La Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/2026 expone como pocas veces antes el deterioro de una política de estado que la Argentina sostuvo de manera ininterrumpida durante más de 120 años. Lejos de tratarse de un problema climático o de una dificultad operativa puntual, lo que hoy ocurre en el continente blanco es el resultado directo de decisiones políticas que desfinanciaron la ciencia, degradaron a la dirección nacional del Antártico (DNA), desordenaron la cadena de mando y trasladaron funciones estratégicas hacia estructuras sin capacidad ni experiencia suficiente para sostenerlas.
REALPOLITIK pudo reconstruir, a partir de testimonios coincidentes de personal científico convocado a la campaña, documentación oficial y antecedentes públicos, un cuadro de parálisis logística, improvisación y desgaste humano que ya impacta de lleno en la continuidad de los proyectos de investigación y en la credibilidad internacional del Programa Antártico Argentino.
Desde septiembre de 2025, las salidas hacia distintas bases antárticas comenzaron a sufrir postergaciones reiteradas. Lejos de responder a un esquema de planificación flexible —habitual en campañas polares—, las modificaciones se produjeron de manera desordenada, con avisos comunicados con menos de 24 horas de antelación.
Según reconstruyó este medio, en múltiples oportunidades personal científico debió trasladarse hasta Buenos Aires, asumir gastos de hospedaje y pasajes por su cuenta y reorganizar compromisos laborales y familiares, para luego ser informado de la suspensión de la salida pocas horas antes de concretarse.
Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió cuando investigadores fueron citados a primera hora de la mañana en el aeropuerto militar de El Palomar para iniciar el traslado hacia el sur. Horas después, ya con el personal concentrado, se comunicó que la operación quedaba suspendida. La escena se repitió, con variaciones, en más de una ocasión.
Las explicaciones oficiales apuntaron al estado climático de las bases o a dificultades operativas, pero las fuentes consultadas señalan que el problema de fondo es logístico y presupuestario, vinculado a la falta de medios propios de traslado, al deterioro del material disponible y a una planificación fragmentada.
A diferencia de otras actividades científicas, la investigación antártica se organiza bajo cronogramas extremadamente precisos. Cada salida implica la coordinación de vuelos, buques, ventanas climáticas y disponibilidad de bases, muchas veces compartidas con otras dotaciones o con medios que luego continúan hacia distintos destinos.
En ese contexto, una postergación no es un simple corrimiento de agenda. Cuando una fecha se modifica, el buque que debía encontrarse en determinada base ya partió hacia otro punto, el avión asignado queda afectado a otra misión o la pista no vuelve a estar disponible en semanas. La logística debe rearmarse desde cero.
Fuentes científicas involucradas en la campaña explican que, como consecuencia de este desorden, algunos grupos ya perdieron la mayor parte del tiempo de trabajo planificado en campo. En campañas diseñadas para 45 días efectivos de investigación, hay equipos que, de concretarse la salida, llegarían con apenas una fracción de ese tiempo disponible, sin posibilidad de compensarlo ni extender su estadía.
Frente a este escenario, varios grupos debieron evaluar seriamente la suspensión total de sus campañas, una decisión extrema que impacta no solo en los investigadores, sino también en compromisos asumidos con organismos internacionales y redes científicas extranjeras.
Consultadas sobre antecedentes similares, las fuentes son categóricas: hubo atrasos en otras campañas, pero nunca de esta magnitud ni con un nivel tan evidente de inoperancia logística. Lejos de corregirse, cada campaña parte de una situación peor que la anterior.
El deterioro no se limita al transporte. Según pudo saber REALPOLITIK, la indumentaria para campañas antárticas no se renueva desde 2018. Desde entonces, el personal científico reutiliza ropa en mal estado, calzado de talles incorrectos, camperas dañadas y equipamiento incompleto, una situación inadmisible en uno de los entornos más extremos del planeta.
Este cuadro refuerza una conclusión inquietante: por primera vez en más de 120 años de presencia argentina ininterrumpida en la Antártida, la investigación científica corre riesgo real de no ejecutarse, no por razones naturales, sino por decisiones políticas y administrativas tomadas en el continente por el gobierno de Javier Milei.
La crisis actual no surge de la nada. Se inscribe en un proceso más amplio de desmantelamiento progresivo de la dirección nacional del Antártico, ampliamente documentado por REALPOLITIK durante 2024. El intento de traspaso de la administración de las bases Carlini y Brown desde la DNA al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), la falta de nombramiento formal de la directora nacional, la pérdida de patrimonio, la fragmentación del personal y, sobre todo, la decisión de no solicitar presupuesto propio para la gestión de las bases durante 2025, configuran un escenario explosivo.
Esta situación fue advertida incluso en el ámbito legislativo. En marzo de 2025 se presentaron en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración y un proyecto de resolución expresando la “preocupación por la incertidumbre respecto de la realización de la Campaña Antártica 2025” y solicitando información precisa sobre la falta de recursos logísticos, el estado de los buques y los medios aéreos afectados a la campaña.
Lejos de disiparse, esas advertencias se materializan hoy en la práctica cotidiana de la CAV 2025/2026.
A este cuadro se suma la creciente intervención de actores privados en tareas logísticas antárticas. La incorporación de la empresa MIRGOR, perteneciente a la familia de Luis Caputo, en obras y operaciones vinculadas a la base Petrel abrió una nueva zona gris en la política antártica argentina.
Según información pública, la empresa avanzó en la provisión de medios aéreos y en proyectos de infraestructura, pese a las restricciones que el tratado Antártico establece para la participación privada y a la falta de experiencia comprobada en un entorno de estas características. De hecho, uno de los aviones afectados a la logística sufrió un desperfecto que redujo aún más las ya limitadas capacidades operativas de la campaña.

Para investigadores y especialistas consultados, la combinación de desfinanciamiento estatal, traspasos administrativos confusos, militarización de la gestión y apertura a intereses privados constituye una amenaza directa a la soberanía científica argentina en el continente blanco.
La Antártida no es solo un territorio remoto. Es un espacio central para la política exterior, la ciencia, la diplomacia ambiental y la proyección estratégica de la Argentina. Cada campaña que se debilita erosiona décadas de acumulación institucional y prestigio internacional.
Lo que hoy ocurre con la Campaña Antártica de Verano no puede reducirse a una sucesión de demoras. Es la manifestación concreta de un modelo libertario que relegó la ciencia, vació a la autoridad de aplicación y subordinó una política de estado a decisiones improvisadas.
Mientras tanto, los investigadores —verdaderos protagonistas silenciosos de la presencia argentina en la Antártida— siguen esperando una salida que no llega, con sus proyectos en suspenso y una certeza cada vez más extendida: sin un cambio de rumbo urgente, la campaña antártica corre el riesgo de convertirse en una formalidad vacía, incapaz de sostener aquello que durante más de un siglo fue motivo de orgullo nacional y eje del reclamo soberano argentino. (www.REALPOLITIK.com.ar)