La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) presentó una agenda para enfrentar la presión económica de Pekín, investigar presuntas redes de vigilancia en el extranjero y revisar el impacto de las inversiones chinas. El debate también alcanza a América Latina y plantea interrogantes para países como Paraguay.

La creciente presencia de China en la economía mundial volvió a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica. Esta vez, la advertencia surgió de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), que durante una cumbre celebrada en La Haya acordó impulsar una estrategia internacional para responder a lo que sus integrantes consideran riesgos vinculados con la presión económica, la interferencia política y las actividades de vigilancia atribuidas al Gobierno de Pekín.

La organización, que reúne a 325 legisladores de 45 parlamentos, busca coordinar acciones entre representantes de distintos países y promover mecanismos para proteger la soberanía de los Estados frente a posibles condicionamientos externos.

El planteo parte de una discusión que excede el intercambio comercial: las relaciones con China también deben analizarse desde la seguridad estratégica, la autonomía institucional y la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones sin presiones económicas o políticas.

Taiwán, el mar de China Meridional y la dependencia económica

Entre las prioridades definidas por la IPAC aparecen dos grandes líneas de trabajo. La primera apunta a promover una campaña internacional en defensa de la estabilidad del mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, dos zonas estratégicas para el comercio internacional y el equilibrio de poder en Asia.

La segunda busca fortalecer la capacidad de las economías nacionales para resistir eventuales mecanismos de presión económica por parte de China.

En este último punto, los legisladores plantean que las relaciones comerciales desequilibradas pueden generar dependencias que posteriormente se conviertan en herramientas de negociación política. Por eso, proponen involucrar a los parlamentos, los gobiernos y la ciudadanía en el análisis de los riesgos que implica concentrar vínculos económicos estratégicos en un solo socio.

La discusión tiene consecuencias para países en desarrollo que buscan atraer inversiones, ampliar sus exportaciones y acceder a nuevos mercados.

Denuncian presuntas redes de vigilancia china en el extranjero

Otro de los temas centrales de la cumbre fue la presentación de un informe de Safeguard Defenders, organización que investiga presuntas estructuras de vigilancia y control de ciudadanos chinos residentes en otros países.

El documento advierte sobre la continuidad de las denominadas comisarías policiales chinas en el extranjero y la posible existencia de redes de organizaciones vinculadas al Frente Unido, una estructura asociada al Partido Comunista Chino que, según las denuncias, contribuiría a extender su influencia fuera de las fronteras del país asiático.

La investigación plantea interrogantes sobre la protección de las comunidades migrantes y la posibilidad de que ciudadanos chinos residentes en otros territorios sean objeto de intimidación, vigilancia o presiones políticas desde su país de origen.

Laura Harth, directora de China in the World de Safeguard Defenders, sostuvo que las democracias deben prestar atención a los métodos de funcionamiento de estas estructuras y no solamente a los cambios de denominación que puedan adoptar.

En ese contexto, 54 legisladores de 26 países reclamaron medidas urgentes frente a la interferencia extranjera y la denominada represión transnacional.

Las denuncias ponen sobre la mesa un desafío para los sistemas democráticos: determinar qué mecanismos permiten detectar y prevenir actividades de vigilancia o intimidación vinculadas con gobiernos extranjeros dentro de sus propios territorios.

Las inversiones chinas y los cuestionamientos por su impacto social

La cumbre también abordó las consecuencias de determinadas inversiones empresariales chinas en países en desarrollo. Uno de los casos expuestos fue el de Zimbabue, a partir de las denuncias del parlamentario Fortune Daniel Molokele, distinguido con el Premio Senator Kimberley Kitching 2026 al Coraje en Defensa de la Democracia.

Molokele cuestionó las operaciones de compañías chinas vinculadas con la minería de carbón y señaló presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones laborales, la explotación de recursos naturales y el impacto ambiental sobre las comunidades locales.

Sus planteos incorporaron otra dimensión al debate: cómo evaluar las inversiones extranjeras más allá del volumen de capital que representan.

La generación de empleo, las condiciones de trabajo, la protección ambiental y los beneficios que reciben las comunidades son algunos de los aspectos que, según los cuestionamientos presentados, deberían formar parte de los controles estatales sobre las actividades empresariales.

Por qué la advertencia también alcanza a Paraguay

Las definiciones adoptadas en La Haya tienen una lectura particular para Paraguay, un país cuya política exterior mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y que debe desenvolverse en un escenario de creciente competencia entre Pekín y Taipéi.

La discusión no implica necesariamente rechazar las inversiones chinas ni limitar los vínculos comerciales. El planteo apunta a establecer condiciones que permitan aprovechar las oportunidades económicas sin comprometer la autonomía de las instituciones nacionales.

En ese marco, los acuerdos con empresas extranjeras requieren controles, transparencia y garantías sobre el cumplimiento de las normas laborales, ambientales y tributarias.

La experiencia de otros países expuesta durante la cumbre también abre interrogantes sobre la capacidad de los Estados para supervisar inversiones estratégicas y evitar que las relaciones de dependencia económica condicionen sus decisiones políticas.

Para Paraguay, el desafío pasa por compatibilizar la búsqueda de nuevos mercados y capitales con la defensa de sus intereses nacionales, en un contexto donde las disputas geopolíticas tienen cada vez más consecuencias sobre las economías emergentes.

La IPAC busca trasladar sus advertencias a políticas concretas

La Alianza Interparlamentaria sobre China pretende convertir las conclusiones de su encuentro en La Haya en iniciativas coordinadas entre los parlamentos que la integran.

Su agenda incluye la defensa de la estabilidad regional en Asia, la prevención de dependencias económicas y el seguimiento de las denuncias sobre interferencia extranjera y vigilancia transnacional.

El debate refleja una transformación en la manera de analizar las relaciones internacionales: las inversiones, el comercio y la cooperación económica ya no se discuten únicamente en términos de crecimiento, sino también por sus posibles consecuencias sobre la seguridad, las instituciones y la soberanía.

Para los países latinoamericanos, el desafío consiste en evaluar cada oportunidad de cooperación e inversión con criterios de transparencia, reciprocidad y respeto por las leyes nacionales, sin confundir apertura económica con ausencia de controles. (www.REALPOLITIK.com.ar)