Jueves 19 de noviembre de 2026

Política

Instituto Cultural

Florencia Saintout: dudas e irregularidades en licitación de limpieza por 4.173 millones

19/11/26 | Una licitación de limpieza estuvo atravesada por impugnaciones cruzadas, ofertas desestimadas y la cancelación de un contrato de más de 505 millones de pesos.


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El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, presidido por Florencia Saintout, adjudicó contratos por 4.173.091.116 pesos para la prestación de servicios de limpieza en distintas dependencias culturales bonaerenses. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento administrativo destinado a garantizar el mantenimiento de museos, teatros y edificios públicos terminó convertido en una controversia entre proveedores, con impugnaciones cruzadas, una adjudicación parcialmente frustrada y una advertencia del propio organismo sobre las eventuales responsabilidades de los funcionarios que intervinieron.

La contratación corresponde a la licitación pública 1/2026, proceso PBAC 545-0671-LPU26, tramitada mediante el expediente EX-2026-13904488-GDEBA-DTAYLICULGP. La resolución definitiva, identificada como RESO-2026-1381-GDEBA-ICULGP, fue firmada por Saintout el 29 de octubre y publicada en el Boletín Oficial del 10 de noviembre.

El servicio tendrá una duración inicial de doce meses, contados desde el 1 de noviembre de 2026, y contempla la limpieza integral de distintos establecimientos culturales, con provisión de insumos por parte de las contratistas.

Entre las empresas adjudicatarias aparecen Goforward Soluciones SA, que obtuvo contratos por 770.640.000 pesos; Bio-Limp Soluciones de Calidad SA, beneficiada con 967.628.556 pesos; y Dimalu SRL, que recibió una adjudicación por 723.340.800 pesos. El monto total incluye un cuarto bloque adjudicado.

El procedimiento impulsado por la gestión de Axel Kicillof, además, contempla la posibilidad de ampliar o reducir hasta un 20 por ciento los montos contratados y de prorrogar los servicios por un período equivalente al original.

Pero el dato central no está únicamente en las cifras, sino en lo ocurrido durante la evaluación de las ofertas.

Una licitación atravesada por impugnaciones

El 21 de julio de 2026 se presentaron ocho empresas interesadas en quedarse con los servicios de limpieza del Instituto Cultural: Goforward Soluciones, Bio-Limp Soluciones de Calidad, Dimalu, La Mantovana de Servicios Generales, Impecable Limpieza Integral y Proveedora Los Estudiantes, entre otras.

La contratación estaba dividida en 23 renglones, agrupados en cinco bloques correspondientes a distintas dependencias culturales.

Según los documentos oficiales obtenidos por REALPOLITIK, el proceso comenzó a complicarse cuando la comisión de preadjudicación tuvo que evaluar cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas a los oferentes.

 

Un sinfín de acusaciones cruzadas que tuvo como protagonistas a La Mantovana Servicios Generales SA y a Impecable Limpieza Integral SRL, incluyendo responsabilidades a los funcionarios intervinientes, dejó en vilo la limpieza del denominado “Bloque C”, integrado por el museo y biblioteca Juan Domingo Perón de la localidad de Lobos y al complejo museográfico provincial Enrique Udaondo de Luján.

Tras numerosas impugnaciones cruzadas y cuestionamientos al procedimiento que llevó adelante el Instituto Cultural bonaerense, la decisión final destapó un escándalo con pocos precedentes en la provincia de Buenos Aires: El equipo conducido por Florencia Saintout decidió cancelar por completo la contratación del bloque cuestionado.

El propio Instituto Cultural reconoció problemas en el procedimiento

La decisión más significativa aparece en los considerandos de la resolución firmada por Saintout.

La dirección General de Administración sostuvo que durante la tramitación se habían verificado circunstancias que comprometían la regularidad y certeza necesarias para que el Estado pudiera concluir válidamente la selección del proveedor del bloque C.

