La ingeniera María Eva Koutsovitis, referente de la organización La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el proceso de privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), el impacto del DNU 493/2025, el contrato de concesión a 30 años, el riesgo sanitario por la flexibilización de controles y las acciones judiciales iniciadas para frenar la medida.

"La privatización de AySA no podemos analizarla como un hecho aislado. Se da en el contexto del saqueo de nuestros bienes comunes, donde los grandes grupos económicos vienen por el agua, sumado a la disolución del ENOHSA, el desmantelamiento del Instituto Nacional del Agua y la paralización absoluta de las obras públicas de saneamiento", explicó Koutsovitis al contextualizar la entrega de la prestadora que abastece a 15 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.

En ese sentido, la especialista cuestionó los argumentos del Ejecutivo nacional para desprenderse de la firma pública. "¿Por qué se privatiza AySA si durante el 2024 tuvo una ganancia neta de más de 60 mil millones de pesos y el año anterior más de 22 mil millones? No está claro por qué se privatiza y la única respuesta es para garantizarle el negocio a un privado", remarcó.

El DNU 493, tarifas y flexibilización sanitaria

Koutsovitis alertó sobre las consecuencias del DNU 493 y las condiciones del nuevo contrato de concesión proyectado a 30 años con opción a 10 más. "Este decreto cambia el paradigma del agua como un derecho humano hacia el agua como una mercancía. Habilita el corte del servicio por falta de pago, elimina la obligación de expandir la red hacia barrios populares, dispone aumentos trimestrales indexados y flexibiliza los controles de calidad, permitiendo mayor concentración de nitratos, cloruros y eliminando controles bacteriológicos", denunció.

Asimismo, la ingeniera calificó de "irrisoria" la tasación oficial de la compañía y advirtió sobre las irregularidades en el proceso licitatorio. "El gobierno esperaba recaudar entre 450 y 500 millones de dólares por la empresa más grande de la región, pero las ofertas presentadas rondaron los 340 y 285 millones. En el consorcio principal aparece Transclor de Mauricio Filiberti junto a una firma de dudas operativas, consolidando una posición monopólica en energía y agua. Hay seis presentaciones judiciales en curso y tenemos la expectativa de frenar este atropello", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)