El gobierno de Javier Milei convirtió el recorte de la pauta oficial en una bandera política, pero los negocios entre el Estado y los grandes grupos de comunicación tienen otras puertas de entrada. Nucleoeléctrica Argentina recomendó contratar a GC Gestión Compartida SA, una empresa controlada prácticamente en su totalidad por el Grupo Clarín, por 9.761.707.789 pesos para la provisión de personal profesional y técnico. La operación aparece en los registros públicos de la compañía que administra las centrales nucleares argentinas.

El dato incomoda al relato libertario: mientras la relación económica con los medios se discute casi exclusivamente en términos de publicidad, una empresa del mayor conglomerado periodístico del país aparece seleccionada para un negocio millonario con una estatal. La diversificación empresarial permite que esa relación transcurra lejos de las partidas publicitarias y resulte mucho menos visible para quienes consumen sus diarios, radios y canales.

La recomendación fue publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril de 2026 por el departamento Evaluación de Ofertas de Nucleoeléctrica. El objeto consignado es la “provisión de servicios mediante personal profesional y técnico para las necesidades específicas”. Gestión Compartida figura para el contrato 2 de 2, dentro de un lote único. 

Nucleoeléctrica recomendó contratar a Gestión Compartida por $9.761.707.789. El mismo aviso propone otro contrato por igual monto para HYTSA.

La identificación del beneficiario empresarial no depende de una coincidencia de nombres ni de un vínculo remoto. Los estados contables de Gestión Compartida al 30 de junio de 2026 declaran que Grupo Clarín SA posee directamente el 99,57 por ciento de su capital y sus votos. El balance identifica como presidente de la contratista a Horacio Eduardo Quirós, quien además se presenta en su perfil de LinkedIn como director de Asuntos Corporativos del Grupo Clarín desde diciembre de 2015, después de haber conducido durante más de 18 años el área corporativa de Recursos Humanos. La empresa recomendada por Nucleoeléctrica está encabezada, así, por un ejecutivo con una extensa trayectoria dentro del conglomerado mediático.

Los estados contables de Gestión Compartida declaran que Grupo Clarín posee directamente el 99,57 por ciento del capital y los votos.

La propia sociedad describe su actividad como prestación de servicios de soporte a empresas, servicios tecnológicos, administración de inmuebles e inversiones. Esa estructura amplía el alcance de los negocios del grupo: además de vender contenidos y publicidad, participa del mercado de servicios empresariales, donde también puede convertirse en proveedor del Estado.

Balance completo de Gestión Compartida al 30 de junio de 2026: actividad empresarial, control accionario y situación patrimonial de la firma seleccionada por Nucleoeléctrica.

La decisión fue publicada durante la presidencia de Juan Martín Campos en Nucleoeléctrica, dentro del esquema nuclear del gobierno de Javier Milei, cuya secretaría de Asuntos Nucleares conduce Federico Ramos Napoli, un hombre de confianza de Karina Milei que manejaba su comunicación digital antes de desembarcar en el sector nuclear como gerente General de Dioxitek SA, la empresa estatal que produce el dióxido de uranio utilizado para fabricar combustible nuclear. El expediente tiene, por lo tanto, responsables empresariales y una conducción política que alcanza al entorno de la secretaria General de la Presidencia.

El procedimiento también recomendó a HYTSA Estudios y Proyectos SA para el contrato 1 de 2, por exactamente el mismo importe. Los dos montos publicados suman 19.523.415.578 pesos. La coincidencia vuelve relevante conocer el reparto de las prestaciones, la dotación de personal prevista y las condiciones económicas completas.

Juan Martín Campos y Federico Ramos Napoli (Fotomontaje IA).

La “pauta cero” y los negocios de Clarín con el Estado

La suspensión de la pauta oficial quedó lejos de significar el fin del dinero estatal destinado a publicidad. El recorte alcanzó a la administración central, mientras empresas y organismos como YPF, ARCA y hasta la propia Nucleoeléctrica mantuvieron campañas publicitarias. Por caso, en 2025, la petrolera declaró gastos de publicidad y propaganda por 128.838 millones de pesos, pero se negó a informar cómo los distribuyó entre medios, plataformas y agencias. El discurso de la “pauta cero” convive así con fondos publicitarios cuyo reparto no se transparenta y con otras contrataciones que pueden beneficiar a empresas de los mismos grupos mediáticos. 

Allí aparece la contradicción política. El gobierno puede confrontar públicamente con el periodismo y exhibir la eliminación de la pauta como prueba de austeridad, mientras una compañía controlada por Clarín resulta recomendada para una contratación de casi 10 mil millones de pesos. La pelea pública convive con oportunidades comerciales dentro del propio Estado.

El “no hay plata” queda así sometido a una vara incómoda: el sacrificio se presenta como general, pero las oportunidades de negocios públicos siguen abiertas para los grandes actores económicos. El caso de Nucleoeléctrica muestra por qué el vínculo entre el poder político y las empresas de medios exige mirar bastante más allá de la pauta oficial. (www.REALPOLITIK.com.ar)