El ministerio de Educación de San Juan, conducido por Silvia Fuentes durante el gobierno de Marcelo Orrego, liquidó y pagó 72 cargos administrativos en una estructura que tenía 38 autorizados. El excedente de 34 puestos quedó documentado por el Tribunal de Cuentas provincial, que formuló un reparo y requirió explicaciones a siete responsables.
La observación corresponde a Educación secundaria de Adultos y surge del análisis de la planta de personal y los sueldos de diciembre de 2024. Está incluida en el acta 8832/25, del 23 de diciembre de 2025, incorporada a la Memoria Anual 2025 del organismo de control.
El Tribunal cruzó la información suministrada por el área de Sueldos de Educación con la planta presupuestada, declarada en la rendición y registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera. Los registros coincidían dentro de cada categoría: tanto la autorización presupuestaria como su exposición en la cuenta consignaban 38 cargos; la liquidación del ministerio y su declaración reflejaban 72.
Por esa diferencia, el organismo cuestionó el procedimiento administrativo seguido para liquidar y pagar los 34 cargos del escalafón general por encima de lo autorizado por la dirección de Presupuesto y Control Financiero Provincial.
El reparo identifica a Mariela Lueje, secretaria de Educación; Luis Alfonso Reynoso Girón, secretario Administrativo; Daniela Celeste González, directora del Área Administrativa y titular del Servicio Administrativo Financiero; Ernesto Javier Olivera Mas, Oscar Alberto Campos, Leopoldo José Román y María Eugenia Martín.
El Tribunal dispuso darles traslado por quince días para que respondieran y aportaran pruebas. Entre las normas que consideró transgredidas mencionó la constitución provincial, la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y disposiciones de la ley de Administración Financiera y su reglamentación.
La diferencia detectada no permite establecer que existieran 34 empleados sin trabajar ni que se hubieran celebrado otros tantos contratos nuevos. El documento tampoco identifica a quienes ocuparon esos puestos ni cuantifica el gasto correspondiente al excedente. Lo que acredita es una discordancia concreta entre la planta autorizada y los cargos pagados por Educación.
En la misma resolución, el Tribunal recomendó mejorar los registros del personal reasignado, controlar el cumplimiento de sus tareas y registrar los gastos en la estructura presupuestaria donde efectivamente se ejecutan.
Para la gestión de Orrego y Fuentes, el cuestionamiento alcanza al control de la nómina y del presupuesto educativo. Aunque ninguno figura entre los siete responsables de este reparo específico, las liquidaciones observadas se realizaron durante su administración.
La documentación examinada deja pendiente la explicación sobre el origen de los 34 cargos excedentes y su respaldo presupuestario. El acta abrió una instancia de descargo: no constituye una sanción definitiva contra los funcionarios señalados. (www.REALPOLITIK.com.ar)