José J. Chediack, Benito Roggio e Hijos y SACDE, controlada mayoritariamente por los hermanos Mindlin, ejecutaron la Autovía de Punilla que quedó bajo cuestionamiento del Tribunal de Cuentas de Córdoba. El organismo  acaba de denunciar penalmente presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de una obra cuyo presupuesto inicial, según su presentación pública, rondaba los 100 millones de dólares y que habría terminado superando los 220 millones. La denuncia apunta a Caminos de las Sierras, la empresa encargada de contratar los trabajos.

El proyecto atravesó las administraciones de Juan Schiaretti y Martín Llaryora. La apertura de sobres se realizó en febrero de 2022 y la ejecución del sector a cargo de SACDE concluyó en diciembre de 2024. La discusión alcanza, por lo tanto, las decisiones tomadas al licitar y las modificaciones aprobadas durante el desarrollo de los trabajos.

Los 21,8 kilómetros entre Variante Costa Azul y Molinari se dividieron en cuatro sectores. Chediack obtuvo el 1A; Roggio, los sectores 1B y 1C; y SACDE, el 1D. La ficha publicada por la Asociación Argentina de Carreteras identifica a las tres constructoras y a Caminos de las Sierras como comitente. Roggio concentró así dos de los cuatro contratos del trazado.

La revista Carreteras identifica los sectores ejecutados por Chediack, Roggio y SACDE y consigna un monto contractual de 130 millones de dólares.

El presidente del Tribunal, Beltrán Corvalán, y la vocal María Fernanda Leiva llevaron a Tribunales II sus cuestionamientos sobre los costos. Según el comunicado oficial del organismo, la obra pasó de un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares a una adjudicación por aproximadamente 140 millones, para luego superar los 220 millones. Son los valores sostenidos por los denunciantes, que atribuyen el incremento a irregularidades en el proceso contractual.

La acusación también pone el foco en las condiciones de pago. Corvalán señaló que una adenda permitió desembolsar dinero a los contratistas a los 30 días, cuando el plazo previsto era de 60. El Tribunal sostiene que esa modificación representó un beneficio para las empresas y un costo adicional superior al millón de dólares para la provincia.

El comunicado oficial del Tribunal de Cuentas sobre la denuncia penal por presuntos sobreprecios y modificaciones en las condiciones de pago.

Los adicionales que aparecen en el balance de SACDE

Entre las contratistas, SACDE aporta documentación propia para reconstruir cómo cambió el proyecto. Sus estados financieros de 2025 informan que en mayo de 2023 se aprobaron dos modificaciones del sector 1D, entre Cosquín y Molinari: incluyeron cambios en el puente sobre el río Yuspe, excavaciones, pasos inferiores, interferencias y otros componentes.

La compañía también consigna que durante 2023 recibió la adjudicación del acceso a Molinari como obra complementaria. Ese acceso terminó en marzo de 2024; para la obra principal informó finalización en diciembre de ese año y recepción definitiva en diciembre de 2025. Las modificaciones y el contrato complementario son antecedentes documentados para examinar el crecimiento del gasto.

Al cierre de 2025, Marcos Marcelo Mindlin tenía el 33,20 por ciento de SACDE y Damián Miguel Mindlin, el 32,66 por ciento. Damián firma el balance como presidente. La empresa es la antigua IECSA, transferida por Ángel Calcaterra -primo de Mauricio Macri- a EMES Energía Argentina en marzo de 2017, operación registrada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Extractos de los estados financieros de SACDE de 2025: modificaciones de la Autovía de Punilla y participación accionaria de los hermanos Mindlin.

En el caso de José J. Chediack, el aviso societario publicado el 7 de julio de 2026 identifica a Javier Hugo Chasco como presidente, Norberto Fernando Bacigaluppi como vicepresidente e Inés Chediack como directora titular. La constructora conserva el apellido de una familia histórica del negocio vial.

Los nombres de Juan Chediack, fallecido en 2023, y Aldo Roggio también aparecen entre los imputados colaboradores cuyos aportes fueron incorporados al juicio de la causa Cuadernos. Es un antecedente judicial de referentes de dos de las contratistas.

Una obra, cifras oficiales que no coinciden

Caminos de las Sierras publica un costo distinto del denunciado por el Tribunal. En septiembre de 2025, al informar una reunión de cierre del proyecto con representantes de CAF, afirmó que la Autovía de Punilla demandó una inversión de 130 millones de dólares, financiada parcialmente mediante un préstamo del organismo internacional. La ficha de Carreteras también consigna 130 millones como monto contractual.

De aquella reunión participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos; el vicepresidente Isaac Rahmane, y representantes de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. La empresa informó que la delegación de CAF valoró favorablemente la gestión del proyecto.

Publicación de Caminos de las Sierras del 4 de septiembre de 2025: informó una inversión de 130 millones de dólares y el cierre del proyecto con CAF.

La distancia entre esos 130 millones y los más de 220 millones sostenidos por el Tribunal exige reconstruir el alcance de cada cálculo: contratos originales, adicionales, actualizaciones y desembolsos. Las constructoras están identificadas y parte de las modificaciones figura en sus documentos. Falta una conciliación pública de las cifras que permita establecer cuánto terminaron pagando los cordobeses y por qué.

El conflicto por el acceso a la información tuvo, además, un capítulo judicial: en octubre se informó el archivo de una denuncia contra Bañuelos vinculada con requerimientos documentales. Según esa cobertura, el fiscal Franco Mondino consideró que existieron respuestas de la empresa y una controversia sobre las facultades de control. Esa resolución, cuyo alcance sobre la denuncia específica por sobreprecios no pudo verificarse, debe distinguirse del cuestionamiento económico a la autovía.

Para las gestiones de Schiaretti y Llaryora, la discusión ya excede la inauguración de una ruta: involucra las condiciones bajo las cuales tres grandes contratistas ejecutaron una obra financiada con recursos públicos y endeudamiento internacional, y la explicación pendiente sobre sus costos. (www.REALPOLITIK.com.ar)