Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay este jueves 5 de noviembre, cuando el Partido Colorado ya había decidido abandonarlo y el Congreso avanzaba hacia su destitución. Minutos después del anuncio, la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos contra cero la acusación para someterlo a juicio político. La crisis desatada por la caída de Ueno Bank terminó convirtiéndose en una disputa por algo más que el Palacio de López: la conservación de los fueros presidenciales, el control del oficialismo y la reorganización de una estructura de poder que atraviesa la política, los medios de comunicación y el fútbol sudamericano.

La diferencia entre renunciar y ser destituido no es menor. El artículo 189 de la constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente adquieren la condición de senadores vitalicios, con voz pero sin voto, excepto aquellos que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Esa condición parlamentaria puede otorgar inmunidades procesales cuyo levantamiento requiere la intervención del Senado.

Peña, que llegó al poder en agosto de 2023 de la mano de Horacio Cartes, conoce perfectamente esa distinción. Una renuncia aceptada antes de una condena política le permitiría aspirar a la senaduría vitalicia. Una destitución lo dejaría fuera de ese régimen.

La hipótesis de que su dimisión busca preservar los fueros adquirió fuerza precisamente por el momento elegido. El presidente no anunció su salida cuando comenzaron las denuncias contra Ueno Bank ni cuando el Banco Central intervino la entidad. Lo hizo cuando su propio partido había retirado el respaldo y el juicio político se encaminaba hacia una aprobación prácticamente unánime.

Sin embargo, la maniobra no estaba asegurada. La presentación de la renuncia no produce automáticamente el cese presidencial: el Congreso debe aceptarla, y el Senado todavía puede avanzar con el juzgamiento de la acusación formulada en Diputados.

Los senadores colorados Gustavo Leite y Carlos Núñez Agüero fueron explícitos al anticipar que rechazarían la dimisión para continuar con el juicio político. Núñez Agüero señaló que aceptar la renuncia permitiría al mandatario conservar inmunidades parlamentarias. En cambio, Natalicio Chase, jefe de la bancada cartista, consideró conveniente aceptar la salida para cerrar el conflicto institucional.

La contradicción expone la verdadera discusión. Mientras unos legisladores pretenden que Peña termine su mandato político bajo una destitución, otros consideran suficiente apartarlo de la Presidencia. Para el mandatario, los dos escenarios pueden significar consecuencias jurídicas completamente diferentes.

Gustavo Leite (Foto: La Nación).

Horacio Cartes: entregar al presidente para conservar el poder

El derrumbe político de Peña tiene un protagonista que no ocupa ningún cargo en el Poder Ejecutivo: Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre formal del Partido Colorado.

Cartes fue el principal impulsor de Peña, un economista que había construido su carrera pública como ministro de Hacienda antes de convertirse en la apuesta presidencial de Honor Colorado. El empresario aportó estructura partidaria, capacidad de negociación legislativa y un entramado de relaciones consolidado durante años.

Pero el jueves por la mañana, cuando el oficialismo debatía el destino de la Presidencia, Cartes terminó de romper con su antiguo protegido. En un comunicado oficial anunció que acompañaría el juicio político y utilizó una expresión particularmente severa para referirse al escándalo financiero: aseguró que el Partido Colorado no podía estar del lado del "latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados".

El mensaje tuvo consecuencias inmediatas. La bancada oficialista de Diputados, hasta entonces uno de los principales sostenes del mandatario, anunció que votaría a favor de la acusación. Los senadores comenzaron a reclamar su renuncia y el propio presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, se pronunció por una salida política.

En paralelo, Cartes recibió en la sede partidaria al vicepresidente Pedro Alliana. El encuentro tuvo especial importancia porque ambos venían de varias semanas de diferencias relacionadas con la candidatura presidencial del oficialismo para 2028.

La escena explica buena parte del funcionamiento del cartismo. Peña podía perder la presidencia sin que el Partido Colorado perdiera el gobierno. El reemplazo constitucional era otro dirigente surgido del mismo espacio político y con una trayectoria directamente vinculada a Cartes.

