Salta: Salvaje represión contra habitantes de los pueblos originarios

La provincia de Salta es un verdadero aquelarre. Ayer causó escozor a nivel nacional la noticia de que 59 concejales y funcionarios cobraron indebidamente la IFE, situación que blanqueó que perciben sus dietas mayoritariamente en negro, para evadir aportes. Más tarde se supo que habían cursado sus solicitudes más de 300.

Mientras que la novedad tomaba estado público, los habitantes originarios de  Colonia Santa Rosa, en lucha por los terrenos de su comunidad, fueron objeto de una brutal represión por parte de la Policía de Salta. Las víctimas eran miembros de la comunidad guaraní Cherú Tumpa. Una mujer permanece detenida.

La acción de violencia fue denunciada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Hubo represión con balas de goma y al cabo de la acción las fuerzas policiales se llevaron “arrestada sin orden judicial, brutalmente golpeada y arrastrada y llevada a la comisaría 9 de Orán (Salta)” a Yamila Belizan, vocera de la comunidad. 

“Los efectivos policiales que actuaron eran todos hombres incumpliendo la ley. Entre los heridos hay un bebé”. También amenazaron con detener al cacique para que la comunidad quedara desarticulada, “sin sus autoridades tradicionales”. Pero la cuestión no concluyó allí, ya que en el hospital “no les quieren recibir para constatar las heridas y certificar la represión”. 

El comunicado denuncia finalmente que “se está llevando adelante una guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas, con el objetivo de exterminarnos y permitir el emplazamiento de empresas extractivistas”.

Hasta ahora, la exigencia de la comunidad guaraní de “que se hagan presentes y detengan la represión policial" los organismos que los representan a nivel nacional y provincial no encontró eco alguno. 

La disputa territorial se originó cuando la comunidad ocupó los terrenos ante la aparición de un supuesto vendedor. “Un intermediario quiso vender la tierra que es para nuestra comunidad”, con el aval de las autoridades salteñas. “Había muchos niños, niñas y mujeres mayores. Creen que pueden hacer lo que quieran por un decreto. Están violando nuestros derechos”, denunciaron las víctimas.  

Las imágenes de la represión son desgarradoras. Sin embargo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presidido por Magdalena Odarda, y el intervenido Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) no ejecutaron acción alguna.

“Están violando nuestros derechos”, reclamaban las víctimas. Lamentablemente no es la novedad sino la regla en la provincia norteña, sin solución de continuidad aunque los gobiernos cambien. (www.REALPOLITIK.com.ar)

APOYÁ A
REALPOLITIK

Periodismo independiente.
Información sin censura.

COLABORÁ DESDE $290 POR MES

COMENTÁ / VER COMENTARIOS