Domingo 22 de noviembre de 2026

Política

Alertas tardía

Los 19 hallazgos del ensayo de Pfizer en el Fleming que ANMAT terminó archivando

22/11/26 | Una inspección de ANMAT detectó diecinueve irregularidades graves en el ensayo clínico de Pfizer en el Fleming, pero el expediente terminó archivado.


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En el ensayo oncológico Breakwater, una inspección de ANMAT detectó hospitalizaciones mal registradas, avisos de eventos graves demorados hasta 30 días, historias clínicas fragmentadas, fallas de consentimiento y problemas para determinar quién podía participar. También apareció una orden sobre los datos de un paciente que Pfizer respondió con un criterio estadístico distinto y que ANMAT terminó aceptando. El expediente acabó archivado. Nélida Bisio firmó el plan de inspección y después dirigió el organismo; años más tarde fue procesada en la causa del fentanilo contaminado. ¿Quién comprobó, punto por punto, que los controles realmente funcionaran?

No eran voluntarios sanos. Eran pacientes con cáncer colorrectal metastásico, personas sometidas a tratamientos complejos y cuyo estado de salud podía empeorar por el cáncer, una infección, la quimioterapia o el medicamento investigado. Precisamente por esa dificultad, documentar cada evento y avisarlo a tiempo era parte esencial de su protección.

El ensayo internacional C4221015, conocido como Breakwater y patrocinado por Pfizer, comparaba tratamientos con encorafenib y cetuximab, con o sin quimioterapia, frente a opciones estándar para tumores con mutación BRAF V600E. Era un estudio de Fase III, la etapa en la que la confiabilidad de los registros clínicos resulta decisiva para evaluar seguridad y eficacia.

ANMAT autorizó el protocolo en 2021. El sitio argentino 1319 funcionó en el Instituto Médico Especializado Alexander Fleming, bajo la responsabilidad del oncólogo Juan Manuel Ramón O'Connor. Allí se incorporó al primer participante en agosto de 2022. La autoridad inspeccionó entre octubre y noviembre de 2023 y en agosto de 2024 confirmó 19 hallazgos. El 6 de enero de 2025, la actuación terminó con una providencia que decía: "Archívese".

Diecinueve hallazgos. Reportes que se demoraron semanas. Y una pregunta que sigue abierta en el expediente consultado: ¿dónde está la prueba de que las correcciones se comprobaron una por una?

 

Lo que ANMAT encontró en el Fleming: 19 hallazgos que no eran simples papeles

La inspección describió cinco frentes de problemas. Varios se relacionaban directamente con la selección de pacientes, la seguridad, la integridad de la historia clínica y la posibilidad de reconstruir qué ocurrió durante el estudio.

1. Un participante ingresó sin reunir un requisito del protocolo

Los inspectores registraron contradicciones sobre los laboratorios utilizados para comprobar la elegibilidad. La selección de pacientes no era un trámite: definía quién podía quedar expuesto al tratamiento investigado y qué datos integrarían el análisis final.

El caso más concreto fue el participante 002. Había presentado progresión de la enfermedad aproximadamente cuatro meses después de un tratamiento previo, cuando el criterio exigía que transcurrieran más de seis. Sin embargo, ingresó al ensayo.

El monitoreo tardó más de cuatro meses en advertir el incumplimiento. La controversia no terminó allí: ANMAT exigió una declaración jurada sobre el uso de los datos de eficacia del participante y más tarde aceptó una respuesta de Pfizer que invocaba el principio de intención de tratar. Esa secuencia se documenta más adelante.


Instituto Alexander Fleming.

2. Internaciones y muertes: avisos de seguridad que llegaron tarde

ANMAT encontró hospitalizaciones no registradas oportunamente como eventos adversos serios y un fallecimiento cuya historia clínica no dejaba clara la evaluación de su relación con el producto investigado. El circuito de seguridad mostró fisuras precisamente donde debía funcionar sin demoras.