La crisis también le permitió al empresario recuperar centralidad en una disputa interna que amenazaba con fragmentar a Honor Colorado. Mientras el presidente quedaba aislado, el jefe partidario negociaba con quien podía ocupar su lugar.

Cartes, además, cuenta con antecedentes que permiten dimensionar su capacidad de supervivencia política. Gobernó Paraguay entre 2013 y 2018, fue sancionado por Estados Unidos en 2023 por señalamientos de corrupción que siempre rechazó y continuó siendo una figura decisiva para el oficialismo. Las sanciones estadounidenses fueron levantadas en octubre de 2025.

La salida de Peña demuestra que el control del Poder Ejecutivo y el control del sistema político paraguayo no necesariamente se encuentran en las mismas manos.

Horacio Cartes.

Pedro Alliana y Fabiana Souto: el poder también se construye en familia

El vicepresidente Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido como "Mangui", no es un dirigente secundario que llegó accidentalmente a la línea sucesoria. Nacido en Pilar, desarrolló una extensa carrera dentro del Partido Colorado. Fue gobernador de Ñeembucú, diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados entre 2019 y 2022 y titular de la ANR antes de que Horacio Cartes asumiera esa conducción en enero de 2023.

Su trayectoria explica por qué fue elegido para acompañar a Peña en las elecciones presidenciales. Mientras el candidato principal ofrecía un perfil técnico y económico, Alliana aportaba experiencia partidaria, conocimiento del Congreso y relaciones territoriales.

La relación con Cartes, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. En septiembre de 2026, el expresidente anunció que Juan Carlos Baruja sería el candidato a vicepresidente de la fórmula colorada para 2028. Alliana respondió que la elección de su compañero de fórmula no le correspondía a él y que la decisión se tomaría después de los comicios municipales.

El enfrentamiento dejó expuesta una disputa por la autonomía política del vicepresidente, que ya había aceptado convertirse en candidato presidencial de Honor Colorado para 2028.

Ahora aparece una paradoja. Si Alliana completa el mandato de Peña hasta agosto de 2028, podría comprometer definitivamente aquella candidatura. El artículo 229 de la constitución prohíbe la reelección presidencial y limita las posibilidades de postulación de quienes ejercieron la presidencia.

El ascenso anticipado al principal cargo del país puede representar, al mismo tiempo, el final de sus aspiraciones electorales para el siguiente período.

Pero Alliana también tiene presencia política dentro del Congreso a través de su esposa, María Fabiana Souto de Alliana, diputada nacional por Ñeembucú e integrante de la bancada A de Honor Colorado.

La historia de su llegada al Parlamento resulta especialmente interesante.

El 9 de agosto de 2023, apenas seis días antes de que Peña y Alliana asumieran sus cargos, el diputado colorado Luis Federico Benítez Cuevas renunció a su banca para convertirse en director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá. Su designación había sido promovida por el gobierno entrante.

Como consecuencia de aquella renuncia, la suplente Fabiana Souto fue convocada inmediatamente y prestó juramento como diputada.

La secuencia fue institucionalmente válida, pero permitió que la esposa del futuro vicepresidente ocupara una banca en el Congreso gracias a un movimiento político que simultáneamente ubicó a otro dirigente del mismo espacio al frente de una de las entidades binacionales más importantes del país.

Su presencia adquiere particular relevancia durante la crisis presidencial porque forma parte de la Cámara encargada de formular la acusación en el juicio político contra su esposo y contra Peña.

Y la sucesión puede abrir una negociación todavía mayor. Si Alliana llega a la presidencia, el Congreso deberá designar a un nuevo vicepresidente mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, equivalente a 63 legisladores. En esa discusión ya comenzó a circular el nombre del senador Antonio Barrios, dirigente de confianza de Cartes y una de las piezas importantes de su armado político.

Así, el recambio presidencial también le permitiría al Congreso intervenir directamente en la integración del próximo Poder Ejecutivo.

