Axel Kicillof decidió avanzar con la licitación 09/2024, hecha a la medida de un solo proveedor

El escándalo en torno a la licitación pública 09/2024 de la dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, por un mínimo de 4.000 millones de pesos, sigue escalando. Tras las denuncias iniciales por direccionamiento de pliegos, la presentación de impugnaciones y la posterior postergación de la apertura de ofertas, el gobierno de Axel Kicillof publicó una circular en respuesta a las quejas de los proveedores afectados. Sin embargo, lejos de corregir las irregularidades, la gestión provincial mantuvo las mismas condiciones denunciadas, dejando en evidencia su intención de favorecer a un proveedor específico.

Una respuesta vacía y sin cambios

Ante las denuncias presentadas por distintos oferentes, la administración bonaerense se vio forzada a emitir una circular en la que, presuntamente, debía aclarar y rectificar los cuestionamientos sobre los pliegos. Sin embargo, las modificaciones fueron inexistentes. Las respuestas dadas a las consultas no solo ratificaron las exigencias originales, sino que incluso reforzaron la sospecha de direccionamiento de la licitación.

La polémica circular del gobierno de Kicillof.

Uno de los puntos más controvertidos de la circular es la reiteración de las exigencias sobre los materiales a utilizar en la fabricación de los respaldos de las sillas escolares. Mientras que en todas las licitaciones a nivel nacional el estándar aceptado es multilaminado con formica, en esta compulsa se exigió una combinación inusual de formica, multilaminado, MDF y material reciclado. Esta especificación, según fuentes del sector, no tiene ningún valor agregado en términos de calidad o durabilidad, pero sí cumple un propósito claro: dejar afuera a la mayoría de los oferentes y beneficiar a un solo grupo empresario.

“Es algo nunca visto en todas las licitaciones de mobiliario. Todas las sillas que se construyen en el país cumplen con los mismos estándares, con variaciones menores en medidas. Esta combinación de materiales es un invento sin justificación técnica que casualmente favorece a la misma empresa que ya fue denunciada en 2018 por maniobras similares”, aseguró un proveedor damnificado.

Mecanismos de exclusión para la competencia

Otra irregularidad alarmante revelada en la circular es la condición de adjudicación cruzada de los renglones licitados. La documentación establece que la adjudicación del renglón número uno está sujeta a la del renglón número dos, lo que implica que si un oferente es rechazado en uno de los renglones, queda automáticamente fuera de ambos.

“Esta condición está planteada de forma alevosa para excluir a cualquier competidor y asegurar que el contrato quede en manos del mismo grupo económico beneficiado”, explicó otro denunciante.

Este tipo de restricciones innecesarias han sido utilizadas en reiteradas ocasiones en la provincia de Buenos Aires para manipular licitaciones, estableciendo barreras artificiales que impiden la participación de oferentes independientes.

Una postergación sin cambios reales

Si bien la presión pública y las denuncias lograron postergar la licitación, la administración de Axel Kicillof no modificó ningún aspecto de fondo. La nueva fecha para la apertura de ofertas, el 20 de febrero, mantiene intactas todas las condiciones fraudulentas que motivaron las denuncias iniciales.

El hecho de que el gobierno bonaerense no haya realizado ningún ajuste sustancial en la licitación a pesar de las evidencias presentadas refuerza la sospecha de que existe un entramado de corrupción que protege a determinados actores económicos en detrimento de la transparencia y la competencia justa.

Fuentes cercanas a la contratación señalan que existen antecedentes de adjudicaciones previas con las mismas condiciones irregulares, lo que podría derivar en una acción judicial incluso más amplia por fraude en la administración pública.

Un esquema de corrupción que sigue intacto

Este nuevo capítulo en la investigación de las licitaciones en la provincia de Buenos Aires confirma lo que los denunciantes han advertido desde el inicio: existe un mecanismo institucionalizado de corrupción en la adjudicación de contratos públicos. A pesar de la exposición mediática y la presión de los proveedores, la gestión de Axel Kicillof sigue sin dar respuestas concretas ni garantizar un proceso licitatorio transparente.

Mientras las autoridades insistan en sostener estas prácticas, la provincia de Buenos Aires continuará sumida en un sistema de contrataciones públicas viciado, que no solo perjudica a los empresarios honestos, sino que también atenta contra el correcto uso de los fondos públicos. La comunidad educativa, que debería beneficiarse de estos recursos, es la principal damnificada de un entramado que parece no tener intención alguna de cambiar. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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