En distintos episodios, los avisos tardaron 14, 16 y hasta 30 días. El protocolo exigía informar a la unidad de seguridad de Pfizer de inmediato y, como máximo, dentro de las 24 horas desde que el investigador conocía el evento.

Una internación conocida varias semanas después deja de ser una alerta temprana. Afecta la posibilidad de detectar patrones y de reaccionar mientras otros pacientes continúan bajo tratamiento.

3. Consentimientos e historias clínicas con grietas

El centro utilizaba registros clínicos separados para la atención institucional y para la investigación. ANMAT señaló el problema porque esa fragmentación dificultaba reconstruir una misma evolución médica desde sus distintas fuentes.
También encontró deficiencias en el consentimiento informado: faltaba la hora de inicio del proceso en un caso y había diferencias entre la persona que lo realizó, quien firmó y quien lo asentó en la historia clínica en otro.

La planilla de delegación de funciones del equipo estaba incompleta. En un ensayo con pacientes graves, saber quién estaba autorizado a realizar cada procedimiento es una medida de seguridad, no un requisito decorativo.


ANMAT.

4. Exámenes omitidos y monitoreo con meses de retraso

En el participante identificado como 005/009 no quedó correctamente documentado un cálculo de función renal que debía utilizarse para verificar elegibilidad. El monitoreo tampoco detectó adecuadamente esa omisión.

En otra visita se omitió un examen de orina exigido por el protocolo. Los monitores tardaron más de ocho meses en advertirlo.
Se puede corregir un procedimiento para el futuro. Lo que no se puede hacer es retroceder ocho meses y practicar el estudio clínico omitido en la fecha en que debía haberse realizado.

5. Documentos faltantes, laboratorio y transporte

Los inspectores hallaron documentos esenciales fuera del archivo del estudio, problemas con informes de eventos serios, diferencias entre unidades de laboratorio y protocolo y utilización de tubos para muestras que no habían sido provistos por Pfizer.

También detectaron una configuración incorrecta del sistema de control térmico durante el traslado del producto. Pfizer sostuvo que no existió una excursión real de temperatura y el expediente no documenta que el medicamento se hubiese deteriorado. Lo comprobado es una falla en el procedimiento de control.


Pfizer.

Cuando el evento es grave, avisar primero y discutir la causa después

Un evento adverso serio puede ser una internación, una situación que amenaza la vida o una muerte. Su notificación activa un circuito de seguridad aun cuando todavía se desconozca si el fármaco lo provocó.

Ahí está el núcleo del problema: la causalidad se investiga después, pero la notificación no puede esperar a que esa discusión termine.

En oncología, donde la enfermedad y los tratamientos pueden producir complicaciones parecidas, la calidad del registro y del seguimiento es todavía más importante.

Tres fallecimientos en el expediente: lo que consta y lo que falta

Participante 003: murió, pero la evaluación de causalidad no quedó clara.

La tabla de seguridad fechó el evento el 27 de septiembre de 2022 y lo registró como "muerte por progresión de enfermedad", es decir, por avance del cáncer.

Sin embargo, ANMAT mantuvo un hallazgo: la evolución médica del 30 de septiembre no aclaraba cómo se había evaluado la posible relación del episodio con el producto en investigación. La causa consignada en una tabla no sustituye la documentación clínica exigida.

Hay otro dato llamativo: el resumen codificado presentado por Pfizer clasificaba al participante 003 como "fallo de selección", con finalización el 30 de septiembre. En las piezas examinadas no quedó reconstruido si llegó a recibir producto del estudio. Esa exposición, o su ausencia, debería poder documentarse con precisión. Mientras tanto, el hallazgo de ANMAT sobre causalidad permaneció en el Informe Técnico Final.

Participante 009: internación, fallecimiento y un aviso 30 días después.

La historia clínica indica que el participante fue internado el 1 de junio de 2023 por progresión de la enfermedad y falleció el 27 de junio.