El reconocimiento resulta particularmente relevante porque no proviene de una denuncia opositora ni de una empresa perjudicada, sino del propio organismo responsable de la contratación. No sólo ello, sino que la resolución fue todavía más allá y dejó abierta la posibilidad de examinar la actuación de quienes participaron del procedimiento.

El documento establece expresamente: “Que oportunamente, se arbitrarán las medidas conducentes a los fines de determinar las responsabilidades que pudieran caber respecto a la actuación de los funcionarios intervinientes en el presente proceso”. La frase aparece en una resolución suscripta por la propia presidenta del Instituto Cultural.

De esta manera, el organismo no solamente admitió problemas que comprometían la regularidad de una parte de la licitación, sino que anticipó la eventual investigación de responsabilidades de sus funcionarios.

El resultado fue que una contratación originalmente preadjudicada por 4.678.537.596 pesos terminó reducida a 4.173.091.116 pesos, con un bloque de limpieza pendiente de una nueva licitación.

Bio-Limp, una adjudicataria con antecedentes bajo la lupa

Entre las empresas que resultaron beneficiadas aparece Bio-Limp Soluciones de Calidad SA, que obtuvo el bloque B por 967.628.556 pesos, correspondiente a servicios de limpieza de distintas dependencias culturales de Mar del Plata.

La compañía, identificada con el CUIT 30-71503453-7, no es una recién llegada al universo de las contrataciones estatales. Sus antecedentes incluyen prestaciones de limpieza, participación en procedimientos de provisión de alimentos y contratos con distintos organismos públicos.

Su presencia en el Instituto Cultural tampoco constituye una novedad. La firma ya había obtenido contrataciones anteriores con el organismo y, mediante la resolución 2526/2024, se aprobaron redeterminaciones de precios y una orden de compra complementaria vinculadas a un servicio precedente.

Pero los antecedentes de Bio-Limp exceden ampliamente el ámbito cultural bonaerense. La empresa, en la que figuran como responsables Fernando Damián Marzola y Gonzalo Adrián Marzola, viene arrastrando numerosas denuncias por presuntos favoritismos en contrataciones de limpieza hospitalaria bajo la órbita del ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak.

Los señalamientos alcanzaron a establecimientos como el hospital Cordero de San Fernando, el Bocalandro de Tres de Febrero y el San Felipe de San Nicolás, e incluyeron denuncias sobre deficiencias en las prestaciones y posibles intervenciones de funcionarios para favorecer determinadas contrataciones. Aquella publicación también recogió versiones que vinculan políticamente el negocio con sectores de La Cámpora.

Preguntas pendientes

La escandalosa licitación llevada adelante por el Instituto Cultural bonaerense dejó más preguntas que respuestas.

Una licitación resuelta en 2024 ya había distribuido servicios entre varias de las mismas empresas que volvieron a participar y resultar seleccionadas en 2026. En los cuatro bloques que finalmente fueron adjudicados, las firmas seleccionadas coinciden con las preadjudicadas en aquel procedimiento anterior. Los montos nominales de esos cuatro bloques pasaron de aproximadamente 2.044 millones de pesos en 2024 a 4.173 millones en 2026, una diferencia del orden del 104 por ciento.

A ello se suma una cuestión concreta: el Instituto Cultural deberá organizar un nuevo procedimiento para contratar la limpieza de las dependencias correspondientes al bloque cancelado. La resolución no explica de qué manera se garantizará la prestación hasta que concluya esa nueva selección.

Por otro lado, el propio organismo reconoció que una parte del procedimiento estuvo afectada por circunstancias que comprometían su regularidad, canceló una adjudicación inicialmente prevista por más de 505 millones y dejó abierta la determinación de eventuales responsabilidades administrativas.

En medio de una contratación multimillonaria que vuelve a incluir a proveedores de extensa trayectoria en el Estado bonaerense, entre ellos Bio-Limp, permanece una pregunta central: ¿qué ocurrió dentro del Instituto Cultural para que sus propias autoridades consideraran comprometida la regularidad de una licitación y advirtieran sobre posibles responsabilidades de los funcionarios intervinientes?

La respuesta, por ahora, continúa pendiente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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