El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, modificó mediante un mismo decreto dos aspectos sensibles del Tribunal de Cuentas: las remuneraciones de sus autoridades y el plazo que debe transcurrir para que una rendición se considere aprobada sin observaciones. La reforma fue impulsada por el propio organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos.

El decreto acuerdo 720/2025, fechado el 30 de abril y publicado el 9 de mayo de ese año, reformó la ley Orgánica del Tribunal. Sus antecedentes identifican una nota del 23 de abril mediante la cual el presidente del organismo elevó el proyecto al Ejecutivo provincial. Jalil lo aprobó con la firma de sus ministros.

Uno de los cambios alcanzó al artículo 54, que regula la denominada “ficta aprobación”. El texto anterior establecía un plazo de tres años: si durante ese período no se formulaban o notificaban reparos o cargos, la cuenta se consideraba aprobada. La nueva redacción lo redujo a doce meses y exige que los reparos o cargos hayan sido formulados y notificados dentro de ese término.

Decreto acuerdo 720/2025: texto completo de la reforma, con las firmas de Raúl Jalil y sus ministros.

La diferencia tiene una consecuencia concreta para el control del gasto: vencido el plazo sin esas actuaciones, opera la aprobación prevista en la ley, sin necesidad de una resolución favorable basada en el examen de la rendición.

El Tribunal fijó cómo contar el plazo

El 9 de abril de 2026, el organismo dictó la acordada 13709/26, firmada por su presidente, Jorge Manuel Moreno, y los vocales Ricardo Sebastián Véliz y Juan Cruz Miranda. Allí precisó que los doce meses se cuentan desde la presentación de la cuenta para las rendiciones cuyos vencimientos sean posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

Para aquellas cuyo vencimiento había operado antes, mantuvo el régimen anterior, aunque fueran presentadas después. 

La reforma estableció que las rendiciones se consideran aprobadas si transcurren doce meses sin reparos o cargos formulados y notificados.

Como si se tratara de una misma maniobra, la misma reforma que acortó ese plazo modificó el artículo 7 sobre remuneraciones. Antes, presidente y vocales tenían sus haberes equiparados con los jueces de Cámara. Ahora, la referencia son los ministros de la Corte de Justicia de Catamarca. El cambio salarial quedó incorporado en el mismo instrumento que alteró las reglas de fiscalización.

El artículo 1 del decreto 720/2025 equiparó las remuneraciones de las autoridades del Tribunal de Cuentas con las de los ministros de la Corte provincial.

El Ejecutivo justificó la reforma como una herramienta para modernizar el organismo y agilizar los procedimientos de control. La propuesta, sin embargo, también redujo el tiempo disponible para observar las rendiciones y modificó la referencia salarial de quienes deben examinarlas, atentando abiertamente contra la transparencia en la administración pública.

La ley conserva, además, una disposición que alcanza a los propios responsables del control: el artículo 57 establece que los funcionarios declarados culpables de las demoras deberán responder por la aprobación ficta o la prescripción de las cuentas. El vencimiento del plazo también puede comprometer a quienes dejaron avanzar el expediente sin actuar a tiempo. (www.REALPOLITIK.com.ar)