Este medio accedió a un escrito de denuncia penal del exjuez Guillermo Tiscornia que solicita investigar movimientos millonarios de fondos públicos argentinos antes de la intervención de Ueno Bank en Paraguay. La presentación apunta al gobierno de Javier Milei, ante la sospecha de que se habría utilizado información privilegiada.
El documento al que accedió REALPOLITIK solicita investigar si funcionarios argentinos dispusieron el retiro anticipado de fondos públicos depositados en Ueno Bank, aproximadamente dos semanas antes de la intervención de la entidad financiera en Paraguay.
La presentación fue formulada por Guillermo Juan Tiscornia, abogado y exjuez penal económico, y está dirigida a la Justicia nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El planteo busca determinar si las operaciones se realizaron a partir del conocimiento anticipado de información sobre la situación financiera del banco, cuando el resto de los depositantes todavía no disponía de esos datos.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el escrito habría ingresado por vía electrónica al Poder Judicial de la Nación. Al momento de la consulta, todavía no contaría con juzgado asignado ni número de causa. Las mismas fuentes señalaron que el sorteo se produciría después de los feriados de noviembre.

En su presentación, Tiscornia sostiene que dependencias oficiales argentinas habrían retirado “sumas millonarias de fondos públicos” de Ueno Bank aproximadamente dos semanas antes de la intervención.
De acuerdo con el escrito, el dinero habría sido transferido al Banco de la Nación Argentina. La hipótesis que plantea el denunciante es que funcionarios con acceso a información reservada podrían haber conocido anticipadamente las dificultades financieras de la entidad paraguaya y dispuesto el movimiento de los depósitos antes de que esa situación fuera conocida por los demás clientes.
El documento dirige la investigación hacia los titulares y funcionarios responsables de la embajada argentina en Paraguay, el ministerio de Economía y la secretaría de Finanzas, además de quienes hubieran ordenado, ejecutado o facilitado las operaciones. Actualmente, esas dependencias están conducidas por el embajador Guillermo Nielsen, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el secretario de Finanzas Federico Furiase, respectivamente.
El escrito no identifica individualmente a quienes habrían autorizado las transferencias ni consigna los montos exactos, las cuentas bancarias involucradas o las fechas específicas de los movimientos.
El exjuez solicita investigar la posible comisión de distintos delitos previstos en el Código Penal argentino: incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248), malversación de caudales públicos (artículo 260), peculado (artículo 261) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265). También plantea la posible utilización de información privilegiada para concretar las operaciones financieras.
La cuestión central es establecer si existieron retiros anticipados de fondos estatales y, en ese caso, qué funcionarios participaron en las decisiones, con qué información contaban y bajo qué circunstancias se efectuaron los movimientos.
Tiscornia cuenta con antecedentes de otras presentaciones judiciales de carácter penal. Entre ellas figuran denuncias contra directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el denominado “PasilloGate”, contra la empresa Techint por presuntas prácticas anticompetitivas y contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por supuestas irregularidades en la administración del presupuesto del Poder Judicial.
Esta última presentación trascendió en mayo de 2026, después de que el juez Ricardo Lorenzetti cuestionara la administración de recursos económicos del máximo tribunal.
Un elemento que incorpora interés al caso es la vinculación institucional del embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen, con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), organismo mencionado en el escrito de Tiscornia.
Nielsen, quien asumió como embajador en 2024 y presidió YPF entre 2019 y 2021, fue designado en abril de 2026 como representante de la Cancillería argentina ante Yacyretá, mediante la resolución 68/2026 del ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión concentró en un mismo funcionario la representación diplomática argentina en Asunción y la representación de la Cancillería ante la entidad binacional, una coincidencia de funciones presentada entonces como inédita.
Este dato adquiere relevancia porque la denuncia plantea que parte de los fondos presuntamente retirados de Ueno Bank podría estar relacionada con Yacyretá.
La investigación solicitada deberá determinar si existieron depósitos de fondos públicos argentinos vinculados con la entidad binacional en el banco paraguayo, si se produjeron las transferencias mencionadas y quiénes intervinieron en esas decisiones.
El eventual origen de los fondos, su destino y las circunstancias en las que habrían sido movilizados constituyen así aspectos centrales del planteo presentado por Tiscornia. (www.REALPOLITIK.com.ar)