La planta de Sika Klaukol, ubicada en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, vuelve a quedar en el centro de una fuerte controversia ambiental, sanitaria y política. Habitantes del barrio Las Mercedes denuncian desde hace años problemas respiratorios, internaciones y enfermedades que atribuyen a las emisiones de la fábrica. Entre los casos mencionados en las presentaciones y testimonios se encuentran personas con diagnósticos de gravedad, incluso menores de edad.

El reclamo vecinal no se limita a la actividad industrial. También apunta contra los organismos responsables de habilitar, controlar y fiscalizar el funcionamiento de la planta, además de cuestionar la respuesta de las autoridades frente a las reiteradas denuncias.

Según información publicada por Diario Gran Argentina, entre los antecedentes denunciados habría niños y adultos con cáncer de pulmón, cuadros de neumonía, taquicardias y dificultades respiratorias que requirieron atención médica. Sin embargo, para establecer una relación causal entre esas patologías y la actividad de la fábrica resulta indispensable contar con estudios epidemiológicos, ambientales y documentación sanitaria.

La habilitación industrial y el vínculo con el entorno de Magario

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia tiene que ver con las autorizaciones administrativas que permitieron el funcionamiento de la planta.

En ese contexto aparece Raúl Magario, padre de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, quien habría tenido intervención en actuaciones municipales vinculadas con el área industrial. Publicaciones anteriores señalaron que habría firmado una resolución relacionada con Klaukol, un antecedente que abre interrogantes sobre el procedimiento administrativo, los controles exigidos y las responsabilidades de los funcionarios que participaron.

También se menciona al intendente Fernando Espinoza, cuya gestión quedó bajo cuestionamiento por la respuesta municipal ante los reclamos ambientales.

La planta está alcanzada por una clasificación industrial que exige condiciones específicas de funcionamiento y protección ambiental. Por eso, resulta central conocer qué habilitaciones se otorgaron, qué evaluaciones de impacto ambiental se realizaron y con qué frecuencia se inspeccionó el establecimiento.

La documentación administrativa será determinante para reconstruir quiénes intervinieron y qué responsabilidades pudieron corresponderles.

Un antecedente judicial que volvió a poner el caso en discusión

La controversia también llegó a los tribunales. Según la información difundida por el medio, el abogado de una menor diagnosticada con cáncer de pulmón habría presentado un recurso de amparo para reclamar medidas de protección frente a la contaminación denunciada.

Los denunciantes sostienen que la presentación fue rechazada en un plazo muy breve y cuestionan la respuesta judicial ante la gravedad de la situación. Tanto el expediente como los fundamentos de la resolución y la identidad de los magistrados intervinientes deben ser examinados para determinar el alcance de lo ocurrido.

Existe, además, un antecedente judicial de 2025 relacionado con una familia cuya hija padecía severas crisis asmáticas. En aquella oportunidad se presentó una acción de amparo ambiental contra Parex Klaukol. El Tribunal del Trabajo N.º 1 de La Matanza rechazó inicialmente la demanda, pero la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial revocó esa decisión y permitió que el proceso continuara.

Se trata de un antecedente relevante para comprender el recorrido judicial de los reclamos contra la empresa, aunque no está acreditado que corresponda al mismo expediente de la menor con cáncer mencionado en la denuncia.

En paralelo, la información recibida por Diario Gran Argentina menciona a Juliana Salvucci, señalada como representante legal de la compañía. Su intervención específica en las actuaciones judiciales también deberá establecerse a partir de los expedientes correspondientes.

Amenazas y hostigamiento contra los vecinos

Otro capítulo del conflicto está relacionado con las denuncias de intimidaciones contra quienes reclaman mayores controles ambientales.

La referente vecinal Susana Aranda denunció amenazas, hostigamiento y presiones en el marco de su participación en las protestas contra la fábrica. Los habitantes que acompañan el reclamo sostienen que estas situaciones buscan desalentar la organización comunitaria y las manifestaciones públicas.

Las acusaciones plantean un escenario preocupante: vecinos que, además de exigir respuestas por cuestiones sanitarias y ambientales, aseguran sentirse expuestos por impulsar sus reclamos.

Hasta el momento, resulta necesario conocer las denuncias formales, las investigaciones iniciadas y las eventuales medidas de protección dispuestas.

La responsabilidad de la empresa y los controles del Estado

El conflicto en Virrey del Pino vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede a una fábrica: el papel de los organismos públicos en el control de las industrias y la protección de las comunidades que conviven con ellas.

Mientras los vecinos reclaman explicaciones y medidas concretas, la empresa ha rechazado públicamente cuestionamientos sobre la peligrosidad de sus emisiones. En este escenario, los informes de calidad del aire, las inspecciones, los estudios de impacto ambiental y los registros sanitarios son herramientas indispensables para determinar qué está ocurriendo en el barrio.

Las acusaciones también alcanzan a la administración municipal de Fernando Espinoza y al gobierno provincial de Axel Kicillof, aunque cualquier eventual responsabilidad política o administrativa deberá establecerse a partir de actuaciones y pruebas concretas.

Asesoramiento legal para las familias damnificadas

En medio de este escenario, el Estudio Jurídico Belastegui y Asociados, encabezado por el abogado Leonardo Belastegui, informó que trabaja junto a las personas afectadas, brindándoles asesoramiento, acompañamiento y representación legal.

La intervención del estudio apunta a impulsar el esclarecimiento de los hechos, determinar las eventuales responsabilidades y avanzar con las acciones judiciales que correspondan para defender los derechos de las familias damnificadas.

El objetivo es que los reclamos vecinales puedan traducirse en respuestas institucionales y medidas concretas de protección. La situación de Las Mercedes exige respuestas que no pueden limitarse a declaraciones políticas ni a cruces judiciales. Se necesitan controles ambientales transparentes, información sanitaria verificable y explicaciones sobre las habilitaciones que permitieron el funcionamiento de la planta. (www.REALPOLITIK.com.ar)