La administración de herramientas y donaciones en la escuela de educación secundaria técnica Nro. 4 “Dr. Ernesto Longobardi”, de Sarandí, quedó cuestionada en dos presentaciones gremiales dirigidas a la conducción. Las cartas, fechadas el 12 de noviembre de 2026 y con copia a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), señalan al jefe de área de Taller, Juan Luciano, y exigen que las autoridades escolares intervengan ante decisiones que los firmantes consideran discrecionales.
El conflicto se desarrolla dentro del sistema educativo bonaerense, cuya conducción política encabezan el gobernador Axel Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. El planteo exige respuestas sobre recursos destinados a la formación técnica. Según los delegados, Luciano aseguró haber donado herramientas y equipamiento por una cifra millonaria: “El jefe de área ha manifestado haber donado herramientas y equipamiento a la institución por un valor superior a los 80 millones de pesos”.
Lo que los firmantes cuestionan es la falta de información sobre esos bienes y su disponibilidad para enseñar: “Dicho inventario no ha sido puesto a disposición del personal docente, ni se ha garantizado que los recursos mencionados se encuentren efectivamente disponibles para todos los sectores, particularmente para el Ciclo Básico”.
Uno de los puntos centrales involucra al proyecto “Creando vínculos 2026”, vinculado en la carta con Raízen Argentina SAU. Los delegados piden conocer las condiciones de obtención de las herramientas, su titularidad y su destino definitivo.
Según la presentación, Luciano habría expresado que “la permanencia de las herramientas obtenidas mediante el proyecto ‘Creando Vínculos 2026’ en la institución dependía de su firma y autorización personal”. Los firmantes sostienen que no obtuvieron explicaciones claras sobre qué ocurriría si esa autorización no se concretaba.
La pregunta sobre el patrimonio escolar está formulada en el propio documento: “¿A quién pertenecen mientras no se formalice su incorporación al patrimonio escolar?”. La presentación no acredita un desvío ni un faltante, pero reclama esclarecer quién puede decidir sobre recursos obtenidos mediante actividades educativas.
La objeción apunta directamente a la concentración de decisiones: “Nos preocupa especialmente que el destino de recursos vinculados con actividades institucionales y pedagógicas pueda quedar supeditado a la voluntad o decisión individual de una persona”.
El reclamo también alcanza a la conducción. En las copias aparece una firma acompañada por el sello de Walter Esqueff, identificado allí como vicedirector de la técnica 4. Esa presencia documental identifica a un integrante del equipo al que las cartas reclaman una actuación concreta: “Que tome formal conocimiento de las situaciones expuestas y asuma la intervención que corresponde ante las modalidades de actuación del jefe de área de Taller”.
Los delegados cuestionan además la distribución de materiales, que describen como dependiente de “criterios discrecionales y dependientes de decisiones individuales del jefe de área”. También señalan “la utilización de un espacio de la institución para uso personal del jefe de área, destinado a oficina y depósito”, cuando, según sostienen, podría aprovecharse para actividades pedagógicas.
Otra carta extiende las críticas al funcionamiento general de la escuela. Advierte sobre “situaciones de trato inadecuado hacia integrantes del personal docente”, posibles prácticas de abuso de autoridad y falta de claridad en las responsabilidades del equipo directivo. Por eso exige que se informe formalmente sobre “los días y horarios de presencia institucional de sus integrantes”.
El pedido que debe resolver la conducción escolar es concreto: inventarios, condiciones de las donaciones, criterios de distribución y una contestación escrita. Los delegados fijaron el criterio con el que reclaman esa intervención: “La escuela es una institución pública, cuyo funcionamiento debe responder a objetivos colectivos y al derecho de los estudiantes a recibir una formación de calidad, y no a voluntades, intereses o decisiones individuales”. (www.REALPOLITIK.com.ar)