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Finalmente, y luego de que se acumulen las denuncias y los reclamos sobre la manipulación de una licitación de más de 4.000 millones de pesos en muebles escolares, el gobierno de Axel Kicillof se vio obligado a retrasar la apertura de ofertas en casi un mes.
La investigación de REALPOLITIK sobre presuntas irregularidades en las licitaciones públicas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires sigue sumando evidencia. Recientemente, el proveedor que inicialmente denunció la manipulación de los pliegos licitatorios para favorecer a una empresa específica dio un nuevo paso: envió una carta documento al gobernador Axel Kicillof, exigiendo su intervención en el expediente. En consecuencia, la gestión bonaerense se vio obligada de forma inédita a retrasar la celebración de la compulsa, que ahora quedó en el centro de una profunda investigación.
El documento tuvo como destinatarios, además de Axel Kicillof, al fiscal de estado Hernán Gómez, el contador General de la provincia, Carlos Baleztena, el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Thea, el tesorero General, David Jacobi y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.
En la carta documento, la empresa denunciante reiteró que las irregularidades en las licitaciones no son casos aislados, sino parte de un esquema sistemático de corrupción administrativa. Según la presentacióin, en el caso denunciado, las especificaciones técnicas del pliego no responden a criterios de calidad, resistencia, durabilidad ni ergonomía de los muebles escolares a adquirir, sino que fueron diseñadas exclusivamente para favorecer a un proveedor determinado.
Se trata de la licitación pública 09/2024, que tenía fecha de apertura de ofertas en las próximas horas, y que ahora fue corrida al 20 de febrero. La misma tiene como objetivo la adquisición de mobiliario escolar y cuenta con un presupuesto de 4.383.140.500 pesos, que pueden incluso ser ampliados en un 100 por ciento, admitiendo además redeterminación de precios. La decisión llama poderosamente la atención, ya que ni siquiera en las peores épocas inflacionarias de nuestro pais se hacia uso de esta facultad, aún cuando estaba permitido en la normativa. Llamativamente, ahora que la inflacion está más contenida, incluso con disminuciones en algunos sectores, el gobierno de Kicillof parece haberla considerado.
Resulta alarmante no sólo la enorme cantidad de dinero que está en juego, sino también que las sospechas de corrupción recaigan sobre un rubro tan sensible como la educación de los más chicos.
"Estos requisitos no son más que una barrera de ingreso para cercenar la concurrencia de oferentes y direccionar la licitación a un determinado grupo económico", señaló la empresaria en su denuncia. Además, advirtió que este grupo beneficiado ya ha sido señalado en otras causas por hechos de corrupción, lo que agrava la situación.
La presentación de la carta documento representa un punto de inflexión en el avance del caso. No solo ratifica la existencia de un esquema ilícito en la adjudicación de contratos públicos, sino que además coloca a Axel Kicillof en el centro de la escena, exigiendo su intervención directa.
Hasta el momento, el gobierno provincial no ha emitido una respuesta oficial sobre el caso. Sin embargo, crecen las expectativas sobre posibles acciones judiciales o administrativas que podrían derivarse de esta nueva denuncia.
En las últimas horas, la investigación que llevó adelante REALPOLITIK y los reclamos de los proveedores perjudicados por la maniobra de corrupción, obligaron a actuar al ministro Alberto Sileoni, quien se vio obligado a retrasar la licitación, que estaba planteada para el 31 de enero, y ahora se celebrará el 20 de febrero. La medida representa un duro golpe para la gestión de Kicillof y una bocanada de aire fresco para quienes luchan por un sistema licitatorio más transparente.
El escándalo pone en jaque la transparencia de las licitaciones en la provincia de Buenos Aires y refuerza la necesidad de una reforma en la normativa vigente para garantizar procesos más justos y equitativos, eliminando en primera instancia y como medida urgente el pago de una garantia de impugnacion para que los interesados puedan cuestionar u observar el pliego. La exigencia de una mayor fiscalización y la eliminación de barreras que limitan la libre competencia en las contrataciones públicas se vuelven ahora demandas impostergables. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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