El investigador alegó que habían transcurrido más de 28 días desde la última dosis y que, según el protocolo, la muerte por progresión no reunía entonces los criterios de un evento serio vinculado al estudio.

ANMAT cuestionó la clasificación y los tiempos: el fallecimiento no figuró como evento serio y Pfizer fue informada 30 días después. La controversia documentada gira alrededor del registro, la oportunidad y la trazabilidad del reporte, no de una atribución médica demostrada al tratamiento.

Participante 002: progresión, salida del tratamiento y muerte sin causa identificada en ese tramo.

El Informe Técnico Final describe progresión de la enfermedad en julio de 2023, alta a comienzos de agosto, visita de fin del tratamiento y fallecimiento en septiembre.

En el pasaje revisado no aparece identificada la causa final de muerte. Para esclarecerla hacen falta la documentación clínica final y el reporte correspondiente. Es precisamente esa reconstrucción la que debería permitir una fiscalización efectiva.

Sepsis abdominal: el investigador y Pfizer no evaluaron igual la posible causa.

El participante reseleccionado bajo el código 009 sufrió en enero de 2023 fiebre, dolor abdominal y una internación por sepsis abdominal, un cuadro infeccioso grave.

En el reporte de seguridad, el investigador consideró razonable una posible relación con oxaliplatino y fluorouracilo, medicamentos de quimioterapia. No sostuvo esa relación para encorafenib ni cetuximab.

Pfizer respondió que faltaban datos clínicos esenciales —curso completo, diagnóstico final, análisis recientes, extensión de la enfermedad y otras condiciones— para establecer un vínculo con los fármacos. Señaló al propio cáncer como posible explicación y dejó abierta la reevaluación con nueva información.

La diferencia de criterios médicos no es el hallazgo más grave. Lo importante es qué datos se buscaron, cuándo llegaron y con qué documentación se sostuvo la evaluación definitiva.


Pfizer.

El seguimiento que exigía el protocolo y los vacíos de la documentación

El protocolo exigía seguir activamente los eventos serios hasta su resolución, estabilización, explicación alternativa o pérdida de contacto, reuniendo la información necesaria para su evaluación médica.

El informe de sepsis muestra parte de ese proceso: constan las opiniones del investigador y de Pfizer, junto con antecedentes señalados como faltantes.

En la documentación consultada no se localizó una evaluación externa integral y homogénea de todos los fallecimientos. Ese faltante documental impide reconstruir de manera completa el mismo circuito de seguridad para cada caso.

109 formularios sin cargar: el monitoreo que debía prevenir y llegó tarde

La vigilancia del estudio no dependía sólo del médico investigador. Pfizer tenía monitores encargados de revisar historias clínicas, elegibilidad, formularios, eventos y cumplimiento del protocolo mientras la investigación seguía activa.

En julio de 2023 había 109 formularios clínicos pendientes: 70 con más de 90 días de atraso, 26 con más de 200 y tres con más de 300. También constaban firmas electrónicas pendientes desde diciembre de 2022, consultas sin resolver y documentación fuente desorganizada.

Cuanto más tarde se incorpora un dato, más difícil es verificarlo contra su fuente y utilizarlo para detectar un problema a tiempo. Eso describe una debilidad comprobable de trazabilidad, aunque no demuestra por sí mismo que el contenido fuera falso.

El participante 002: ANMAT exigió excluir datos y aceptó una respuesta distinta

La cuestión no era sólo si el paciente había sido seleccionado incorrectamente. También importaba qué peso tendrían sus registros en el análisis de eficacia del ensayo.

El 14 de agosto de 2024, ANMAT ordenó a Pfizer presentar una declaración jurada para establecer que los datos del participante 002 no se utilizarían en el análisis de eficacia. El 24 de septiembre Pfizer explicó que emplearía el Full Analysis Set (FAS), bajo el principio estadístico de intención de tratar, que incluía a los participantes aleatorizados sin excluir individualmente a quienes incumplieran el protocolo.

