Mario Bolla, abogado de la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la expulsión y exoneración de la investigadora del INTA en Balcarce, los detalles de la violenta notificación de despido, las acciones legales en curso y el impacto del estudio internacional SPRINT sobre la presencia de agrotóxicos en el ambiente.

Durante la entrevista, Bolla relató cómo se efectivizó la medida de forma intempestiva tras una entrevista periodística. "La agarraron a solas y la echaron como se echa un perro vagabundo, pero literal. Le intimaron para que abandone la estación porque ya no formaba parte del INTA, sin siquiera mirarla a los ojos ni permitirle entregar formalmente los instrumentos a su cargo", denunció el letrado, al tiempo que destacó la necesidad de realizar un inventario notariado para resguardar su labor institucional.

Asimismo, el abogado cuestionó el rol de las jerarquías regionales y adelantó que presentará una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante el ocultamiento sistemático de información ambiental. "Teniendo los resultados desde el año 2023, no solamente no han hecho nada ni lo han difundido, sino que ni siquiera le dieron intervención a las autoridades sanitarias", advirtió sobre el silencio institucional frente a los niveles de contaminación detectados en el sudeste bonaerense.

El silencio de los cobardes y la salud pública

En otro tramo de la charla, Bolla apuntó contra las presiones sectoriales que rodearon el caso y advirtió que la persecución contra la investigadora responde a intereses económicos por encima de las decisiones políticas. "Los que tomaron la decisión en el 2023 y ahora toman la decisión de exonerarla son los de la mesa de enlace. No es porque la presidencia del INTA tuviera esa iniciativa, sino porque se pusieron firmes las cuatro entidades del campo", señaló, lamentando la falta de apoyo gremial e institucional hacia la profesional.

Finalmente, el defensor remarcó que el trasfondo del conflicto excede la disputa administrativa y se ancla directamente en la salud pública y el resguardo del medio ambiente. "Nosotros no queremos contaminarlo con una lucha política. Acá hay un tema que atraviesa lo político, que es la salud pública, el agua, el suelo y los alimentos con los que nos estamos envenenando gradualmente", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)