Martes 17 de noviembre de 2026

Internacionales

Derechos humanos

Annobón: un crimen de lesa humanidad silenciado por las grandes potencias

17/11/26 | El régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo somete a Annobón a represión, ecocidio y limpieza étnica encubierta bajo el silencio de la comunidad internacional.


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Jorge Suárez
Por:
Jorge Suárez

La isla de Annobón ha sido testigo de constantes abusos a los derechos humanos por parte del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que desde hace décadas gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro, donde la democracia y los derechos humanos son una simple expresión de deseo para millares de habitantes del país africano. En el caso de los annoboneses, existen evidencias de la comisión de crímenes internacionales, con un paralelismo con los rohinyás de Myanmar.

Los annoboneses, en 1968, se vieron integrados a la República de Guinea Ecuatorial, una entidad nacida del colonialismo europeo —en este caso, español— que aglutinó a grupos étnicos y culturales muy distintos. El primer presidente del flamante Estado independiente, Francisco Macías Nguema, se transformó en dictador, imponiendo la supremacía de la etnia fang sobre el resto de los grupos nacionales y el terror a través del grupo paramilitar “Juventudes en Marcha”. El pueblo de Annobón, que no había votado por Macías en las primeras elecciones, fue condenado al aislamiento. Esto quedó reflejado en una epidemia de cólera que asoló a los isleños. Un verdadero crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma. Su artículo 7 establece que, para que se configure este tipo de delito o crimen internacional, debe existir un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, pero la jurisprudencia y la doctrina internacionales señalan claramente que no es necesaria una campaña militar, sino una conducta que implique la comisión múltiple de los actos prohibidos.

En la década del 80, el régimen de Obiang utilizó la isla como destino final de desechos tóxicos —unos diez millones de bidones— enviados por una empresa con sede en el Reino Unido, UK Buckinghamshire, además de otras firmas como Axim Consortium Group (consorcio estadounidense) y Emvatrex (empresa británica), con consecuencias para el ambiente y, particularmente, para la salud de los isleños. Existen elementos y evidencias de que entre los químicos arrojados figuran asbesto, acrilonitrilo, piridina y tetracloroetileno (químicos altamente cancerígenos según la Organización Mundial de la Salud).

Esto se inserta en un debate jurídico internacional originado por el entonces primer ministro sueco Olof Palme en la década del 70, ante el uso de napalm y defoliantes en Vietnam por las fuerzas estadounidenses, al emplear el concepto de “ecocidio”: “actos destructivos de la ecología propiciados por diversas acciones del hombre, incluyendo desde bombardeos hasta el uso de maquinarias y químicos que propenden a la destrucción ambiental”.


Francisco Macías Nguema.

En 1985, el informe Whitaker, elaborado en el marco de las Naciones Unidas, planteó considerar la inclusión del ecocidio en el ámbito de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. A pesar de los problemas de regulación, que siguen siendo objeto de debate, tenemos el caso del Tribunal Penal de Irak, que condenó a Ali Hassan al-Majid y a otros altos funcionarios por crímenes contra la humanidad por su accionar contra los ma'dan (árabes de las marismas), minoría chiita que se rebeló contra la dictadura de Saddam Hussein. Como respuesta, el régimen iraquí desvió los ríos Tigris y Éufrates para secar los humedales del sur de Irak, con un objetivo claro: destruir el ámbito de sustento de dicha minoría y hacer desaparecer su identidad cultural. Miles huyeron como consecuencia de estos actos.

Estamos ante un antecedente para que el clan Obiang pueda rendir cuentas ante la Justicia, ya sea mediante un tribunal internacional o a través de la jurisdicción internacional.

Annobón, el caso rohinyá de África

El caso de Annobón, cuyos pobladores denuncian militarización y una constante negación de derechos, forma parte de una suerte de “manual” de limpieza étnica. Un ejemplo evidente es el caso rohinyá, sobre el que hubo pronunciamientos internacionales.

Históricamente, los integrantes de este grupo étnico musulmán fueron considerados “extranjeros” desde la independencia de Birmania en 1948 (hoy Myanmar). Una de las maneras de eliminar la historia del grupo fue cambiar el nombre de la región donde habitaban —y donde, en su momento, tuvieron su propio reino— de Arakán a Rakhine, algo similar a lo que hizo la dictadura de Macías al reemplazar el nombre de Annobón por el de Pagalú.

