La causa por las presuntas torturas y abusos sexuales denunciados por internas de la Unidad Penal N° 51 de Magdalena tuvo un nuevo giro judicial. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió revocar las prisiones preventivas de cinco integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), al considerar que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para sostener la medida cautelar.

La resolución, notificada el jueves 5 de noviembre, benefició a Miguel Ángel Villota, Carlos Miguel Tocci, Agustina Ailén Oroná, Gisela Mailín Iguarán y Raquel Noemí Boccardo. En los cinco casos, el tribunal hizo lugar a los planteos de las defensas y dispuso sus libertades.

Sin embargo, la decisión no significa que los imputados hayan sido absueltos ni que la investigación haya terminado. La Cámara consideró que, en esta etapa del expediente, no existen elementos suficientes para mantener las prisiones preventivas respecto de ellos.

El fallo lleva las firmas de los jueces Fernando Jorge Mateos y Alejandro Gustavo Villordo, quienes revisaron las apelaciones contra la resolución del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, que el pasado 28 de septiembre había convertido las detenciones en prisiones preventivas.

Qué pasó con los cinco penitenciarios liberados

Entre los beneficiados se encuentran dos funcionarios que ocupaban cargos jerárquicos dentro del establecimiento. Se trata de Miguel Ángel Villota, subdirector de Inclusión, y Carlos Miguel Tocci, subdirector de Seguridad.

En ambos casos, los camaristas entendieron que los elementos incorporados al expediente no permitían establecer con el grado de probabilidad necesario una participación concreta en las agresiones denunciadas.

También recuperó la libertad Agustina Ailén Oroná, encargada de turno, respecto de quien los jueces señalaron que los testimonios no alcanzaban para acreditar una intervención personal en los hechos investigados.

La misma resolución alcanzó a Gisela Mailín Iguarán, integrante del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE). Sobre ella, la Cámara sostuvo que su presencia durante el operativo y la utilización de gas pimienta no resultaban suficientes, por sí solas, para demostrar su participación en las torturas y los abusos sexuales denunciados.

El quinto caso es el de Raquel Noemí Boccardo, quien se desempeñaba como enfermera. La Cámara revocó su prisión preventiva por las imputaciones de tortura y abuso sexual, aunque mantuvo la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por este último delito, le concedió la excarcelación bajo caución juratoria.

Cuatro imputadas continuarán detenidas

La resolución también confirmó las prisiones preventivas de Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe y Florencia Anahí Ortiz.

En el caso de Balmaceda, jefa de Vigilancia y Tratamiento; Toledo, subjefa de Vigilancia; y Villafañe, coordinadora de Régimen Abierto, la Cámara consideró que existen declaraciones directas de las internas que las identifican y describen conductas específicas vinculadas con los delitos investigados.

Los testimonios incorporados a la causa mencionan presuntas agresiones físicas, humillaciones, amenazas y abusos sexuales en distintos sectores del establecimiento penitenciario.

Los jueces también valoraron declaraciones de otros agentes que ubicaron a las imputadas en los lugares donde habrían ocurrido los hechos y describieron comportamientos intimidatorios durante los procedimientos.

Respecto de Florencia Anahí Ortiz, inspectora de Vigilancia, se confirmó la prisión preventiva por los delitos de tortura e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal consideró que, además de su presencia en el lugar, existían señalamientos directos sobre conductas relacionadas con las agresiones denunciadas.

Las graves denuncias que originaron la investigación

La causa se inició por episodios ocurridos el 3 de junio de 2026, durante un conflicto entre internas de la Unidad Penal N° 51 que derivó en un operativo con participación de autoridades penitenciarias y personal del Grupo de Intervención ante Emergencias.

A partir de ese procedimiento, varias detenidas denunciaron haber sufrido golpes, amenazas, humillaciones, utilización de gas pimienta y distintas formas de violencia sexual.

Entre los episodios incorporados al expediente aparecen relatos de agresiones contra mujeres que se encontraban esposadas, exigencias para que besaran las botas del personal penitenciario y situaciones de violencia durante traslados y procedimientos dentro del penal.

La investigación también contempla denuncias de abusos sexuales con acceso carnal contra dos internas, además de cuestionamientos sobre la atención sanitaria recibida y la documentación de las lesiones.

Las defensas de los agentes rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el personal había actuado conforme a los protocolos ante una situación de conflicto. También plantearon que algunas internas podrían haber organizado las denuncias para apartar a las autoridades penitenciarias, en el contexto de operativos contra la presunta presencia de drogas dentro del establecimiento.

No obstante, la Cámara consideró que esos argumentos no alcanzaban para desvirtuar los elementos existentes contra las cuatro imputadas que continuarán detenidas. Incluso, cuestionó la falta de elementos de respaldo y trazabilidad de un mensaje de WhatsApp presentado por una de las defensas como parte de su estrategia.

La investigación continúa en La Plata

El expediente tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, bajo la investigación penal preparatoria N° 06-00-29771-26.

La decisión de la Sala III establece, por lo tanto, dos situaciones procesales diferentes: cinco agentes recuperaron la libertad por falta de mérito, mientras que otros cuatro seguirán bajo prisión preventiva.

La resolución no determina la inocencia ni la responsabilidad penal de ninguno de los involucrados. La investigación deberá avanzar para esclarecer qué ocurrió dentro de la cárcel de Magdalena y establecer las eventuales responsabilidades por las graves denuncias formuladas por las internas. (www.REALPOLITIK.com.ar)