Martes 17 de noviembre de 2026

Judiciales

Instituto de la Vivienda

San Isidro: piden indagar a Gustavo Posse por 250 viviendas y una pericia que validó 41

17/11/26 | La querella apunta al exintendente, exfuncionarios y empresarios por un plan de viviendas con 101 certificados y pagos por más de 37,6 millones.


Agregar Realpolitik en
facebook sharing button Compartir
twitter sharing button Twittear
whatsapp sharing button Compartir
telegram sharing button Compartir
print sharing button Impresión
gmail sharing button Correo electrónico

La diferencia entre los papeles y las casas construidas atraviesa una causa que compromete a la gestión de Gustavo Posse en San Isidro. El proyecto contemplaba 250 viviendas sociales en el barrio Martín y Omar. Se emitieron 101 certificados, se informó la finalización de los trabajos y se pagaron más de 37,6 millones de pesos. Sin embargo, según el pedido de indagatorias al que accedió REALPOLITIK, una pericia oficial reconoció apenas 41 viviendas técnicamente compatibles con lo contratado.

La municipalidad de San Isidro, actualmente conducida por Ramón Lanús, solicitó que el exintendente declare como imputado junto con exfuncionarios, una supervisora provincial y representantes de las constructoras. El planteo, que tuvo difusión pública durante 2026, fue presentado por los abogados Nicolás Daniel Ramírez, Juan José Oribe y Julieta Melconian en la causa 12590/2014, radicada ante el juez federal Sebastián Ramos. La intervención de la comuna como querellante fue recurrida y quedó sujeta a revisión de la Corte Suprema, según la información publicada sobre el expediente. 

El reclamo tiene un peso político concreto: la administración que sucedió al possismo busca que la investigación alcance a quien gobernó San Isidro durante 24 años. Posse, dirigente de origen radical, ocupó la intendencia entre 1999 y 2023, después de su padre, Melchor. Toda la ejecución del proyecto investigado transcurrió bajo su conducción.

 

El escrito apunta a la cadena de decisiones que permitió contratar, inspeccionar, certificar y pagar la obra. Para la querella, Posse tuvo una intervención que excedió la firma de expedientes: le atribuye el control político del programa y se apoya, entre otros elementos, en el descargo de uno de sus propios exfuncionarios.

Se trata de Fernando Adrián Romero, exsubsecretario de Obras Públicas, quien ubicó las decisiones políticas en cabeza del entonces intendente. Según reproduce la presentación, también identificó a Héctor Aníbal Prassel, exsecretario general de Gobierno y Administración, como responsable del soporte legal, las contrataciones y los pagos.

Romero agregó que, después de su renuncia en enero de 2009, Posse le pidió que continuara colaborando con la política barrial, especialmente con el programa de obras. Los abogados utilizan ese episodio para sostener que el jefe comunal mantuvo intervención sobre el proyecto pese a los cambios de funcionarios.


Melchor Posse y su hijo, Gustavo Posse.

Las firmas detrás de las viviendas

El proyecto Nro. 48, denominado “San Isidro I – Barrio Martín y Omar”, correspondía a la licitación pública 07/06. Los trabajos comenzaron el 17 de octubre de 2006 y debían terminar un año después. La recepción definitiva recién se instrumentó el 30 de marzo de 2016.

El contrato original ascendía a 17.319.984,16 pesos. Después de doce redeterminaciones de precios llegó a 37.682.054,25 pesos. La pericia contable citada en el escrito calculó pagos netos por 37.682.053,54 pesos, financiados principalmente por el Estado nacional. Son valores históricos correspondientes al período investigado.

Una inspección del ministerio Público Fiscal constató 44 viviendas en agosto de 2016. La pericia de ingeniería presentada en 2022, elaborada por Eloy Pablo Bona, reconoció 41 unidades técnicamente válidas: el 16,4 por ciento de las viviendas comprometidas y el 19,1 por ciento de la superficie prevista.

La presentación reconoce que se invocaron tareas de saneamiento, infraestructura, demolición y traslado de familias. Pero sostiene que la pericia no encontró documentación administrativa suficiente para respaldar una reformulación integral del contrato que explicara la diferencia entre esas prestaciones y las 250 viviendas utilizadas como base de las certificaciones.

Además de Posse y Prassel, el pedido alcanza a Federico J. García, quien ocupó sucesivamente cargos de subsecretario, secretario interino y secretario de Obras Públicas. Se le atribuye haber firmado documentación vinculada con certificados, facturas y remitos entre abril de 2010 y octubre de 2014. También aprobó una ampliación de plazos cuyos planes de trabajo, según la pericia citada, no fueron encontrados en la documentación examinada.

Otro de los señalados es Sergio Cesio, exsubdirector de Regularización Dominial, director de Viviendas y director general de la secretaría de Obras Públicas. La querella sostiene que suscribió la mayoría de los certificados entre octubre de 2006 y agosto de 2014, atravesando las tres etapas empresariales de la obra.

El control provincial aparece representado por María de los Ángeles Polantinos, supervisora del Instituto de la Vivienda bonaerense, a quien se le atribuye el visado de numerosos certificados desde el comienzo hasta la finalización de las certificaciones. El escrito señala que no se encontraron las fotografías mensuales ni las mediciones individualizadas por vivienda que debían respaldarlas.

También se solicita la indagatoria del ingeniero Marcelo Nayem, representante de Soluciones Urbanas SRL, la firma designada para inspeccionar los trabajos. Según la presentación, firmó hasta el certificado 33 y promovió modificaciones de plazos y condiciones constructivas. Entre ellas, propuso considerar dos viviendas provisorias como equivalentes a una del proyecto original, sin el respaldo formal exigido por el pliego, de acuerdo con las objeciones periciales reproducidas.


Municipalidad de San Isidro.

Las constructoras también tienen nombres propios. EMACO SA, adjudicataria original, intervino hasta noviembre de 2008 y estuvo representada en las certificaciones por Federico León Bensadon. La continuidad quedó en manos de Construcciones Ecológicas SA —CESA—, con intervención de Cecilia Paula Adoue y de su representante técnico, Alberto Fuscaldo.

La última etapa correspondió a INELCO SA, por la que actuaron Ricardo Tajtelbaum, como presidente, y Guillermo Sabbatini, como representante técnico. Según el escrito, esa empresa certificó desde noviembre de 2010 y presentó el certificado 101, fechado el 28 de febrero de 2015, con un avance informado del 100 por ciento.

La investigación comenzó en 2014 a partir de una denuncia de Marcela Durrieu, madre de Malena Galmarini. En febrero de 2017, el fiscal Jorge Di Lello ya había solicitado indagar a Posse y otros involucrados por las presuntas irregularidades del Plan Federal de Viviendas. 

El documento explica que el juzgado consideró prematuras aquellas convocatorias y dispuso avanzar primero con los estudios técnicos. Las pericias fueron incorporadas en 2022 y sus autores, Bona y el contador Daniel Antonio Fontana, ratificaron y ampliaron sus conclusiones en octubre de 2025.

El expediente avanzó además con las indagatorias de Romero, el inspector Germán Víctor Ballester y el exsecretario de Obras Públicas Bernardo Landívar, recibidas entre el 6 y el 8 de julio de 2026, según la presentación.

Con esos antecedentes, la querella reclama extender las convocatorias a los responsables políticos, administrativos y empresariales que identifica. Invoca indicios de una posible defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias

¡Escuchá Radio Realpolitik FM en vivo!