El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego adjudicó en forma directa a Nómade Soft SRL un contrato de 105,3 millones de pesos por seis meses de soporte, mantenimiento y capacitación de sus sistemas informáticos. La compra llevó las firmas del entonces presidente, Miguel Longhitano, y del vocal de Auditoría, Hugo Sebastián Pani. El 13 de octubre, ya como presidente a cargo, Pani firmó junto con la conjueza Claudia Marcela Becerra el archivo de la investigación sobre esa misma contratación, sin determinar si el programa ofrecido como reemplazo era, como denunció Cumbresoft, el mismo software con otro nombre.
La denuncia se preguntaba si el Tribunal había contratado un programa nuevo para gestionar sus expedientes o había aceptado el mismo producto con otro nombre. El organismo dio por probado que recibió los servicios que pagó y que su equipo de Informática había evaluado si el programa podía funcionar con los sistemas existentes. Para saber si se trataba del mismo software, sostuvo que hacía falta un peritaje y que la controversia correspondía a la Justicia. El expediente se cerró con esa pregunta pendiente.
Nómade Soft SRL prestaba servicios al Tribunal mediante contrataciones directas desde 2023. En julio de 2025, el área de Informática había sostenido que era la única empresa en condiciones de mantener el conjunto de los sistemas que usaba el organismo. En enero de 2026, cuando se preparaba otra renovación, la propia Nómade informó que había terminado su acuerdo para representar el programa con el que se gestionaban los expedientes y ofreció un reemplazo.
Para entonces, otro organismo provincial ya había cambiado de rumbo ante una objeción similar. En diciembre de 2025, Cumbresoft SAS se presentó ante el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) y afirmó que era titular de los derechos sobre el programa de expedientes y que Nómade había perdido la autorización para ofrecerlo. Nómade reconoció que había incluido por error en su presupuesto el producto alcanzado por el acuerdo anterior y presentó una cotización corregida. El IPRA consideró que ya no tenía fundamentos para seguir con la compra directa por exclusividad, la dejó sin efecto y ordenó iniciar una licitación pública.
Cumbresoft le envió ese antecedente al Tribunal y pidió que suspendiera la parte de la compra referida al programa de expedientes. Según la empresa, el supuesto reemplazo era el mismo software con otro nombre. El Tribunal consideró que el reclamo había llegado fuera de plazo y que Cumbresoft no había participado como oferente. Siguió adelante con la compra directa y contrató a Nómade por otros seis meses, con el reemplazo incluido, y recién después, con la decisión ya tomada, abrió una investigación para examinar la denuncia.
El Tribunal puso la investigación sobre la impugnación presentada por Juan Carlos Martínez, administrador titular de Cumbresoft SAS, en manos de la abogada Natalia Ortelli Otamendi y de Pablo Lorenzo Escobar, director de Informática y Comunicaciones. Así, en la revisión intervino el responsable de la misma área que había evaluado el programa ofrecido por Nómade y dado el visto bueno técnico para que la compra siguiera adelante. La dirección de Administración aportó los expedientes y los comprobantes de pago, y Ortelli Otamendi firmó el dictamen que el Plenario aprobó al cerrar la investigación.
Mientras la investigación seguía abierta, el Tribunal continuó ordenando pagos a Nómade Soft. Dos órdenes vinculadas al contrato sumaron 35,1 millones de pesos. La adjudicación directa fue por 105.333.057,78 para seis meses de servicio. La resolución fijó un precio global para todos los sistemas contratados, por lo que queda por determinar cuánto correspondía al módulo de gestión de expedientes cuestionado por Cumbresoft.
El informe final sostuvo que las compras tenían respaldo técnico, legal y presupuestario, y que las áreas del Tribunal habían certificado que Nómade prestó el servicio. También señaló que la empresa había ofrecido el reemplazo antes del primer reclamo de Cumbresoft. Sobre el punto central de la denuncia, el dictamen reconoció que hacía falta una revisión especializada para determinar si el programa ofrecido reproducía partes protegidas del anterior. El Tribunal entendió que esa disputa debía resolverse en la Justicia y que, con la documentación reunida, no se habían acreditado irregularidades administrativas. El 13 de octubre, el Plenario aprobó el dictamen y archivó la investigación.
El organismo de apuestas entendió que la controversia bastaba para abrir su compra a la competencia. El Tribunal de Cuentas mantuvo la contratación directa y, cuando le tocó revisar cómo había gastado sus propios fondos, se apoyó en los controles de las áreas que ya habían dado el visto bueno. Así cerró el expediente sobre su propia compra sin determinar si el programa que aceptó como reemplazo era distinto del que dio origen a la denuncia, desatando una polémica que aún se mantiene en pie. (www.REALPOLITIK.com.ar)