Javier Milei volvió a hacerlo. Esta vez no fue una cadena nacional, un viaje relámpago al exterior ni una declaración histriónica contra la “casta”, sino la apertura de una nueva cuenta oficial en la red social X, orientada al público internacional y redactada íntegramente en inglés. Bajo el nombre “Milei in English – Official Account” (@JMilei_English), el presidente argentino decidió lanzar una plataforma paralela para difundir su figura, sus ideas y su narrativa política a escala global.
A primera vista, el movimiento podría interpretarse como una simple estrategia de comunicación internacional. Sin embargo, un análisis más profundo revela que detrás de esta decisión hay algo más que marketing político: un posible conflicto ético, un uso anacrónico de la plataforma y la reaparición de un esquema que ya generó fuertes cuestionamientos en el pasado reciente.
La propia descripción del perfil no deja lugar a dudas: “Javier Milei's official English account. All about Milei, his ideas, and latest news”. Es decir, no se trata de una cuenta ajena, sino de una extensión oficial de la comunicación presidencial.
Sin embargo, al igual que ocurrió durante buena parte de su primer año de gestión con su cuenta principal, la cuenta no adopta los estándares propios de los perfiles gubernamentales, como la verificación institucional (tilde gris), sino que se inscribe dentro del ecosistema de cuentas premium de X, asociadas a la monetización y al cobro por interacciones.

Esto no es un detalle menor. En X, las cuentas verificadas como gubernamentales no pueden monetizar contenido. Las cuentas con suscripción premium, en cambio, sí. La diferencia entre una y otra no es simbólica: implica la posibilidad de recibir dinero de una empresa privada por la actividad generada desde un rol institucional.
Desde el entorno presidencial se intenta justificar la nueva cuenta bajo el argumento de “llegar al mundo”. No obstante, esa explicación resulta débil y anacrónica. X permite desde hace tiempo la traducción automática e inmediata de cualquier publicación a múltiples idiomas, lo que vuelve innecesaria la duplicación de cuentas oficiales por idioma o la contratación de eventuales administradores. De hecho, otras plataformas, como Meta, ya realizan subtitulados y traducciones instantáneas no solo de texto sino también de audio y video.
La pregunta, entonces, se impone sola: ¿Para qué crear una nueva cuenta, si no es estrictamente necesaria para la comunicación institucional? La respuesta aparece cuando se observa el esquema general: crecimiento acelerado, incentivo a seguirla, alto volumen de interacción y, potencialmente, monetización.
La obsesión por “hacerla crecer” no parece responder a una lógica de estado, sino a una lógica de plataforma.
El marco normativo argentino es explícito. La ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, junto al decreto 41/1999 (Código de Ética de la Función Pública), establece que los funcionarios tienen prohibido recibir beneficios, regalos o dádivas que no obtendrían de no ejercer su cargo.
No se trata de una única norma aislada, sino de un sistema legal que protege la transparencia y evita la captura privada de la función pública. Cualquier ingreso extra derivado del rol institucional debe ser declarado, registrado y, en muchos casos, pasa a formar parte del patrimonio del estado.
Además, el Código Penal tipifica el cohecho pasivo, sancionando al funcionario que recibe dinero o beneficios para actuar -o dejar de actuar- en el ejercicio de sus funciones.
En ese contexto, recibir dinero de una empresa multinacional como X (propiedad de Elon Musk) por interacciones generadas desde una cuenta oficial presidencial no es un asunto menor ni opinable, sino una zona gris que amerita, como mínimo, control e investigación judicial.
REALPOLITIK ya documentó en 2024 cómo el presidente evitó durante meses la verificación gubernamental para seguir monetizando su cuenta personal, con estimaciones de la IA que rondaban los 5.000 dólares mensuales, una cifra incluso superior a su salario como jefe de estado.

Solo después de la publicación de esas investigaciones, Milei modificó el estatus de su cuenta y dejó de percibir esos ingresos, al menos de manera directa. La apertura de una nueva cuenta oficial reaviva las sospechas de un esquema alternativo para sostener ese flujo de dinero, ahora bajo el paraguas de una supuesta comunicación internacional.
El trasfondo político no puede soslayarse. Fue el propio Javier Milei quien facilitó el desembarco de Starlink en la Argentina, la empresa de conectividad satelital de Elon Musk, con quien mantiene una relación personal y simbólica ampliamente exhibida. Incluso en un plano más sugestivo, la imagen de perfil que el presidente utiliza en X lo muestra empuñando la motosierra que le obsequió el propio Musk, un gesto que, consciente o inconscientemente, refuerza la cercanía entre el jefe de estado y el empresario dueño de la plataforma.
Viajes oficiales, encuentros públicos, gestos de admiración mutua y ahora una plataforma X- que puede transformarse en fuente de ingresos privados para un presidente en ejercicio. El cruce de intereses es evidente y, cuanto menos, incompatible con los estándares de ética pública que rigen en cualquier república democrática.
El lanzamiento de la cuenta no fue sobrio ni institucional. Caricaturas, inteligencia artificial, música comercial y la figura del General AnCap, un superhéroe libertario del que Milei solía disfrazarse en épocas de cosplayer, vuelven a ocupar el centro de la escena. Mientras el presidente predica contra el estado y reivindica el mercado, utiliza su investidura para moverse dentro de plataformas comerciales con reglas claras: quien no es gobierno, cobra.
Más allá del personaje y de su estilo, el caso plantea un problema estructural: los límites entre función pública, redes sociales y negocios privados. La Argentina cuenta con normas claras. Lo que parece faltar es la voluntad de cumplirlas sin atajos creativos.
La apertura de esta nueva cuenta en inglés tampoco puede leerse de manera aislada. Se inscribe en una secuencia de hechos que ya tuvo un antecedente concreto: la monetización de la cuenta presidencial sin verificación gubernamental, un esquema que fue expuesto públicamente pero que nunca derivó en una investigación de oficio, ni en un pedido formal de informes, ni en una explicación clara por parte del propio mandatario.
Jamás se informó cuánto dinero cobró, durante cuánto tiempo, ni a través de qué mecanismos se canalizaron esos ingresos. La ausencia total de controles y el silencio de los organismos competentes no despejan las dudas, las profundizan. En ese contexto, la nueva cuenta oficial en inglés no disipa las sospechas: las reactiva. (www.REALPOLITIK.com.ar)