La Legislatura de Santa Fe debate una reforma del sistema de seguridad y justicia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que apunta a incorporar nuevas herramientas para combatir el delito organizado, el narcotráfico y las distintas modalidades de violencia criminal.

La iniciativa llega al recinto después de casi seis meses de discusiones y negociaciones políticas. Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer las investigaciones penales, agilizar determinados procedimientos judiciales, ampliar los mecanismos de intervención territorial y limitar la capacidad de las organizaciones delictivas para continuar operando desde las cárceles.

El paquete incluye modificaciones en las facultades de las fuerzas de seguridad, atribuciones del Ministerio Público de la Acusación y mecanismos para acelerar la respuesta judicial frente a determinados delitos.

Uno de los puntos que concentra la discusión es la posibilidad de realizar allanamientos sin una orden judicial previa en situaciones específicas. La propuesta contempla casos de flagrancia y circunstancias en las que se detecte a una persona con armas u otros materiales controlados en la vía pública, siempre que existan indicios claros de que conserva otros elementos de esas características en su domicilio.

También se propone ampliar las herramientas de investigación policial mediante la posibilidad de tomar declaraciones y realizar entrevistas a personas sospechosas. En paralelo, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) podrían entrevistar a personas vinculadas con un hecho delictivo antes de que se concrete una imputación formal.

Otro de los cambios es la incorporación de la figura del juicio en ausencia, destinada a avanzar con procesos judiciales cuando los imputados se fuguen o no comparezcan a las audiencias pese a haber sido debidamente notificados.

La reforma también contempla los denominados decretos penales, un mecanismo orientado a agilizar la resolución de delitos de menor gravedad cuando existan pruebas contundentes.

Zonas especiales y nuevas facultades policiales

Entre las medidas que forman parte del paquete aparece la creación de zonas de intervención policial especial, una herramienta pensada para sectores donde se registren aumentos sostenidos de la criminalidad y situaciones extraordinarias de violencia.

Según explicó Rosúa, de las once herramientas incluidas en la iniciativa, solamente una amplía específicamente las facultades de la Policía. Se trata de un mecanismo que permitiría establecer intervenciones extraordinarias cuando la violencia se concentre en un área reducida, por ejemplo, en dos o tres manzanas.

La declaración de una zona especial quedaría a cargo del ministro de Seguridad y tendría carácter temporal. Durante ese período, las fuerzas policiales podrían realizar requisas personales, inspeccionar vehículos y llevar adelante allanamientos generales dentro del sector delimitado.

Rosúa defendió la propuesta al sostener que estas intervenciones buscan proteger a los habitantes de los barrios afectados por la actividad de las organizaciones criminales. “Son todos en resguardo del vecino que vive en ese lugar y que no puede quedar preso de bandas delictivas”, argumentó.

Demolición de búnkeres y recuperación de celulares robados

Otro capítulo de la reforma apunta directamente al microtráfico de drogas. El proyecto habilita la demolición o destrucción de búnkeres utilizados como puntos de venta de estupefacientes, mediante una orden fiscal y bajo circunstancias excepcionales.

Además, propone fortalecer el programa de recompensas económicas para incentivar la entrega de información que permita localizar prófugos o esclarecer delitos graves.

En materia de prevención y recuperación de bienes, se incorpora un mecanismo para acelerar la geolocalización de celulares robados. La propuesta contempla el uso de sistemas GPS con intervención fiscal y comunicación inmediata al juez, con el objetivo de evitar demoras administrativas en los procedimientos.

Finalmente, el paquete incluye modificaciones en los protocolos de actuación policial, el régimen penitenciario y los controles sobre los mercados ilegales de dispositivos y elementos tecnológicos.

Con este conjunto de medidas, el gobierno de Pullaro busca modificar las herramientas disponibles para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial frente al avance de las organizaciones criminales. El debate legislativo pondrá en discusión no solamente la eficacia de esos instrumentos, sino también los alcances de las nuevas facultades y las garantías que deberán regir su aplicación. (www.REALPOLITIK.com.ar)