Los nombres propios de los legisladores nacionales, Guillermo Michel, Florencia Carignano y Jorge Capitanich que decidieron realizar presentaciones ante la Justicia Contencioso Administrativa por lo que consideran un "escándalo" por el precio de saldo de venta de la empresa de agua potable de la región AMBA, representan la unidad de criterios sobre el remate de una de las joyas de la abuela que viene a reeditar, esta vez bajo un gobierno ultraliberal, una de las peores anomalías del sistema de producción capitalista.

El capitalismo de amigos es un sistema económico en el que las empresas y sus dueños prosperan no por la competencia, sino por el retorno del dinero acumulado mediante la colusión entre la clase empresarial y la política. Esto a menudo se logra mediante la manipulación de las relaciones con el poder estatal por parte de los intereses comerciales, en lugar de la competencia sin restricciones.

El peronismo ha sido frugal en esta clase de relaciones espurias, de hecho, uno de los ganadores de AySA, Mauricio Filiberti, conocido como "el rey del cloro", porque le vende a la empresa de saneamiento el elemento químico número 17 de la tabla periódica, tiene buenas relaciones con Sergio Massa y con buena parte de la dirigencia peronista.

Pero la escandalosa privatización llevada a cabo por el ministro de Economía, Luis Caputo, deja al descubierto las maniobras que debió realizar para rematar AySA, una empresa que no tenía déficit y que permitió la implosión del Tribunal de Tasación de la Nación, y genera esta extraña unidad entre las "tribus" del peronismo que, según expresaron a REALPOLITIK, revisarán la privatización de AySA si vuelven al poder el próximo año electoral ni bien asuman funciones.

Antecedentes y argumentos no les faltan, desde La Cámpora señalaron que "Néstor rescindió el contrato de la entonces privatizada, Aguas Argentinas, en el 2006, apelando incumplimientos y recordando que el agua es un derecho humano esencial y no una mercancía".

Desde el Frente Renovador explicaron que "si hay un futuro gobierno peronista, lo mínimo que va a suceder con los nuevos dueños es que la relación estará marcada por una severa revisión de los contratos de inversión obligatorios y auditorías regulatorias tarifarias, existiendo, siempre latente, la presión de los sectores más duros del espacio para recuperar el control estatal del recurso estratégico si el consorcio privado no cumple con las metas estipuladas".

La complicada ingeniería de "Toto" Caputo y Milei para bajarle el martillo a AySA

En la Auditoría General de la Nación (AGN) comenzará una investigación que también será abordada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre el canon irrisorio que pagaron Román, Filiberti y un fondo de inversión neerlandés.

En la AGN afirmaron que si AySA se vendió en menos de 400 millones de dólares para 4 millones de clientes, los inversores recuperan su capital en solo 4 meses. Además, el ministerio de Economía concedió una recomposición tarifaria del 22 por ciento, que los usuarios sentirán en sus bolsillos antes del traspaso de mando en la empresa.

Walter Román y Mauricio Filiberti.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación es un polvorín

Nada les dejaron a los tasadores oficiales, casi ninguna incumbencia. Dieron su veredicto en Tecnópolis porque se trata de una concesión y no de una privatización. Estas últimas quedaron para la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que conduce el abogado Diego Chaher, una oficina creada por decreto de Javier Milei en julio de 2024 bajo la ley Bases 27.742. Una unidad temporaria cuyos fundamentos son "...coordinar planes y gestionar privatizaciones o disoluciones estatales".

Lo primero que hizo Chaher fue que el traspaso de AySA se hiciera sin intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Para valuar el activo que se puso en venta se partió de una valuación de una comisión especial creada por la ATEP, cuyo resultado está bajo secreto de Estado y por la cual los diputados nacionales no lograron conseguir ningún informe que explicara el método de cálculo que arrojó los valores publicados en el pliego.

Un tasador del organismo señaló que el precio fijado de 340 millones de dólares equivale a apenas la onceava parte del valor real calculado por el ente oficial. El organismo técnico oficial encargado de las valuaciones patrimoniales del Estado es el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).

Dependencia política

El TTN funciona como un organismo descentralizado bajo la órbita del ministerio de Economía (conducido por Luis Caputo). El presidente del organismo es el arquitecto Julio Roberto Villamonte.

