La educación bonaerense necesita abrir una discusión que hasta ahora parece quedar relegada a los expedientes administrativos, pero que tiene profundas implicancias en la organización del sistema, la carrera docente y la igualdad de oportunidades.
Existen distintas situaciones vinculadas con jubilaciones parciales, relevamientos de cargos, reincorporaciones de docentes jubilados, contrataciones de exfuncionarios como asesores y antecedentes de recalificación laboral que requieren una revisión integral por parte de las autoridades provinciales.
No se trata de cuestionar derechos previsionales ni de desconocer las trayectorias profesionales. Se trata de exigir que las normas se apliquen con los mismos criterios para todos y que los mecanismos administrativos no terminen generando ventajas para determinados sectores de la estructura educativa en detrimento de quienes sostienen diariamente las instituciones escolares.
Uno de los aspectos que merece especial atención es la situación de quienes han ocupado cargos de inspectores de enseñanza, inspectores jefes distritales y regionales, acceden a la jubilación y posteriormente continúan vinculados a distintas dependencias de la dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires mediante contrataciones como asesores, bajo modalidades de prestación de servicios y facturación como monotributistas.
También deben examinarse los casos de agentes jubilados que vuelven a desempeñar cargos o funciones docentes. ¿Qué procedimientos habilitan estas contrataciones? ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué necesidad institucional justifica su incorporación? ¿Cómo se seleccionan estos asesores? ¿Qué remuneraciones perciben? ¿Qué controles de incompatibilidad se realizan?
La experiencia profesional de quienes han desarrollado una carrera dentro del sistema educativo puede constituir un aporte. Pero eso no exime al Estado de justificar cada contratación, transparentar los procedimientos y garantizar que no existan privilegios ni mecanismos de permanencia que eludan las reglas generales.
Otro punto que requiere revisión es el de docentes que poseen más de un cargo o módulos y que, para acceder a funciones jerárquicas, relevan solamente una parte de sus servicios de base.
En determinadas situaciones, estos mecanismos se articulan con la posibilidad de acceder a una jubilación por parte de los servicios, mientras se mantienen otros cargos u horas docentes activos.

Si bien la jubilación parcial y la simultaneidad de servicios tienen reconocimiento dentro del régimen previsional, corresponde analizar cómo se compatibilizan estas situaciones con el ejercicio de funciones jerárquicas, la disponibilidad de cargos y la certificación de servicios.
La dirección General de Cultura y Educación debe informar si los procedimientos actuales responden a una regulación uniforme y si garantizan una adecuada organización de las plantas docentes.
Hay otra cuestión que merece una investigación administrativa específica: la situación de docentes que han sido recalificados durante su trayectoria laboral y que, posteriormente, al acceder a la jubilación, dejarían de figurar en los registros correspondientes con ese antecedente.
Se han planteado situaciones en las que personas con antecedentes de recalificación aparecen posteriormente incorporadas a listados de emergencia para cubrir cargos, como si esa condición no hubiera existido en su historia laboral. Esto requiere una explicación formal.
Los antecedentes de recalificación no pueden desaparecer de los registros administrativos sin una causa fundada y sin que exista trazabilidad de las decisiones adoptadas.
Es necesario investigar qué sucede con esos antecedentes, cómo se actualizan los registros, qué información se utiliza para confeccionar los listados y bajo qué criterios se habilita a una persona a inscribirse y acceder a nuevas coberturas.
Pero la revisión debe alcanzar también a las nóminas de listados jerárquicos.

