El gobierno de Axel Kicillof decidió cancelar el procedimiento licitatorio destinado a recuperar el histórico edificio de la escuela Juan Díaz de Solís, ubicada en la isla Martín García, luego de haber anunciado públicamente en dos oportunidades que avanzaría con las obras. La intervención, cuya oferta inicialmente seleccionada ascendía a 2.722.564.383,71 pesos, había sido presentada como parte de una iniciativa para mejorar la infraestructura educativa y recuperar uno de los edificios patrimoniales de la isla.
La decisión quedó formalizada mediante la resolución 300/2026 del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), publicada en el Boletín Oficial bonaerense del 10 de noviembre. El documento, firmado por la directora ejecutiva del organismo, Romina Analía Barrios, dispuso rechazar las ofertas recibidas, dar por concluido el procedimiento y dejar sin efecto la solicitud de gastos correspondiente.
Lo llamativo es que la medida llega después de una serie de anuncios oficiales en los que la administración provincial había destacado la importancia de la intervención e incluso anticipado el próximo comienzo de los trabajos.
Pero hay un dato todavía más significativo: el propio OPISU reconoce en el expediente que la necesidad de rehabilitar el establecimiento educativo continúa existiendo, aunque sostiene que las actuales condiciones financieras y presupuestarias impiden avanzar con la contratación.
La historia comenzó formalmente en agosto de 2025, cuando el OPISU autorizó el llamado a licitación para ejecutar la denominada "Rehabilitación de la escuela Juan Díaz de Solís", mediante la resolución 334/2025. El presupuesto oficial inicial ascendía a 1.958.679.412,74 pesos, con valores correspondientes a julio de 2025 y un plazo de ejecución previsto de 270 días.
El proyecto no consistía únicamente en trabajos de mantenimiento. Se trataba de una intervención integral destinada a recuperar el edificio histórico y adecuarlo a las necesidades de los distintos niveles educativos que funcionan en la isla.
Según la documentación oficial, la obra contemplaba la construcción y recuperación de seis aulas, dos para cada nivel educativo, además de sanitarios, espacios administrativos, biblioteca, salón de usos múltiples, dependencias para actividades audiovisuales, cocina, comedor, patios y una huerta comunitaria. También se proyectaba recuperar la vivienda destinada a los docentes.
La intervención tenía, además, un objetivo patrimonial: devolver al histórico inmueble su función escolar original y permitir que las instalaciones utilizadas hasta ese momento pudieran destinarse a otras actividades comunitarias.
En una comunidad insular, donde la infraestructura pública presenta dificultades logísticas particulares, la recuperación del establecimiento representaba una intervención que excedía el ámbito estrictamente educativo.
El 16 de septiembre de 2025 se realizó la apertura de ofertas, de acuerdo con el acta oficial incorporada al procedimiento de selección SDO 20/2025.
La documentación identifica la participación de Fenber Ingeniería SA y Ashoka Ingeniería SA, cuyas presentaciones fueron examinadas por las autoridades del organismo. En el caso de Fenber Ingeniería, la propuesta económica ascendió a 2.722.564.383,71 pesos, aproximadamente 763,9 millones por encima del presupuesto oficial original. La diferencia representaba un incremento nominal cercano al 39 por ciento respecto del monto previsto inicialmente por la administración provincial.
El acta de apertura dejó asentadas algunas observaciones sobre la documentación presentada por las empresas. Sin embargo, después de las evaluaciones correspondientes, la comisión evaluadora recomendó avanzar con la propuesta de Fenber Ingeniería, al considerar que cumplía las exigencias aplicables y resultaba conveniente para el Estado.
De esta manera, el procedimiento había superado la etapa de recepción de ofertas y contaba con una recomendación para la contratación. No obstante, la recomendación nunca se convirtió en una adjudicación definitiva y la obra no llegó a contratarse mediante ese procedimiento.
Meses después, las propias autoridades provinciales terminarían disponiendo su cancelación.

El 16 de septiembre de 2025, coincidiendo con la apertura de ofertas, el OPISU publicó un comunicado titulado “Se licitó la puesta en valor de la escuela Juan Díaz de Solís en la isla Martín García”. En aquella oportunidad, el organismo destacó la importancia de recuperar las instalaciones y mejorar las condiciones de funcionamiento de los distintos niveles educativos, además de preservar el valor histórico del inmueble.
Sin embargo, el anuncio no fue el último. El 20 de marzo de 2026, durante una visita oficial a la isla Martín García con motivo de su 212° aniversario, Kicillof encabezó actividades junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la titular del OPISU, Romina Barrios. En aquella jornada, las autoridades inauguraron una nueva red de agua potable y difundieron información sobre otras intervenciones proyectadas para la comunidad. Entre ellas, nuevamente, figuraba la rehabilitación de la escuela Juan Díaz de Solís.
Según el comunicado difundido por el propio gobierno provincial, se esperaba que los trabajos de recuperación del establecimiento comenzaran próximamente, con el objetivo de mejorar las condiciones educativas y contribuir al cumplimiento del calendario escolar.
La comunicación oficial de marzo reforzaba así las expectativas generadas seis meses antes, cuando se había realizado la apertura de las ofertas.
Sin embargo, los trabajos anunciados no se concretaron mediante aquella licitación. El 3 de noviembre, poco más de siete meses después del último anuncio, el OPISU resolvió cerrar el procedimiento sin adjudicar la obra.

La resolución 300/2026 expone los argumentos administrativos y financieros que llevaron a la cancelación. Entre los factores mencionados aparece la finalización del financiamiento correspondiente a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), circunstancia que obligó a revisar la programación financiera y evaluar la eventual utilización de recursos provenientes de Rentas Generales de la provincia de Buenos Aires.
La resolución también hace referencia al contexto de emergencia económica establecido por la ley provincial 15.557, mediante la cual la administración bonaerense declaró una situación extraordinaria vinculada con sus dificultades financieras.
En ese contexto, el OPISU consideró necesario revisar sus compromisos y redefinir las prioridades de inversión. Y entre sus prioridades, no está la escuela Juan Díaz de Solís.
El organismo reconoce que el establecimiento continúa requiriendo una intervención, pero concluye que, dadas las circunstancias presupuestarias actuales, no corresponde avanzar con la contratación en los términos del procedimiento iniciado en 2025.
En otras palabras, la provincia no canceló la licitación porque hubiera desaparecido la necesidad educativa, sino porque decidió asignar sus recursos disponibles a otras prioridades.
La decisión administrativa también abre interrogantes sobre el futuro del establecimiento y las condiciones en las que continuará funcionando la comunidad educativa. La escuela Juan Díaz de Solís forma parte de un conjunto institucional que reúne niveles inicial, primario y secundario en una comunidad con características geográficas singulares.
La cancelación de la licitación deja sin una fecha cierta de ejecución a una intervención que el propio Estado había identificado como necesaria y cuya recuperación había sido anunciada públicamente.
Por ahora, la resolución no establece un nuevo cronograma, una fuente alternativa de financiamiento ni una fecha para convocar a otra licitación. Tampoco precisa qué medidas se adoptarán para preservar el edificio histórico hasta que pueda concretarse su rehabilitación. (www.REALPOLITIK.com.ar)