Esta mañana un enorme despliegue de personal de Gendarmería llegó al predio ubicado en Rivera al Sur 1190 de Lomas de Zamora. Momentos desesperantes y de mucha angustia se vivieron cuando los propietarios le pedían a las fuerzas de seguridad que no los desalojaran. Mientras, las topadoras perforaban techos y paredes que se derrumbaron ante el llanto de las familias. En pocas horas, solo ruinas quedaban en el barrio lomense.
La estafa fue a 232 familias que habían construido sus viviendas a fuerza de trabajo. El terreno lo adquirieron de unos supuestos dueños: un padre y sus dos hijos que vivían en el barrio y que ya están detenidos.
Mediante un plan que consistía en un "primer pago” como adelanto y cuotas, las familias habían logrado concretar el sueño del techo propio. Vivían en el lugar hacía tres años y tan solo hace un mes se habían enterado que todo fue una trampa.
Carlos Pousa, abogado de las familias estafadas, se mostró molesto con el operativo y la decisión de Villena. “Gendarmería llegó con una orden de demoler las viviendas que no estaban ocupadas, estructuras vacías, pero son casas a las que solo les falta revoques y donde vive gente”, dijo. “Esto no es un asentamiento. Las personas compraron un terrero y tenemos los contratos de compra-venta por valores que van de los 500 mil a 3 millones de pesos”.
Y añadió. “Pero Gendarmería llegó y empezó a tirar todo. La familia que se resistió está presa. Hay un procedimiento brutal con golpizas y palazos. Estoy diciendo que las topadoras rompieron viviendas de hormigón armado. Un desmán”, se quejó.
Al parece el trío que está detenido falsificó papeles y se adjudicó la soberanía del predio. Pero un reclamo ante la Justicia por parte de los dueños del Mercado Central dio un giro. “Dicen que les pertenece -agregó el abogado–, ¿pero después de tres años se dan cuenta que el predio estaba ocupado?. Recién en enero de este año hicieron la denuncia y hoy las familias quedan en la calle”.
Pousa aclaró que la familias estafadas "no cometieron ningún acto ilegal. No están en la clandestinidad". Y compleó: "Hay treinta prsonas que tiene el DNI con ese domiclio. Es decir, hasta el gobierno local sabía de la existencia de que aquí vivían familias. Hay funcionarios del gobierno y concejales que venían al barrio. Nunca dijeron que esto era clandestino. Esto es una estafa inmobiliaria, no son okupas". (www.REALPOLITIK.com.ar)