El 28 de noviembre de 2024 ANMAT consideró "aceptable" esa contestación. Pero en esa pieza no aparece una explicación expresa de cómo se pasó del requerimiento inicial de exclusión al criterio estadístico comunicado por Pfizer. Falta localizar la eventual declaración jurada separada y verificar el plan de análisis y la población finalmente utilizada. Esa es una contradicción documental concreta que merece una respuesta concreta.

El sitio 1319 aportó pocos participantes aleatorizados frente al total internacional. Determinar si el problema tuvo impacto exige saber qué registros ingresaron a la base definitiva, qué correcciones se aplicaron y qué sucedió en otros centros. La pregunta inmediata, sin embargo, es anterior: ¿por qué ANMAT aceptó la respuesta sin dejar explicitada esa conciliación en la pieza examinada?


ANMAT.

Datos de pacientes: qué podían ver Pfizer y ANMAT en el expediente

La protección de los participantes también comprende su identidad y la trazabilidad del acceso a sus datos clínicos.
Pfizer presentó un "Resumen del estado del sujeto cegado" con códigos como 13191001 y 13191002, fechas de selección, aleatorización, interrupción y fallos de selección. El documento llevaba las leyendas "Pfizer Confidencial" y "Preparado para inspección ANMAT C4221015 sitio 1319".

Ese archivo acredita la existencia de una lista codificada preparada por Pfizer; no contiene por sí mismo los nombres civiles ni los documentos de identidad de los pacientes.

Las constancias GDE reflejan consultas de representantes de la empresa a expedientes relacionados con la inspección, pero no individualizan los archivos concretos abiertos o descargados. La pista investigativa es el registro de accesos, no la afirmación de que se consultaron identidades que esas constancias no muestran.

19 hallazgos y ningún sumario localizado: la decisión que ANMAT debe explicar

El Informe Técnico Final dejó diecinueve hallazgos, varios relacionados con seguridad, elegibilidad y seguimiento. Esos hechos justificaban al menos evaluar la apertura de un procedimiento sancionador, una decisión que requiere fundamentación según el régimen aplicable.

Un sumario permite determinar responsabilidades administrativas con derecho de defensa. No debe confundirse con una sanción ni con una condena penal.

En el expediente examinado no aparece un sumario sanitario específico por BREAKWATER ni una explicación desarrollada de por qué se optó por otra vía. La investigación puede acreditar esa ausencia en las piezas consultadas; para afirmar que no existió ninguna actuación conexa haría falta revisar la totalidad de los registros administrativos.

El contraste incómodo: otro ensayo de Pfizer sí terminó con multas

ANMAT tuvo bajo inspección otro ensayo de Pfizer, el C3671008. Allí también se aplicaban las reglas de Buenas Prácticas Clínicas y la respuesta administrativa fue distinta.

En ese expediente hubo 32 hallazgos. Entre los hechos destacados figuraron la inclusión errónea de una participante menor de edad y embarazada, la conducción operativa por un subinvestigador sin comunicación suficiente a la autoridad, problemas de historias clínicas y el envío de producto investigado a un centro todavía no iniciado, recibido por personal no delegado.

En C3671008 el informe recomendó un sumario. ANMAT lo abrió en 2023 y, tras los descargos y la intervención de Sumarios, en septiembre de 2025 una disposición firmada por Bisio multó a Pfizer y al investigador Clemente Aguilar.

Los casos no presentan la misma cantidad ni gravedad de observaciones. Pero el contraste hace inevitable la pregunta: ¿con qué criterios ANMAT distinguió entre corrección administrativa y responsabilidad sancionatoria cuando también había cuestiones de seguridad y elegibilidad en Breakwater?

Esos criterios —riesgo, reiteración, antecedentes y eficacia de medidas correctivas— deberían ser verificables en los actos y documentos. En el material de Breakwater revisado no aparece una explicación comparativa suficiente para reconstruirlos.

