El gobierno de Javier Milei, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, multó a YPF con 2.082.806,38 por incumplimientos ambientales en la central térmica Las Lomitas. La resolución 893/2026, fechada el 2 de noviembre, confirmó tres infracciones correspondientes a 2023 y dejó asentado que la empresa no presentó su descargo en término.

La sanción alcanza a la petrolera presidida por Horacio Marín. Según el regulador, YPF no acreditó la vigencia del sistema de gestión ambiental de la central, presentó fuera de plazo la planificación ambiental 2023–2026 y cerró tardíamente el reporte del segundo semestre de 2023 en el Sistema Ambiental Web.

Extractos de la Resolución 893/2026: la multa a YPF y la constancia de que no presentó su descargo dentro del plazo.

Son obligaciones que permiten supervisar la gestión ambiental de las instalaciones eléctricas. La normativa exige elaborar, implementar y certificar un sistema de gestión, además de presentar la información necesaria para su seguimiento.

El organismo que impuso la multa tiene actualmente vacante su presidencia. Su vicepresidente es el ingeniero Vicente Serra. El primer presidente del ente unificado, Néstor Marcelo Lamboglia, renunció con efecto desde el 1 de junio de 2026. Su salida fue aceptada mediante el decreto 437/2026, firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La información institucional del ENReGE consigna la presidencia vacante y a Vicente Serra como vicepresidente.

De Pablo González a Horacio Marín

El expediente atraviesa dos conducciones de YPF. Las infracciones corresponden a 2023, año que transcurrió casi íntegramente bajo la presidencia de Pablo González, durante el gobierno de Alberto Fernández. Marín fue designado al frente de la compañía el 14 de diciembre, después del cambio de gobierno nacional.

La omisión durante el procedimiento sancionatorio, en cambio, ocurrió con la actual administración. El departamento Ambiental formuló los cargos el 12 de marzo de 2025 y notificó a YPF dos días después, junto con el informe técnico que detallaba los incumplimientos.

Según la resolución, la petrolera “omitió presentar descargo dentro del término fijado” para ejercer su derecho de defensa. El regulador confirmó los cargos e impuso la sanción en noviembre de 2026.

El acto establece que YPF deberá pagar dentro de los diez días hábiles administrativos desde la notificación, bajo apercibimiento de ejecución. También contempla mecanismos de impugnación, aunque dispone que los recursos no suspenden sus efectos. (www.REALPOLITIK.com.ar)