El régimen del general Ne Win, resultante del golpe de 1962, inició el largo proceso de eliminación de los derechos de los rohinyás, considerándolos extranjeros. En 1990 se llevaron a cabo elecciones multipartidarias, luego de más de veinte años de dictadura, en las que participaron partidos rohinyás que obtuvieron bancas. Sin embargo, el régimen militar impidió la transferencia de poder y posteriormente se profundizaron las restricciones contra sus organizaciones y representantes. Los annoboneses tienen privaciones políticas similares: la libertad de expresión es inexistente y la coacción está a la orden del día. Asimismo, los isleños ven cómo arriban a su terruño grupos de la etnia fang —la mayoritaria de Guinea Ecuatorial— como mecanismo de “colonización”, algo que padecieron los rohinyás en su territorio en el marco de una estrategia de aculturación.

La militarización de Arakán/Rakhine trajo aparejada más violencia, especialmente violencia sexual contra las mujeres —algo que los annoboneses denuncian ante la presencia militar ecuatoguineana en su país— y el desplazamiento forzado de más de 100 mil rohinyás. Este grupo fue objeto de una política sistemática de discriminación por parte del régimen de Myanmar. El Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos pone de relieve, en su informe de seguridad, el clima político que viven los isleños: “Los disturbios civiles son poco frecuentes. La circulación y la reunión de ciudadanos están severamente restringidas, y los permisos para organizar manifestaciones o eventos públicos a menudo son rechazados o aprobados y luego cancelados sin previo aviso. En julio de 2024, las autoridades detuvieron a decenas de ciudadanos de Annobón tras una protesta pacífica por las consecuencias ambientales del uso de dinamita en la isla. El gobierno acusó a los detenidos de sedición y rebelión”.


Annobón.

La escalada de violencia del ejército de Myanmar tuvo como resultado el surgimiento de una resistencia armada pobremente equipada, el ARSA (por sus siglas en inglés, Arakan Rohingya Salvation Army), que aceleró aún más la represión y derivó en una crisis humanitaria de magnitud. Los asesinatos en masa —ejecuciones generalizadas de civiles—, las deportaciones y los traslados forzados, la violencia de género y sexual sistemática, las torturas, los tratos inhumanos y la persecución por motivos étnicos y religiosos integran el contexto de la demanda presentada por Gambia contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El proceso examina la responsabilidad internacional del Estado, no la responsabilidad penal individual. El 19 de noviembre de 2026 está previsto que el citado tribunal pronuncie su sentencia sobre el caso.

Por otra parte, en un procedimiento distinto ante la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan manifestó en noviembre de 2024 que existían motivos razonables para creer que el general superior y presidente interino Min Aung Hlaing tenía responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de los rohinyás, cometidos en Myanmar y, en parte, en Bangladesh.

El régimen de Guinea Ecuatorial, a diferencia del régimen militar de Myanmar, no construyó una narrativa contra los annoboneses para justificar su violencia contra los isleños, pero la política de aculturación, persecución y reemplazo demográfico queda de manifiesto en acciones concretas, como su marginación de la conducción política de Guinea Ecuatorial: los annoboneses ni siquiera participan en el gobierno local, en la asamblea legislativa o en algún otro poder del Estado ecuatoguineano. Esto refleja una política de marginación.

La falta de inversiones en servicios públicos, sin ninguna duda, es un acto deliberado para provocar, de alguna manera, la salida de la población al hacerle la vida sumamente difícil. Expulsarlos es políticamente inviable por las posibles reacciones de la comunidad internacional —el régimen de Obiang de por sí está sumamente cuestionado por corrupción y por la violación sistemática de los derechos humanos—. Por eso, opta por una política de presión a través de la represión, la segregación y la privación de servicios esenciales.

En julio de 2024, la actividad de la empresa de construcciones marroquí SOMAGEC y su impacto ambiental motivaron a los lugareños a solicitar la intervención del gobierno. La respuesta fue una represión desmedida, el corte de las conexiones telefónicas y la detención arbitraria de 42 annoboneses. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas adoptó en abril de 2025 la Opinión 13/2025, distribuida el 24 de junio de ese año, referida a 37 de los detenidos. En ella, calificó sus detenciones como arbitrarias según las categorías I, II, III y V de su sistema de clasificación.


Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el dictador más longevo del mundo.

La cuestión ambiental afecta seriamente la salud de los isleños. A ello se agrega el antecedente de la dictadura de Macías, quien prohibió a los habitantes salir de Annobón en 1972 y cortó la comunicación con el exterior, una medida comparable al castigo colectivo, expresamente prohibido por el derecho internacional y que constituye un crimen.

En 1973 estalló una epidemia de cólera que acabó con casi la mitad de la población por la falta de acceso a medicamentos, vacunas o productos de primera necesidad. Esto evidencia que hubo intencionalidad y negligencia deliberada. Macías fue sometido a un juicio sumario en 1979 y condenado por genocidio y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero el Estado de Guinea Ecuatorial no reparó el daño causado a los annoboneses, sino que continuó, de alguna manera, con la política de marginación, impidiendo en 1993 el acceso de organizaciones no gubernamentales a la isla para distribuir ayuda humanitaria.