Ueno Bank.

Alejandro Domínguez, los medios de Cartes y los millones del fútbol en Ueno Bank

La caída de Ueno Bank no expuso únicamente a dirigentes políticos y organismos estatales. También alcanzó a una de las instituciones deportivas más poderosas de América del Sur: la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), conducida por el paraguayo Alejandro Domínguez.

La relación entre el fútbol y el poder político paraguayo tiene antecedentes concretos.

Antes de convertirse en presidente de Paraguay, Horacio Cartes construyó una parte importante de su proyección pública al frente del Club Libertad, institución a la que se vinculó desde 2001 y que ganó numerosos campeonatos durante su conducción.

Alejandro Domínguez, por su parte, pertenece a una familia históricamente ligada al Club Olimpia. Su padre, Osvaldo Domínguez Dibb, fue uno de los dirigentes más influyentes del fútbol paraguayo. Alejandro presidió posteriormente la Asociación Paraguaya de Fútbol y, desde 2016, conduce la Conmebol.

Pero existe un antecedente que conecta directamente los negocios familiares de Domínguez con el entorno de Cartes: los medios de comunicación.

El 15 de abril de 2015, cuando Horacio Cartes era presidente de Paraguay, el Grupo Nación de Comunicaciones anunció que Sarah Cartes, hermana del mandatario, había adquirido su paquete accionario mayoritario. La operación incluyó los diarios La Nación y Crónica, además de las radios AM 970 y FM Montecarlo.

La presentación de la nueva propietaria ante los trabajadores estuvo a cargo de Alejandro Domínguez, quien hasta entonces encabezaba la estructura empresarial y continuó vinculado a su conducción después de la operación.

Sarah Cartes sostuvo públicamente que realizaba la adquisición como inversión personal y que la operación no tenía objetivos políticos. Aquella explicación no modifica el hecho central: existió una transferencia empresarial documentada entre el universo de los Domínguez y la hermana del entonces presidente paraguayo.

Una década después, la crisis de Ueno Bank vuelve a colocar a Domínguez en una trama donde se cruzan empresas, instituciones y negocios de enorme importancia pública.

En agosto de 2024, la Conmebol anunció que Ueno Bank se convertía en patrocinador oficial de la Copa Sudamericana. Para formalizar el acuerdo, Miguel Vázquez, entonces CEO de la entidad financiera, visitó personalmente a Alejandro Domínguez en la sede de la Confederación. El contrato comercial se extendía hasta diciembre de 2026 y otorgaba al banco derechos de patrocinio sobre una competencia con enorme exposición internacional.

Pero Ueno no fue solamente un anunciante.

Según una nómina de grandes depositantes, la Conmebol mantenía aproximadamente 85.470 millones de guaraníes en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank, equivalentes a cerca de 14 millones de dólares: alrededor del 2,4 por ciento de los fondos administrados por la Confederación.

La relación también alcanzó a la Asociación Paraguaya de Fútbol. En 2023, la APF había firmado con Ueno Bank un acuerdo de patrocinio de aproximadamente 12 millones de dólares, vigente hasta agosto de 2027, que incluyó el nombre comercial del histórico estadio Defensores del Chaco. Tras el colapso, la Asociación comenzó a retirar la marca Ueno de sus publicaciones digitales y a revisar las consecuencias de sus acuerdos comerciales.

La magnitud de la exposición contrasta con el crecimiento vertiginoso de un banco que logró convertirse en uno de los principales patrocinadores del deporte paraguayo mientras recibía importantes depósitos públicos.

No hay pruebas de que Domínguez haya participado de los hechos investigados dentro del banco ni de que exista una maniobra delictiva conjunta entre la Conmebol y la familia Cartes. Lo que sí existen son antecedentes empresariales, contratos de patrocinio y colocaciones financieras verificables.

Esas conexiones alcanzan para poner sobre la mesa un problema político: la facilidad con la que instituciones deportivas de enorme influencia, conglomerados mediáticos y dirigentes partidarios comparten espacios empresariales sin que siempre exista suficiente información pública sobre sus decisiones.