Se debe exigir una auditoría integral y actualización de esas nóminas, verificando la situación de revista y previsional de cada aspirante, los antecedentes laborales, la antigüedad computable y las condiciones para acceder a nuevas funciones.
En particular, corresponde establecer qué tratamiento debe darse a quienes ya obtuvieron un beneficio jubilatorio, si corresponde registrar cero antigüedad computable desde el cese para determinados efectos y si se encuentran legalmente habilitados para integrar nuevos órdenes de mérito o acceder a nuevas designaciones jerárquicas.
No puede permitirse que los registros administrativos presenten situaciones que desconozcan el cese jubilatorio o que habiliten accesos sin verificar previamente los requisitos normativos.
La antigüedad histórica, los antecedentes de carrera y la condición previsional deben estar correctamente identificados. La administración tiene la obligación de garantizar información veraz y actualizada.
El gobernador Axel Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, tienen la responsabilidad institucional de abordar estas situaciones.
La defensa de la escuela pública no puede limitarse al discurso pedagógico ni a las transformaciones curriculares. También exige revisar cómo se organiza el trabajo docente, cómo se distribuyen las oportunidades y cómo se administran los recursos humanos y económicos del Estado.

Si la política educativa provincial plantea la igualdad de oportunidades, esa igualdad debe comenzar dentro de la propia estructura que administra el sistema.
No alcanza con exigirles a los docentes que están frente al aula que cumplan sus obligaciones, que respeten los procedimientos y que acepten las restricciones de su régimen laboral si no se revisan con el mismo rigor las prácticas de quienes ocupan o han ocupado espacios de conducción y decisión.
Mientras se discuten estas modalidades, miles de docentes continúan enfrentando salarios deteriorados, pérdida del poder adquisitivo, mayores exigencias laborales y dificultades para acceder a mejores condiciones de trabajo.
Son quienes sostienen las trayectorias educativas, garantizan la continuidad pedagógica y ponen el cuerpo todos los días en las escuelas.

Sin embargo, parecen ser siempre quienes tienen que soportar las mayores restricciones, mientras dentro de la estructura administrativa aparecen distintas modalidades de continuidad, contratación y acceso a funciones que merecen explicaciones.
No se trata de enfrentar a trabajadores activos con jubilados. Tampoco de desconocer derechos adquiridos. Se trata de cuestionar las desigualdades que pueden producirse cuando las reglas no se aplican con los mismos criterios para todos.
Frente a estas situaciones, corresponde solicitar:
1.- Una revisión jurídica integral de la normativa que regula los relevamientos parciales, las jubilaciones y la continuidad en funciones docentes y jerárquicas.
2.- Una auditoría de las contrataciones de personas jubiladas como asesores en las distintas dependencias de la DGCyE, incluyendo funciones, procedimientos de selección, remuneraciones y eventuales incompatibilidades.
3.- Una investigación sobre la conservación, actualización y eventual pérdida de antecedentes de recalificación laboral.
4.- Una revisión y actualización de los listados jerárquicos, verificando la situación previsional, la antigüedad computable y las condiciones de habilitación de cada aspirante.
5.- La determinación expresa de los efectos del cese jubilatorio sobre la posibilidad de integrar nuevos listados y acceder a nuevas designaciones.
6.- La publicación de criterios administrativos claros, uniformes y transparentes para todos los trabajadores de la educación.
No alcanza con que cada situación encuentre una interpretación administrativa que permita sostenerla individualmente. Es necesario revisar si el conjunto de estas prácticas es compatible con los principios de legalidad, igualdad, transparencia y buena administración.
La educación pública no puede sostener un discurso de igualdad mientras dentro de su propia estructura se reproducen situaciones que generan diferencias de oportunidades y beneficios.
La discusión está planteada. No es una cuestión menor ni un simple trámite administrativo. Es una discusión sobre la carrera docente, el uso de los recursos públicos, la transparencia institucional y el modelo de organización del sistema educativo bonaerense.

¿Por qué el docente que está frente al aula es siempre quien debe ajustarse, resignar y perder, mientras determinados sectores de la estructura educativa encuentran otras modalidades para permanecer, continuar ocupando espacios y acceder a nuevas oportunidades?
La desigualdad también se construye desde adentro del sistema educativo. Y es responsabilidad de quienes conducen el Estado provincial revisar y corregir aquello que la normativa, los procedimientos o las prácticas administrativas puedan estar permitiendo. (www.REALPOLITIK.com.ar)