La militarización fue la regla, junto con una intensa represión política, violencia de género y degradación del ambiente de manera negligente, a sabiendas de las consecuencias para la salud de la población local.

La Responsabilidad de Proteger y el caso Annobón

El derecho internacional reconoce el principio jurídico de “Responsabilidad de Proteger”, resultado de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, que busca garantizar que la comunidad internacional no permanezca indiferente ante el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esto fue una respuesta a la intervención fallida de la comunidad internacional en las tragedias de Ruanda y la ex Yugoslavia.


A raíz del genocidio étnico, exiliados se organización para autoproclamar la independencia de la República de Annobón.

Desde las Naciones Unidas señalaron una serie de pilares en los que se sustenta la Responsabilidad de Proteger (R2P). El primero es la responsabilidad del Estado, principal actor encargado de velar por la seguridad de su población frente a los crímenes de lesa humanidad. La soberanía es responsabilidad, no impunidad. El segundo establece que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar y ayudar a los Estados a cumplir con esta obligación, proporcionando apoyo diplomático, técnico o logístico. El tercer y último pilar es la respuesta oportuna y decisiva: cuando un Estado fracasa de forma manifiesta en proteger a su población y los medios pacíficos resultan insuficientes, la comunidad internacional —a través de las Naciones Unidas y con la debida autorización del Consejo de Seguridad— tiene la responsabilidad de actuar mediante medidas diplomáticas, humanitarias o, en último término, el uso autorizado de la fuerza.

Guinea Ecuatorial, por medio de su representación en las Naciones Unidas, manifestó su postura al respecto, compartiendo la importancia de la alerta temprana para prevenir delitos contra la humanidad, pero haciendo énfasis en que la aplicación de este principio por parte de la comunidad internacional debe estar estrechamente ligada a la diplomacia preventiva y respetar la soberanía. Aunque el país no acepte la intervención internacional, ello no impide que la comunidad internacional pueda adoptar medidas para garantizar los derechos humanos en Annobón.

En 2021, los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la resolución A/RES/75/277 sobre “La responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad”. La resolución solicitó al secretario general un informe anual sobre el tema. Por lo tanto, existe un marco jurídico, doctrina y costumbre internacional sobre el citado principio jurídico.

La soberanía no es un obstáculo para aplicar el concepto de R2P, como ocurrió en el caso de Darfur, para intervenir ante la comisión de delitos de lesa humanidad. Por ende, en el caso de Annobón, jurídicamente es viable al existir evidencias de un accionar muy solapado para destruir la cultura de los isleños, forzar su expulsión por medio de la negación de derechos y promover el reemplazo demográfico con personas de etnia fang, quienes detentan el poder político y económico. La diferencia con el caso rohinyá se vincula con la ausencia de un discurso abiertamente hostil, aunque la hostilidad se manifiesta en hechos muy concretos.


Militares del régimen de Guinea Ecuatorial.

El silencio es impunidad

Estamos siendo testigos de cómo los populismos, en el marco de vacíos ideológicos, buscan nuevos fantasmas para justificarse ante los electores, con un virulento ataque a las instituciones internacionales, especialmente a las Naciones Unidas, cuyo funcionamiento depende de la voluntad política de los estados miembros y, particularmente, de los consensos de los grandes actores. Esta demonización contribuye a una mayor impunidad en los crímenes internacionales. La inacción de los organismos internacionales por razones políticas permite que casos como el de Annobón sigan sucediendo.

La destrucción del ambiente por medio del vertido de desechos tóxicos, la falta de servicios públicos por un accionar deliberado, la privación de derechos políticos por razones étnicas y la vigencia del terrorismo de Estado como instrumento de control son elementos más que evidentes de que el régimen de Obiang busca la expulsión de los annoboneses. Quedan también pendientes aspectos como la reparación histórica por parte de España por haber incluido a la isla de Annobón en Guinea Ecuatorial. Cabe recordar que tanto Fernando Poo (hoy isla de Bioko) como Annobón votaron en contra del cambio constitucional impuesto por Madrid en el referéndum de autonomía del 15 de diciembre de 1963, cuando existía la plena voluntad de sus habitantes de tener un estatus separado de Río Muni y no quedar dominados por la etnia fang. Fiel a las políticas colonialistas, España aglutinó bajo un solo gobierno a pueblos distintos y con intereses políticos también diferenciados. Guinea Ecuatorial también tiene una deuda con los annoboneses, en particular por las secuelas derivadas de las prácticas genocidas de la dictadura de Macías, por las que el Estado debe una reparación, y por el régimen de apartheid encubierto impuesto desde hace décadas por su sucesor, Teodoro Obiang.

El silencio de la comunidad internacional solo es garantía de impunidad para la dictadura ecuatoguineana contra el pueblo annobonés. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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