Ordenar una corrección no es comprobar que se cumplió

ANMAT podía exigir acciones correctivas, evaluar sus respuestas, abrir un sumario y archivar actuaciones. Son decisiones con objetivos diferentes. Ninguna prueba por sí sola que las otras se hayan agotado.

Para reconstruir el seguimiento de un paciente hacen falta fechas, atención recibida, aviso al patrocinador y al comité de ética, evaluación de causalidad, medidas posteriores, eventuales gastos cubiertos y controles previstos hasta el final. Un informe agregado tardíamente no reemplaza esa secuencia.

El investigador, el Instituto Fleming, Pfizer, el comité de ética y ANMAT ocupaban lugares distintos en esa cadena. La investigación periodística debe exigir la documentación correspondiente a cada eslabón.

La última palabra del expediente: "Archívese"

ANMAT dictó una Indicación de Acción Oficial para Pfizer y el investigador, exigió informes trimestrales y aceptó una contestación posterior. Pero en el corpus examinado no aparece una matriz que relacione cada uno de los 19 hallazgos con su causa, la corrección aplicada y la evidencia de su eficacia.

Tampoco se localizaron una reinspección posterior previa al archivo ni la colección completa de los informes trimestrales requeridos. El 6 de enero de 2025, la providencia PV-2025-01554096-APN-DERM#ANMAT cerró con una palabra: "Archívese". La pregunta es directa: ¿qué evidencia concreta tuvo la autoridad para dar por suficiente la respuesta al conjunto de problemas señalados?

El contraste se vuelve más significativo cuando se observa el resto del sistema de fiscalización: otros ensayos de Pfizer, el control de un comité de ética y la investigación judicial del fentanilo contaminado. Son expedientes diferentes; lo común es la obligación de prevenir, detectar y seguir riesgos sanitarios.


Nélida Agustina Bisio.

Bisio firmó el plan de inspección del Fleming y dirigió ANMAT durante el cierre

La firma digital de Nélida Agustina Bisio aparece en el Plan de Inspección del 30 de septiembre de 2023, cuando ocupaba la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos.

El documento ya aludía a un desvío comunicado por Pfizer, una suspensión temporal del reclutamiento y acciones de reentrenamiento. También consignaba antecedentes regulatorios del investigador.

A fines de diciembre de 2023 Bisio fue designada administradora nacional de ANMAT. Bajo su conducción, en agosto de 2024 se emitió el Informe Técnico Final y en noviembre se aceptó la respuesta de Pfizer. La línea temporal está documentada. Bisio firmó el plan de inspección, pero no el Informe Técnico Final ni la aceptación de noviembre. Esa distinción fija el alcance de su intervención personal y de su responsabilidad institucional como máxima autoridad durante la etapa posterior. Lo que corresponde indagar es cómo se supervisó el cumplimiento de las medidas dentro del organismo que dirigía.

Del Fleming al fentanilo: una misma exjefa de ANMAT bajo escrutinio

La crisis del fentanilo contaminado involucró controles sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, no el ensayo del Fleming. Sin embargo, volvió a poner el foco sobre el funcionamiento de ANMAT y sobre la gestión de Bisio, cuya firma ya figuraba en la planificación inspectiva de Breakwater.

El 4 de agosto de 2026, el ministerio Público Fiscal informó la detención de Bisio y de Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del INAME, para prestar declaración indagatoria por lotes de fentanilo contaminado elaborados por Laboratorios Ramallo y comercializados por HLB Pharma.

El 1 de septiembre de 2026, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a ambas exfuncionarias sin prisión preventiva como presuntas partícipes necesarias de adulteración de sustancias medicinales. La resolución judicial difundida abarcó al menos 90 personas fallecidas y 44 lesionadas. El procesamiento es una decisión provisional, no una condena.