Alejandro Domínguez.

Una constitución que puede cambiar el destino judicial de Peña

Los antecedentes de Paraguay permiten comprender por qué la discusión sobre los fueros adquirió tanta importancia durante las últimas horas.

En 2008, Nicanor Duarte Frutos intentó renunciar anticipadamente a la presidencia para asumir una banca electiva en el Senado. Su dimisión no prosperó en los términos que necesitaba, y la controversia sobre la incompatibilidad de la senaduría vitalicia con una banca activa terminó condicionando su futuro parlamentario.

En junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido mediante juicio político y reemplazado por su vicepresidente, Federico Franco. La destitución lo excluyó de la senaduría vitalicia prevista en el artículo 189.

Horacio Cartes también intentó dejar anticipadamente la presidencia en 2018 para ocupar una banca en el Senado, pero no consiguió que el Congreso aceptara su renuncia. Finalmente concluyó su mandato y pasó a ser senador vitalicio.

Los antecedentes judiciales refuerzan la importancia de esa condición. En 1996 se solicitó el desafuero del expresidente Andrés Rodríguez, pero el Congreso rechazó el pedido. En 1999 se aprobó un pedido contra Juan Carlos Wasmosy y, posteriormente, otro requerimiento fue rechazado. En 2024 se reabrió el debate sobre las inmunidades de los expresidentes cuando la Justicia avanzó sobre Mario Abdo Benítez.

La senaduría vitalicia no equivale a una garantía de impunidad. La Justicia puede investigar y solicitar el levantamiento de las inmunidades correspondientes. Sin embargo, introduce una instancia parlamentaria que no existiría en las mismas condiciones para un expresidente destituido y excluido del régimen.

El caso Peña agrega otro elemento político decisivo. Mientras sus antiguos aliados discuten qué salida institucional resulta conveniente, el Congreso ya aprobó la acusación y el vicepresidente se prepara para una sucesión que mantendría al Partido Colorado en el gobierno.

En paralelo, el Banco Central comenzó a organizar la devolución de depósitos garantizados de Ueno Bank, luego de confirmar que la solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. Los antecedentes oficiales también revelan que existían investigaciones por operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador desde meses antes de la intervención.

Es decir, la crisis que terminó con la salida presidencial no nació de un día para otro. Existían alertas financieras, decisiones regulatorias, recursos públicos comprometidos y responsabilidades institucionales que deberán determinarse. La cuestión central es que, después de tres años de gobierno, Peña quedó políticamente aislado mientras el aparato que lo sostuvo comenzó a reorganizarse alrededor de su reemplazante.

Cartes conserva la conducción partidaria. Alliana emerge como sucesor constitucional. Su esposa ocupa una banca dentro del Congreso que participa del proceso. Alejandro Domínguez sigue al frente de la Conmebol, institución que aparece entre los grandes depositantes de Ueno Bank y que mantiene antecedentes empresariales con el entorno familiar del expresidente.

No se trata de afirmar que todos esos actores participaron de un mismo delito. Se trata de reconocer que el derrumbe de una entidad financiera dejó al descubierto una red de relaciones políticas, empresariales y deportivas cuya influencia excede ampliamente al presidente que acaba de presentar su renuncia.

En Paraguay, el juicio político puede terminar con un gobierno sin modificar necesariamente a quienes conservan la capacidad de organizar el siguiente. La verdadera disputa ya no pasa solamente por determinar quién ocupa la presidencia. También consiste en decidir con qué protección institucional se retira Peña, quién controla la transición, qué dirigentes administrarán la sucesión y quiénes responderán por los recursos comprometidos en Ueno Bank.

Peña perdió el respaldo de Cartes y quedó a las puertas de abandonar el poder. El cartismo, en cambio, se prepara para continuar gobernando. La diferencia es que el presidente se va. La estructura que lo llevó hasta allí todavía permanece. (www.REALPOLITIK.com.ar)