Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el recorte en los programas de asistencia alimentaria y habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuestionó los desalojos de familias bajo el argumento de peligro de ruina y advirtió sobre el contraste presupuestario frente a los subsidios millonarios otorgados al sector financiero e inmobiliario.
"El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compartiendo la lógica de ajuste del gobierno nacional, está viendo cómo recortar los subsidios y, en vez de cumplir como establece la ley 4036, otorga montos menores", señaló Baldiviezo al explicar que el apoyo alimentario debe cubrir como mínimo la canasta básica del INDEC. En esa línea, detalló que impulsan asesoramiento legal para que quienes no perciben la asistencia o cobran cifras insuficientes puedan reclamar ante la Justicia.
Asimismo, el letrado denunció un incremento de los operativos de expulsión en territorio porteño. "Todos los días el gobierno desaloja a decenas de familias con la excusa de que las viviendas están en peligro de ruina; según su propio conteo, ya desalojó más de 900 inmuebles, lo que equivale a miles de familias", afirmó, y cuestionó que el subsidio habitacional vigente "no alcanza ni siquiera para alquilar una pieza de hotel y obliga a terminar en paradores que no permiten generar un proyecto de vida".
Al analizar el manejo presupuestario de la gestión porteña, Baldiviezo sostuvo que el Ejecutivo no puede derogar estas asistencias porque están garantizadas por ley, pero busca vaciarlas dando de baja beneficiarios y trabando nuevas altas. "Estos ajustes no se ven en las políticas para el sector inmobiliario: el gobierno destina 200 millones de dólares para que los grandes bancos del Microcentro refuncionalicen sus edificios de oficinas en viviendas residenciales", apuntó.
Por último, el titular del Observatorio recordó que los programas surgidos tras la crisis de 2001 perdieron su rol de acompañamiento cuando el Estado dejó de gestionar alojamientos directamente y trasladó a las familias a negociar solas con el mercado. "Hoy los ajustes son para los sectores más vulnerabilizados y no para quienes no necesitan ningún apoyo económico. Sería necesario un programa integral donde el Estado garantice el acceso real a la vivienda y no solo un monto insuficiente frente a las exigencias inmobiliarias", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)