Ministerio de las Mujeres bonaerense: Una gigantesca y costosa estructura que no para de sumar fracasos

Desde su creación, el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires ha estado bajo la lupa de la sociedad. A pesar de su enorme estructura y de los recursos millonarios que maneja, su impacto en la lucha contra la violencia de género ha sido prácticamente nulo. Las críticas provienen incluso de sectores feministas que cuestionan la falta de resultados y de políticas efectivas.

Una estructura burocrática descomunal

El ministerio dirigido por Estela Díaz cuenta con una estructura administrativa que, en lugar de aportar soluciones concretas, parece diseñada para sostener una burocracia cada vez más abultada. Dirigentes de su mismo espacio han criticado la cartera de Diaz, asegurando que “el ministerio no puede ser una bolsa de trabajo para las amigas y sus hijas”. En efecto, a la ministra la acompañan: Una jefa de Gabinete, Jimena Orchuela; una directora de Planificación y Evaluación Institucional, Natalia Drago; y tres subsecretarías: Políticas contra las Violencias por Razones de Género (Laureana Malacalza), Políticas Transversales de Género (Lidia Fernández) y Políticas de Género y Diversidad Sexual (Lucía Portos). Además, cuenta con una subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal (Mercedes Castilla).

Cada una de estas subsecretarías tiene, a su vez, direcciones subordinadas con empleadas, asesoras y equipos técnicos. Entre ellas se encuentran la dirección provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos; la dirección de Investigación, Planificación y Gestión de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género; la dirección de Políticas de Fortalecimiento para la Salida de Violencias por Razones de Género y la dirección de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, entre decenas de otras. Cada una de ellas con direcciones menores, asesoras y empleadas que comparten un destino en común: no haber logrado un resultado mensurable en la lucha contra los femicidios.

A esta superestructura se suman múltiples "consejos" y "mesas consultivas" que solo agregan más capas de burocracia sin que se evidencien avances concretos en la lucha contra la violencia de género.

Recursos millonarios y ninguna solución real

El ministerio cuenta con un presupuesto multimillonario que, en lugar de destinarse a medidas concretas como la asignación de tobilleras electrónicas para agresores o refugios para víctimas, se utiliza en contratos, cursos, conversatorios y charlas de dudosa efectividad. Mientras tanto, las mujeres que necesitan protección real no encuentran respuestas.

La situación en la provincia de Buenos Aires, al momento, se volvió insostenible. La falta de patrulleros, el aumento de la violencia y la insuficiencia de recursos para las fuerzas policiales han generado un fuerte reclamo social. Sin embargo, en lugar de priorizar la inversión en seguridad, el gobierno de Axel Kicillof ha desviado fondos del ministerio de Seguridad para financiar el ministerio de las Mujeres.

Contrataciones sospechosas y denuncias de corrupción

A las críticas por ineficiencia se suman denuncias sobre el mal manejo de los fondos públicos. Trabajadores del ministerio han alertado sobre la utilización abusiva del artículo 40 de la ley 10.189, que permite contrataciones directas sin licitación. Según denuncias, esta herramienta, que debería usarse solo en casos excepcionales, ha sido empleada sistemáticamente para otorgar contratos a empresas fantasma y realizar pagos millonarios sin controles efectivos.

El caso más notorio ocurrió durante la organización de los eventos por el día internacional de la Mujer, donde se contrataron servicios bajo el artículo 40 a pesar de tratarse de una fecha previsible. También se han detectado irregularidades en la contratación de transporte y en la presentación de documentación falsa para justificar gastos.

Silencio y encubrimiento en casos de violencia de género

El desempeño del ministerio en casos de violencia de género ha sido decepcionante. En lugar de defender a las víctimas, en varias ocasiones ha mostrado una actitud de encubrimiento y falta de acción. Un ejemplo es la denuncia de Claudia Núñez, madre de un niño víctima de abuso, quien descubrió que una funcionaria del ministerio patrocinaba la defensa del agresor. A pesar de solicitar audiencias para aclarar la situación, Núñez recibió respuestas evasivas y un trato irregular por parte del ministerio.

Otro caso emblemático es el de Marta Montero, madre de Lucía Pérez, quien al reclamar justicia por su hija fue silenciada por la ministra Estela Díaz. En lugar de apoyar la destitución de los jueces que absolvieron a los acusados del femicidio de Lucía, el ministerio se desentendió del tema.

El ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del gobierno que conduce Axel Kicillof representa un gasto millonario para una provincia en crisis y, sin embargo, no ha logrado generar cambios tangibles en la protección de las mujeres. Su gigantesca estructura burocrática, la falta de resultados concretos, las sospechas de corrupción y el desvío de fondos críticos como los de seguridad generan un fuerte rechazo social.

En un contexto de creciente violencia y crisis económica, se vuelve urgente repensar el destino de los recursos públicos y exigir transparencia y efectividad en las políticas de género. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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