La hipótesis judicial se concentró en el conocimiento de irregularidades, las advertencias recibidas y el momento en que se adoptaron medidas regulatorias, incluidas reuniones y comunicaciones vinculadas con la producción farmacéutica. Esas imputaciones se refieren al caso del fentanilo y no se trasladan al ensayo de Pfizer.

La defensa de Bisio pidió en octubre de 2026 la nulidad del procesamiento y su sobreseimiento ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Sostuvo que no intervenía directamente en la fabricación ni ejercía las tareas técnicas cotidianas de fiscalización del INAME. Al cierre de esta actualización no se había localizado resolución firme de culpabilidad. Para Breakwater, la cuestión periodística es otra: qué supervisión ejerció la conducción de ANMAT sobre un expediente con 19 hallazgos antes del archivo.

Pfizer COVID-19: una internación, 20 hallazgos y un interrogante sobre el seguimiento

El caso de Augusto Germán Roux agrega otro expediente. Participó del ensayo C4591001 de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19, realizado en el Hospital Militar Central bajo la dirección de Fernando Pedro Polack. Recibió la segunda dosis el 9 de septiembre de 2020 y fue internado en el Hospital Alemán el día 12. Según los documentos clínicos publicados por REALPOLITIK, allí se consideró "altamente probable" una reacción al producto en investigación. La evaluación de Polack fue diferente y contempló un posible cuadro de COVID-19 pese a una prueba viral negativa. La discrepancia médica permanece sin una resolución independiente identificada en las fuentes revisadas.

Roux cuestionó ante ANMAT la clasificación del episodio, los registros clínicos y la asistencia posterior a su salida del ensayo. Hubo actuaciones e incluso ofrecimientos de seguimiento; la cuestión decisiva es qué atención se prestó realmente, qué documentación clínica recibió y cómo se resolvió la divergencia diagnóstica.

La inspección general de ese ensayo detectó 20 hallazgos y derivó en una Indicación de Acción Oficial para Pfizer y Polack. Entre sus antecedentes figura un error de preparación que afectó a 52 participantes, a quienes se administraron aproximadamente 58 microgramos en lugar de los 30 previstos. Ese episodio exigía trazabilidad y seguimiento individual, con independencia de que no pueda atribuirse automáticamente a él la internación de Roux.

REALPOLITIK ya publicó, el 10 de octubre de 2026, los 20 hallazgos y el doble rol de Polack; el 28 de octubre reconstruyó la internación de Roux, las dos inspecciones y las comunicaciones ANMAT–EMA. El punto abierto es qué evaluación definitiva quedó en los registros argentinos y qué documentación final llegó a la agencia europea.

CIREC: cinco categorías graves, 439 reportes pendientes y una sanción al comité de ética

Hace algunos días trascendió que los resultados de la supervisión del Comité Central de Ética en Investigación porteño sobre el CIREC del Hospital Militar. Allí constan cinco categorías de incumplimientos graves, incluidas deficiencias en el seguimiento de eventos serios, el monitoreo de investigaciones de riesgo y el archivo de documentos esenciales. Es una fiscalización ética diferente de los 20 hallazgos de ANMAT.

La supervisión identificó 439 reportes de desvíos pendientes de remisión al comité y ausencia de seguimiento posterior del error de dosificación que involucró a 52 participantes. También revisó el seguimiento de una muerte correspondiente, según la identificación posterior, a una persona asignada a placebo. La asignación impide presentar ese fallecimiento como causado por la vacuna, pero no elimina el deber de documentar la supervisión.

El 26 de mayo de 2021 la ciudad revocó provisoriamente por 90 días la acreditación del CIREC. Le prohibió dictaminar en nuevos proyectos, pero lo mantuvo a cargo del seguimiento de ensayos previamente aprobados. El dato expone una pregunta institucional difícil de esquivar: ¿cómo se controló la calidad de la vigilancia de un comité cuestionado por incumplimientos graves mientras todavía debía vigilar investigaciones en curso?

