Viernes 20 de noviembre de 2026

Judiciales

Gungner e Inmalsa

La Plata: investigan a Marcos García por estafas inmobiliarias a más de 50 familias

20/11/26 | Tres allanamientos por las estafas inmobiliarias atribuidas a Marcos Ignacio García. Investigan posibles nexos con miembros de la UOCRA y policías bonaerenses.


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La Justicia de La Plata y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Tigre llevan adelante investigaciones penales unificadas contra Marcos Ignacio García por estafas reiteradas en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. De acuerdo con los expedientes judiciales, las denuncias involucran a más de 50 familias e inversores en ambas jurisdicciones, y ya se han concretado tres allanamientos en el marco de la recolección de pruebas.

Modalidad de las operaciones 

Según consta en las declaraciones testimoniales de damnificados, exempleados y exsocios incorporadas a la causa, la operatoria consistía en solicitar adelantos financieros —que oscilaban entre el 30 y el 100 por ciento del valor total— para la ejecución de viviendas, edificios, galpones y locales comerciales que posteriormente quedaban inconclusos o sin iniciar. Asimismo, las denuncias reportan la comercialización de unidades inexistentes en los planos aprobados (como pisos superiores no proyectados) y la venta de departamentos en pozo pertenecientes a desarrollos de terceros.

 

La doctora Marisa Vera, abogada querellante en una de las causas que tramitan en Tigre, detalló el mecanismo contractual denunciado: “Nunca se formalizaban contratos; los presupuestos se enviaban por correo electrónico y se exigían pagos en efectivo o entrega de bienes para evitar registros bancarios, documentando las operaciones únicamente mediante planillas de entrega”. En el caso representado por la letrada, el damnificado entregó aproximadamente 220 mil dólares y ocho vehículos (registrados a nombre de terceros) para cuatro obras distintas, registrándose avances mínimos o nulos en cada una de ellas.

Vera señaló que el patrón se repite en otros expedientes, afectando incluso a beneficiarios de créditos Procrear en La Plata, y sostuvo que el imputado utilizaba distintas razones sociales —como Gungner e Inmalsa— para trasladar las operaciones y diluir responsabilidades patrimoniales. En términos legales, la querella encuadra los hechos en el delito de estafa (artículo 172 del Código Penal).


Presuntos socios de García.

Posibles conexiones institucionales y recalificación de la causa 

El caso vuelve a poner de relieve la compleja situación que atraviesa el mercado de desarrollos inmobiliarios en La Plata, una ciudad que arrastra años de desorden en materia de planificación urbana y habilitaciones. En ese contexto, la gestión municipal que lleva adelante Julio Alak viene impulsando un proceso de revisión y regularización de urbanizaciones y barrios privados que avanzaron durante administraciones anteriores sin completar los procedimientos legales ni obtener las correspondientes convalidaciones provinciales. La suspensión de cientos de desarrollos y el avance de una nueva normativa de ordenamiento territorial forman parte de ese intento por recuperar controles, establecer reglas claras y evitar que las irregularidades administrativas terminen convirtiéndose en perjuicios económicos para vecinos, compradores e inversores.

En ese marco, se investigan nexos con integrantes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y efectivos de la Policía Bonaerense, indagando si existieron contraprestaciones en metros cubiertos o promesas de pago a cambio de facilidades administrativas o respaldo territorial. Cabe señalar que el imputado registra antecedentes por emisión de cheques sin fondo en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) y una causa previa vinculada a la explotación de juego clandestino.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que, a raíz de denuncias recientes por tentativa de usurpación y presunta falsificación de documentos públicos, las partes acusadoras evalúan solicitar una recalificación legal bajo las figuras de asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de requerir medidas de coerción procesal para los involucrados.

Finalmente, desde el sector inmobiliario local se ha recomendado a los desarrolladores reforzar los controles de acceso y verificación de identidad en las obras en ejecución, tras reportarse visitas de personas que, invocando representaciones gremiales o interés como inversores, habrían relevado información fotográfica de distintos emprendimientos de la región. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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