La disputa con el fisco nacional tendrá un costo millonario para las cuentas de San Luis. El gobierno de Claudio Poggi autorizó 2.231.904.737 de recursos provinciales para que Servicios y Consultoría San Luis SAPEM afronte una sentencia en un litigio con la Dirección General Impositiva (DGI).

El impacto llega directamente a las disponibilidades del Tesoro provincial. Para financiar el aporte, el Ejecutivo dispuso una modificación presupuestaria respaldada en una disminución de caja y bancos. Los recursos fueron asignados a una transferencia para la empresa y su incorporación a la programación financiera del mes.

Así, la provincia debe movilizar más de 2.231 millones para atender una obligación frente al organismo recaudador nacional, a través de la sociedad de mayoría estatal. El decreto 11515-MHIP-2026, firmado por Poggi y la ministra de Hacienda, María Eugenia Sosa Herrera, identifica la sentencia de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en el expediente 18048/2025.

El decreto firmado por Claudio Poggi y María Eugenia Sosa Herrera autoriza $2.231 millones para afrontar la sentencia en el litigio con la DGI.

La asistencia fue instrumentada como aporte reintegrable, con obligación de rendir cuentas. Sin embargo, el decreto publicado no detalla cuotas, intereses ni fechas de devolución.

La empresa que recibe el auxilio provincial

Servicios y Consultoría San Luis SAPEM trabaja para distintas áreas del mismo Estado que ahora autoriza los fondos para afrontar su litigio tributario. Sus contratos abarcan informática, liquidación de salarios, comunicación y organización de eventos.

En julio, el gobierno reconoció un pago de 152.896.887,93 por mantenimiento de los sistemas informáticos de DOSEP, correspondiente a los servicios de marzo, abril y mayo. El expediente consigna su certificación por parte de la obra social provincial.

En junio también se homologó un contrato para dar soporte a la liquidación de sueldos de la administración pública y otras entidades comprendidas en la dirección de Recursos Humanos.

La modificación presupuestaria utiliza disponibilidades de caja y bancos para financiar el aporte reintegrable a Servicios y Consultoría San Luis SAPEM.

El 27 de agosto, días antes de la autorización del aporte, Poggi homologó otro acuerdo de soporte integral con la dirección General de Comunicación. Lo suscribieron Diego Mariano Masci, por el gobierno, y Alberto José Pérez, como presidente de la empresa. El decreto encuadra la contratación en las excepciones al régimen de compras y no publica su monto.

Recientemente, la firma también fue contratada por el ministerio de Desarrollo Productivo por 48 millones para organizar un encuentro empresarial en Buenos Aires. Su convenio con la secretaría General de la Gobernación contempla, además, compras, logística y administración de pagos para eventos oficiales.

El litigio tributario incorpora otra exigencia sobre ese circuito de recursos públicos: además de contratar sus servicios, el Estado provincial autoriza financiamiento extraordinario para que la empresa atienda la sentencia frente al fisco nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)