Marcelo Peretta cruzó a Kreplak por la sanción a Brandolino: "Esto es fascismo"

El conflicto desatado tras el pedido del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, de sancionar a la médica Chinda Brandolino sumó un nuevo capítulo con la intervención de Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), quien lanzó duras acusaciones contra la conducción sanitaria provincial y el rol del estado durante la pandemia.

En declaraciones a REALPOLITIK, Peretta no moderó el tono. “Es una vergüenza que el ministerio de Salud, que no se encarga de mantener la salud de los bonaerenses, sino de hacer política, pretenda callar las voces disidentes respecto de su política de salud”, sostuvo. Y fue más allá al calificar la situación como “autoritarismo total y fascismo”.

El dirigente sindical apuntó directamente contra Kreplak, a quien vinculó con prácticas que, según su visión, exceden el plano sanitario. “Se pretende disciplinar a los profesionales que piensan distinto en lugar de ocuparse de las necesidades reales de la gente”, afirmó, en línea con el eje de la controversia abierta por el propio ministerio al solicitar sanciones por opiniones vertidas en un ámbito de debate.

El trasfondo del conflicto —que ya había puesto en tensión la relación entre libertad de expresión y salud pública— adquiere así un tono más político. Para Peretta, lo ocurrido con Brandolino no es un hecho aislado: “Repudio con toda mi fuerza el planteo del ministro Kreplak y expreso mi apoyo a la doctora Brandolino y a todos los profesionales que se atrevieron a cuestionar el pésimo manejo de la pandemia”.

En ese sentido, el titular del SAFyB también cuestionó el rol de los laboratorios y la relación con los distintos niveles del estado. “Hubo un manejo arbitrario de los laboratorios encargados de sacarle plata a los ministerios de Salud, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de Nación y del resto de las provincias”, denunció.

De la pandemia al presente

Lejos de limitarse al episodio actual, Peretta reconstruyó una línea de continuidad con las decisiones adoptadas durante la pandemia de COVID-19. “Estos tipos se creen que la salud es un ejército. Confunden el ejército con la salud. Acá todo es opinable y nadie te puede bajar una línea compulsivamente”, señaló.

En ese marco, también apuntó contra las políticas de vacunación implementadas en ese período. “Obligaron a la gente a aplicarse vacunas para poder cobrar subsidios, jubilaciones o incluso para circular. Eso fue una extorsión total”, sostuvo, cuestionando la interpretación de la normativa vigente.

Las críticas escalaron aún más al referirse a las consecuencias de esas decisiones. “Está plagado de casos de personas que, confiando en la palabra de Kreplak, se enfermaron, se internaron y fallecieron”, afirmó, en una de las declaraciones más contundentes.

Jorge Mazzone, el empleado y brazo operativo de la gestión de Axel Kicillof.

Además, agregó que los productos utilizados durante la pandemia hoy están bajo la lupa judicial: “Muchos de esos productos experimentales que se autorizaron son hoy objeto de causas penales, y el estado está indemnizando a las víctimas por decisiones que tomaron ellos mismos”.

Un conflicto que expone al sistema

El cruce se da en un contexto ya cargado de tensión, luego de que el ministerio de Salud bonaerense solicitara sanciones formales contra Chinda Brandolino y otro puñado de profesionales por considerar que sus declaraciones públicas “ponen en riesgo al sistema sanitario”. La medida, canalizada a través del presidente del Colegio de Médicos, Jorge Mazzone, abrió un debate sobre los límites entre ética profesional, libertad de expresión y poder político.

En ese escenario, la intervención de Peretta refuerza una narrativa que denuncia un intento de disciplinamiento. “Se utilizó la política para callar voces disidentes en lugar de resolver los problemas sanitarios de fondo”, insistió.

El caso Brandolino, lejos de cerrarse, parece así profundizar una grieta dentro del propio sistema de salud, donde ya no solo se discuten políticas públicas, sino también quién tiene la autoridad para definir qué puede decirse y qué no en nombre de la ciencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)