La defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, conducida por Guido Lorenzino, registró 27.476 millones de pesos de gasto devengado durante 2025. Casi nueve de cada diez pesos correspondieron a personal. Otros 1.133,6 millones fueron destinados a publicidad y propaganda, una partida cuyos destinatarios no aparecen identificados en los cuadros oficiales examinados.

Los números surgen de la cuenta general deleEjercicio 2025, publicada por la contaduría General de la provincia. El estado de ejecución del organismo, identificado como DGA 92, informa que al 31 de diciembre se habían pagado 25.346,4 millones de pesos, mientras quedaban 2.129,6 millones devengados pendientes de pago. La mayor parte de ese saldo correspondía a gastos de personal.

El presupuesto inicial de 6.428 millones de pesos recibió modificaciones por 21.048 millones y terminó en 27.476 millones. El crédito vigente fue más de cuatro veces el monto de partida y quedó íntegramente devengado, según el cuadro oficial de ejecución.

La defensoría bonaerense registró 27.476 millones de gasto devengado en 2025; 24.642,4 millones correspondieron a personal.

La estructura de personal absorbió 24.642,4 millones de pesos. Los servicios no personales sumaron 2.590,8 millones; los bienes de consumo, 205,2 millones; y los bienes de uso, 37,6 millones.

Su conducción superior reúne nueve autoridades —el defensor, dos adjuntos generales y seis adjuntos temáticos—, a las que se suman secretarías, direcciones y coordinaciones identificadas en el directorio institucional. Sin embargo, la información relevada no permite establecer con certeza el total de funcionarios jerárquicos que integran el organismo.

Publicidad millonaria y un detalle que no aparece

Dentro de los servicios no personales, la publicidad y propaganda se llevó casi el 44 por ciento del gasto. El mismo registro consigna 493,7 millones de pesos en alquiler de edificios y locales, 233,3 millones en primas y gastos de seguros y 57,8 millones en viáticos.

El detalle oficial del inciso 3 permite conocer cuánto se ejecutó en cada rubro, pero no identifica qué medios o agencias recibieron los 1.133,6 millones de publicidad, qué campañas se contrataron, cuáles fueron sus tarifas ni qué órdenes respaldaron las operaciones. Esa información resulta central para evaluar cómo se distribuyó la pauta de la gestión de Lorenzino.

El cuadro oficial consigna 1.133,6 millones en publicidad y propaganda durante 2025, sin identificar a los destinatarios de esos fondos.

La sección de “Compras y contrataciones” de la propia defensoría tampoco permite reconstruir ese recorrido. El apartado consultado lleva fecha del 22 de abril de 2025 y mantiene como vigente una compra de computadoras correspondiente al expediente 3333-581/25. Publica los pliegos de esa contratación, pero el listado examinado no ofrece adjudicaciones ni pagos de 2026.

La distancia entre el volumen de recursos administrados y la opacidad del organismo deja un problema concreto: se puede conocer el total gastado en publicidad, pero esos registros no permiten seguir el dinero hasta sus beneficiarios.

Cargos, presupuesto y construcción política

Para 2026, la ley 15.557, artículo 5, aprobó un presupuesto inicial de 32.585.716.000 pesos para la defensoría. Las planillas contemplan 579 cargos presupuestados: 492 permanentes y 87 temporarios. La ley también establece las remuneraciones de esa conducción: el defensor del Pueblo percibe una retribución equivalente a la de un senador provincial y los adjuntos, el 80 por ciento de ese importe.

La relación entre los cargos institucionales y la construcción partidaria de Axel Kicillof tiene un ejemplo público dentro del organismo. Eduardo “Cholo” Ancona, designado Adjunto en Derechos Sociales, fue presentado mediáticamente como funcionario de la defensoría y secretario General del Movimiento Evita bonaerense. En esa entrevista describió su participación en las recorridas y articulaciones políticas para “llevarlo a Axel a la presidencia”.

Las declaraciones vinculan a un integrante de la conducción con el armado presidencial de Axel Kicillof y plantean un interrogante frente al artículo 4 de la ley 13.834, que prohíbe a las autoridades del organismo desarrollar actividad política partidaria o gremial. El caso expone un ejemplo de superposición entre la función institucional y la actividad política dentro de una estructura financiada con recursos públicos.

Bajo la conducción de Lorenzino, la defensoría cerró 2025 con 27.476 millones de pesos devengados y abrió 2026 con un presupuesto superior a los 32.585 millones. El tamaño y costo de esa estructura está documentado, aunque el detalle de cómo se ejecutó sigue siendo un misterio. (www.REALPOLITIK.com.ar)