Despedidos de ACARA: La gestión de Mariano Cúneo Libarona se desentiende del conflicto

Tal y como viene retratándolo este medio, el conflicto entre los trabajadores despedidos de ACARA y el ministerio de Justicia continúa agravándose. Luego de meses de incertidumbre y reclamos sin respuesta, una audiencia realizada el pasado 7 de febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no logró destrabar la situación y terminó en un rotundo fracaso.

Una reunión sin acuerdos

La audiencia contó con la presencia de la subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Claudia Testa; la directora de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro; representantes del gabinete de asesores del ministerio de Justicia y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Los trabajadores expusieron sus reclamos con claridad:

• Pago de indemnizaciones por los despidos.
• Aplicación del artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo en lugar del 247, para garantizar una indemnización plena.
• Pago del aguinaldo de diciembre y los bonos adeudados.
• Cumplimiento del pago de incentivos al personal.
• Reincorporación de los despedidos que aprobaron el examen de idoneidad.

Sin embargo, cuando llegó el turno de los representantes del ministerio de Justicia, la respuesta fue contundente y cerró cualquier posibilidad de negociación. En cuestión de segundos, los funcionarios libertarios rechazaron “la totalidad de las manifestaciones vertidas, por resultar falaces y exceder el objeto de la demanda judicial”, dando por terminada la reunión de inmediato.

Las conclusiones de los trabajadores

Ante este panorama, los trabajadores despedidos sacaron tres conclusiones clave. En primer lugar, sostienen que la resolución 376/2024, firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona y que dispuso los despidos, se fundamenta en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nro. 70, el cual fue declarado inconstitucional.

Por otro lado, el ministerio justifica la desvinculación bajo un supuesto contexto de emergencia económica, cuando la procuración del Tesoro de la Nación ya determinó que los fondos de ACARA no forman parte del erario público. Finalmente, Cúneo Libarona habría incurrido en un exceso de competencia al ordenar a una asociación civil, que no pertenece al ámbito del derecho público, que dejara sin efecto los contratos de sus empleados.

Un limbo legal que se extiende

Con la audiencia finalizada sin acuerdos y sin voluntad de diálogo por parte del gobierno, los trabajadores despedidos continúan movilizándose en el ámbito judicial para que se declare la nulidad de las desvinculaciones. Con el fin de la feria judicial, los pasillos de tribunales se han convertido en su principal escenario de lucha, mientras esperan una resolución que les permita recuperar sus derechos laborales.

Por ahora, el ministerio de Justicia del gobierno de Javier Milei sigue sin dar respuestas concretas, dejando a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad y con un futuro cada vez más incierto, exponiendo, cuanto menos, serios indicios de ilegalidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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