Tribuna reconstruyó además que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas recibió en diciembre de 2024 una denuncia de Roux con documentos sobre la supervisión ética, y remitió la actuación 1317/24 a la fiscalía federal interviniente. También examinó un dictamen jurídico de ANMAT de septiembre de 2025 que no halló fundamento para atribuir responsabilidad disciplinaria a Bisio en ese trámite. Ese dictamen se refiere a ese expediente administrativo concreto.

Los números retratan procedimientos distintos: 19 hallazgos en Breakwater, 20 en el ensayo COVID-19 y cinco categorías graves en la supervisión del CIREC. No se suman entre sí. Sí permiten formular una comparación verificable sobre avisos, registros, seguimiento, medidas correctivas y resultados del control.

Derechos humanos: el consentimiento no es un cheque en blanco

Participar en un ensayo no implica renunciar al derecho a la salud, la integridad física, la información sobre la propia atención, la privacidad y el acceso a una vía efectiva de reclamo. Esas obligaciones alcanzan, según sus competencias, a investigadores, patrocinadores, comités de ética y autoridades estatales.

La disposición ANMAT 6677/2010 y la Resolución 1480/2011 establecían deberes de registro, seguridad y supervisión ética aplicables según cada período. La Declaración de Helsinki, en la versión de 2013 vigente como referencia ética cuando ocurrieron los hechos y su actualización de 2024, refuerza una regla central: la investigación científica no desplaza los derechos de las personas que participan.

En pacientes con cáncer metastásico, la complejidad clínica vuelve imprescindible documentar internaciones, decisiones médicas, cambios de tratamiento y comunicaciones de seguridad. Sin esos registros, el participante y los organismos de control pierden herramientas para saber qué ocurrió y reclamar una respuesta fundada.

En el caso Roux permanecen abiertas controversias sobre acceso a la historia clínica, evaluación del evento, asistencia y seguimiento después de su salida. En Breakwater, los puntos sensibles son los avisos tardíos, la trazabilidad de los fallecimientos y la eficacia comprobable de las medidas correctivas. Salir de un protocolo no extingue los derechos derivados de hechos anteriores.

¿Puede existir una afectación de derechos humanos aun sin probar que un medicamento causó la muerte o la internación? Sí, en principio: el derecho a la información, el acceso a registros, el seguimiento exigible y el deber estatal de fiscalización tienen contenido propio. La determinación de una vulneración concreta requiere identificar la obligación y la omisión correspondiente; atribuir además un daño clínico exige establecer la causalidad de ese daño. La pregunta deja de ser retórica cuando hay registros faltantes y decisiones de cierre insuficientemente explicadas.


Augusto Germán Roux.

¿Quién controló a los que debían controlar?

Tres escenarios, una misma exigencia pública: pacientes oncológicos del Fleming, voluntarios del ensayo COVID-19 en el Hospital Militar y pacientes hospitalizados que recibieron fentanilo debían estar protegidos por controles diferentes. Ninguna de esas historias permite imputar automáticamente responsabilidades de una a otra. Todas obligan a mostrar qué se advirtió, qué se hizo y qué se verificó.

Las preguntas para ANMAT, Pfizer y las instituciones siguen siendo precisas: ¿dónde están los informes trimestrales y las pruebas de eficacia de las correcciones de Breakwater? ¿Qué datos del participante 002 entraron finalmente al análisis? ¿Cómo se documentó el seguimiento ético y clínico de los 52 afectados por el error de dosificación? ¿Qué asistencia y registros recibió Roux? ¿Qué criterio sostuvo el archivo frente a los 19 hallazgos? Son preguntas que admiten respuestas documentales, no consignas.

Corte documental: 17 de noviembre de 2026. El procesamiento de Bisio se consigna en su estado procesal conocido, con la impugnación de su defensa.

Cuando el control llega tarde, el paciente ya estuvo expuesto al riesgo. Y cuando el expediente se archiva sin una verificación reconstruible, la pregunta deja de ser qué detectó ANMAT: pasa a ser qué hizo con lo que sabía. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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