
Legislativas
La eliminación de la cédula azul, impulsada por el gobierno de Javier Milei, encarece trámites vehiculares, beneficia a escribanos y deja a ciudadanos y empresas sin soluciones prácticas ni accesibles, exponiéndolos a riesgos legales y económicos.
En un intento por “modernizar” el sistema y reducir costos, el gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, decidió eliminar la cédula azul y modificar las normativas de la cédula verde. Sin embargo, estas medidas han desmantelado el régimen automotor argentino, dejando a propietarios y conductores en una situación de desprotección y abriendo la puerta a problemas legales, económicos y de seguridad.
La cédula azul, que permitía a los propietarios de vehículos autorizar a terceros a conducir de forma simple y segura, fue eliminada sin ofrecer una alternativa funcional. En lugar de un trámite accesible que costaba 6.400 pesos, los ciudadanos deben ahora recurrir a poderes notariales, cuyo costo puede superar los 140 mil pesos. La medida, que favorece enormemente a los escribanos públicos, fue una iniciativa del subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, quien casualmente también desempeña dicha profesión.
La cédula verde, por su parte, sigue siendo válida pero ya no tiene vencimiento, lo que plantea graves riesgos. Si un vehículo robado cuenta con esta documentación, los delincuentes pueden circular por el país sin ser detectados, dejando al propietario legítimo indefenso frente a la justicia. Además, eliminar la fecha de vencimiento desincentivará las transferencias de propiedad, facilitando la compraventa informal y aumentando las irregularidades fiscales.
El gobierno también permite que los vehículos sean patentados en cualquier registro del país, afirmando que esto reduciría costos. Sin embargo, esta medida no representa un ahorro real. El arancel registral es uniforme en todo el país (1 por ciento del valor del vehículo), y los impuestos dependen del domicilio del propietario, lo que significa que no hay diferencia económica al registrar un vehículo en Neuquén o Buenos Aires.
Además, se ha anunciado el cierre de más de ciento treinta registros automotores, pero en realidad solo se ha tratado de una unificación administrativa. En localidades donde un mismo encargado gestionaba registros de automotores, motovehículos y maquinaria, ahora estas oficinas operan bajo un único número. Esto no reduce gastos ni para el estado ni para los usuarios.
Por otro lado, la eliminación de la cédula azul y los cambios regulatorios han liberado el mercado automotor a favor de los escribanos. Un ejemplo claro es que hoy un vehículo como una Toyota Cross puede superar los 40 mil dólares, un valor similar al de una pequeña propiedad en barrios de clase media. Sin embargo, mientras los costos de escrituración son un tema discutido en el ámbito inmobiliario, el impacto de estos montos en el mercado automotor apenas se menciona.
Desde el proyecto del subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, se ha propuesto incluso eliminar la verificación policial y la obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Estas medidas no solo incrementan los riesgos en términos de seguridad vial, sino que subestiman el conocimiento técnico necesario para garantizar que los vehículos estén en condiciones de circular.
El gobierno ha prometido reemplazar la cédula azul con autorizaciones digitales a través de la app Mi Argentina. Sin embargo, esta funcionalidad aún no está plenamente operativa. En un país con serias brechas digitales y problemas de conectividad, especialmente en las rutas del interior, esta solución resulta insuficiente y deja a los ciudadanos sin herramientas prácticas para cumplir con la normativa.
El régimen automotor argentino, que sostiene un mercado de créditos prendarios y operaciones financieras que superan los 20.000 millones de pesos, está siendo desmantelado sin una regulación clara ni efectiva. Además, la posibilidad de que concesionarios puedan patentar vehículos directamente, sin pasar por los registros del automotor, amenaza con debilitar los controles sobre las operaciones legales, un riesgo comparable a que las inmobiliarias inscriban propiedades sin intervención de escribanos.
En lugar de simplificar y modernizar, las decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei han complicado trámites esenciales, beneficiando a sectores elitistas y dejando a los ciudadanos desprotegidos. Mientras el discurso oficial habla de modernización, los hechos muestran un desmantelamiento peligroso de un régimen que llevó más de cincuenta años construir. (www.REALPOLITIK.com.ar)
¿Qué te parece esta nota?
MÁS NOTICIAS