El nombre de Julio Villamonte cobró centralidad en las denuncias de la oposición peronista. De acuerdo con las presentaciones judiciales y las investigaciones del conflicto por la privatización de AySA, se lo cuestiona internamente por haber tomado la decisión unilateral de apartar al Tribunal de las tasaciones oficiales de las empresas públicas.

Esto abrió el camino para que el Ejecutivo utilizara metodologías alternativas, donde el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) habría prestado asesoramiento, y dictara el "secreto" sobre el cálculo realizado para expresar el valor real de la compañía de agua y saneamiento.

El proceso privatizador de AySA y otras empresas públicas desató una fuerte interna, quejas y una "rebelión" de técnicos dentro del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).

Julio Villamonte.

Quejas y "rebelión interna" de los técnicos

El foco de conflicto principal se originó en las Salas Técnicas del Tribunal. Los profesionales tasadores del organismo manifestaron su rechazo absoluto a la orden del ministerio de Economía (bajo la influencia del área de Desregulación de Federico Sturzenegger) de forzarlos a adoptar la metodología de "flujo de fondos descontados" (ingresos futuros proyectados).

- El argumento de los técnicos: los profesionales del TTN dictaminaron que por ley, el Tribunal solo está facultado para valuar activos físicos y patrimoniales reales. Sostuvieron que aplicar el criterio del gobierno subvaluaba los bienes del Estado y los exponía a futuras denuncias penales por perjuicio fiscal.

- El archivo que desmintió al director: la tensión creció cuando se difundió que el propio presidente del Tribunal, Julio Villamonte, había sostenido exactamente la misma postura técnica en el pasado, rechazando formalmente el mecanismo que ahora aceptó implementar ante la presión política de la gestión actual.

Ante la resistencia de los cuadros técnicos, Villamonte tomó decisiones unilaterales para dar luz verde al pedido del Poder Ejecutivo. Básicamente, "puenteó" a los demás integrantes del Tribunal y firmó las resoluciones que apartaban al TTN del proceso, derivando la tarea de tasación a unidades financieras y consultoras externas a través del banco estatal BICE.

Hasta el momento, el gobierno ha respaldado políticamente a Villamonte en su puesto para evitar que se caiga el andamiaje legal de las privatizaciones en marcha que, además, de AySA incluye a Nucleoelectrica, Belgrano Cargas e Intercargo.

La oposición incluyó explícitamente a Villamonte en las presentaciones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La metodología de Flujo de Fondos Descontados (DCF) se utilizó originalmente en Argentina durante las privatizaciones masivas de la década de los 90, bajo la presidencia de Carlos Menem. Específicamente, este método quedó consagrado por ley para la privatización del sector eléctrico en 1992, a través de la ley 24.065 (Régimen de la Energía Eléctrica). Se aplicó para valuar y vender los activos de empresas como Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), que luego se dividió en EDENOR y EDESUR, las centrales de generación y, posteriormente, la transportista de alta tensión Transener.

¿Por qué genera polémica que se use ahora?

El debate técnico y político actual (reabierto por el uso de este método en casos como AySA o empresas energéticas) radica en las características del modelo:

- El foco en el futuro, no en el presente: a diferencia de una tasación física patrimonial estándar (que mide cuánto valen los terrenos, cañerías, edificios o plantas industriales construidas durante décadas), el Flujo de Fondos Descontados calcula el valor presente de una empresa basándose exclusivamente en los ingresos netos que se proyecta que generará en el futuro.

- La "sensibilidad" a las tarifas y regulaciones: es un método sumamente elástico. Si el gobierno proyecta un escenario con tarifas bajas o congeladas para los próximos años, el flujo de fondos futuro cae drásticamente y, por ende, el valor de venta de la empresa se desploma. Si una pequeña variable en la tasa de descuento o en la proyección regulatoria se altera levemente en el Excel, el precio final de la compañía pública puede variar por cientos de millones de dólares.

Mientras el Ejecutivo defiende el método por evaluar a la firma como un "negocio en marcha", los técnicos y la oposición sostienen que es un mecanismo ideal para justificar remates de infraestructura estatal. (www.REALPOLITIK.com.ar)