El gobierno de Claudio Vidal adjudicó dos obras por más de 2.500 millones de pesos a Pirámide Construcciones SAS, vinculada con Paola Karina Kiernan, exfuncionaria de Alicia Kirchner cuya actuación como inspectora fue cuestionada por la fiscalía en la causa Vialidad. Los contratos terminaron rescindidos. En uno de ellos, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) exigió recuperar más de 225 millones de pesos entre anticipos por trabajos pendientes y garantía contractual.
Las adjudicaciones corresponden a la construcción del gimnasio del Colegio Secundario Nro. 15 Carlos Moyano, en Los Antiguos, y a la terminación del cuartel de Bomberos División Nro. 28 del barrio Rotary XXIII, en Caleta Olivia. Ambas fueron otorgadas durante 2025, bajo la actual administración provincial. La responsabilidad política alcanza directamente a Vidal: su gobierno eligió a la contratista y comprometió los recursos públicos.
Antecedente empresariales identificaron a Kiernan y a Cecilia Indaco como socias de Pirámide.
El vínculo de Kiernan con la obra pública kirchnerista tiene respaldo en documentos oficiales. En la versión taquigráfica del alegato fiscal del 9 de agosto de 2022, publicada por el ministerio Público Fiscal, el fiscal Sergio Mola analizó una modificación de la obra de Circunvalación de Caleta Olivia, adjudicada a Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Identificó como punto de partida una nota de septiembre de 2011 suscripta por Kiernan, entonces inspectora de Vialidad Provincial, que recogía fundamentos para modificar los trabajos.
El señalamiento fue más allá de esa intervención administrativa. En la jornada del 22 de agosto de 2022, la fiscalía cuestionó el desempeño de los inspectores provinciales y anunció que solicitaría la extracción de testimonios respecto de Kiernan para investigar su actuación, al atribuirle participación en las maniobras descriptas durante el alegato. Su nombre aparece expresamente en el documento judicial.
Su carrera continuó dentro del Estado. En enero de 2016, durante el primer mandato de Alicia Kirchner, fue designada ingeniera jefa de la Administración General de Vialidad Provincial. El decreto estableció que retenía su situación de revista como agente de planta permanente mientras ejerciera esa función. La renuncia al cargo fue aceptada posteriormente, con efecto desde el 29 de diciembre de 2016.

En 2020 ocupó otro puesto de responsabilidad: gerenta provincial de Planificación de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Una comunicación del gobierno santacruceño de mayo de ese año la ubicó junto a las autoridades de la empresa durante una recorrida por la línea de alta tensión entre Pico Truncado y Caleta Olivia.
La propia Pirámide exhibe ese recorrido en su presentación comercial. Identifica a Kiernan como representante técnica y destaca su experiencia en Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y Servicios Públicos. A Cecilia Indaco la presenta como gerenta y cofundadora, responsable de compras, personal, finanzas y planificación. En los documentos del IDUV, Kiernan aparece además como representante legal de la contratista.
Ambas también están vinculadas en Comercializadora y Distribuidora Indakier SAS, constituida en noviembre de 2020. El aviso societario consignó a Kiernan como integrante y administradora titular, y a Indaco como administradora suplente. Su objeto incluyó comercialización de alimentos, elaboración de viandas y servicios de catering.
El frente financiero personal de Kiernan también muestra dificultades. Según la consulta de la Central de Deudores del Banco Central correspondiente a septiembre de 2026, registraba 22.669.000 pesos con el Banco Nación en situación 4, clasificación de riesgo alto o alto riesgo de insolvencia, según la cartera. El registro consigna además tres cheques personales rechazados por falta de fondos entre julio y agosto de 2026, por 4.619.419,90 pesos. Dos fueron abonados posteriormente; el restante, por 2 millones de pesos, no registra pago.
El gimnasio de Los Antiguos fue adjudicado el 10 de enero de 2025, mediante la resolución 041, por 1.915.578.880,80 pesos. El IDUV sostuvo entonces que Pirámide había presentado la oferta más conveniente y reunía los requisitos exigidos por el pliego.

El desenlace fue la rescisión por culpa de la contratista. La resolución 207, del 17 de marzo de 2026, exigió devolver 129.320.056,19 pesos de anticipo financiero por trabajos pendientes y reclamó 95.778.944,04 pesos por la garantía de ejecución. También intimó a SMG Compañía de Seguros SA, como fiadora solidaria, y ordenó retener créditos de Pirámide ante distintas reparticiones provinciales.
El expediente dejó expuestas las decisiones del propio organismo: fueron declaradas nulas seis resoluciones del directorio del IDUV, dictadas entre marzo y agosto de 2025. La gestión que había seleccionado a la empresa terminó anulando actos emitidos durante el desarrollo del contrato. La falla empresarial quedó acompañada por un problema en la administración y el seguimiento de la obra.
Pirámide recurrió la medida, pero el Ejecutivo rechazó su planteo. Mediante el decreto 789, del 7 de agosto de 2026, publicado el 4 de septiembre, confirmó la rescisión por culpa exclusiva de la firma y ratificó las nulidades. La adjudicación y su fracaso quedaron asentados en actos de la misma administración provincial.

El contrato del cuartel de bomberos tuvo otro recorrido, también terminado en rescisión. Pirámide obtuvo la adjudicación por 600.800.072,71 pesos. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2025, el entonces presidente del IDUV, Cristian Gabriel Mansilla Encina, suscribió con Kiernan un convenio para rescindir el contrato. El acuerdo fue ratificado por la resolución Nro. 870 y dispuso devolver las garantías presentadas por la empresa.

El balance político compromete al gobierno de Vidal. Una contratista representada por una exfuncionaria de Alicia Kirchner, mencionada por la fiscalía en la causa Vialidad, consiguió dos adjudicaciones millonarias bajo su gestión. Después llegaron las rescisiones, las nulidades y las intimaciones para recuperar fondos. La continuidad de los negocios tuvo autorización del actual gobierno; el fracaso de esas contrataciones también forma parte de su responsabilidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)