativo o gremial.

Porque el silencio no transforma las instituciones. La indiferencia no resuelve los problemas. Y la naturalización de las irregularidades termina convirtiendo lo excepcional en una práctica cotidiana.

No necesitamos autoridades que nos teman, ni autoridades que quieran agradarnos. Necesitamos autoridades que sepan conducir, que conozcan las normas, que actúen con honestidad y que estén dispuestas a responder por sus actos.
La escuela que queremos construir debe formar ciudadanos libres, responsables, críticos y capaces de pensar por sí mismos.

Una sociedad que renuncia al conocimiento, a la autoridad legítima y a la ética pública compromete su futuro. Todavía estamos a tiempo de recuperar el sentido de nuestras instituciones. Pero para hacerlo debemos empezar por una pregunta fundamental: ¿Estamos dispuestos a defender la educación pública no solamente de aquello que viene desde afuera, sino también de las prácticas que desde adentro la debilitan?

Yo sigo estando dispuesta a defender mis convicciones, a levantar la voz cuando las instituciones se apartan de su función, a reclamar transparencia donde haya opacidad y a exigir responsabilidades donde haya silencio.

Sigo creyendo que la educación merece algo mejor, que la verdad no debe tener dueños y que ninguna estructura de poder puede estar por encima de las instituciones.

Porque cuestionar no es destruir, denunciar no es perseguir y exigir que se cumpla la ley no debería ser motivo de temor ni de represalias.

Yo sigo estando dispuesta a dar este debate, a construir propuestas y a trabajar por una educación pública que recupere la autoridad, el conocimiento, la ética y la dignidad institucional.