El complicado momento de Hugo Sigman, rodeado por Ariel Lijo y Javier Milei  

La Justicia argentina dio un paso decisivo en una de las investigaciones más esperadas del último año: citó a indagatoria a la exministra de Salud, Carla Vizzotti; al infectólogo, Pedro Cahn; y al empresario farmacéutico, Hugo Sigman, propietario del laboratorio que fabricó localmente las vacunas contra el COVID-19 bajo licencia de AstraZeneca. La causa investiga posibles irregularidades en contratos millonarios firmados durante la emergencia sanitaria, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei prometió terminar con lo que denomina “mega monopolios” enquistados en el estado.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, resolvió convocar a declaración indagatoria no solo a la exfuncionaria que condujo el ministerio de Salud durante los momentos más críticos de la pandemia, sino también al matrimonio Hugo Sigman y Silvia Gold, dueños del Grupo Insud, un conglomerado empresarial que factura miles de millones de pesos anuales y que tiene intereses en sectores tan diversos como la biotecnología, la ganadería y los medios de comunicación.

La decisión judicial representa un punto de inflexión en una investigación que lleva meses y que podría derivar en procesamientos si se comprueba que hubo direccionamiento de contratos, sobreprecios o incumplimientos en las obligaciones asumidas por el laboratorio Mabxience Holding, SL, propiedad de los Sigman, que fue elegido para producir el principio activo de las vacunas destinadas no solo a la Argentina sino a toda América Latina.

El día que Ginés González García fue fotografíado en Madrid mientras mantenía un encuentro con Hugo Sigman.

Además de Vizzotti y el empresario, la citación alcanza a otros funcionarios de segunda línea del gobierno de Alberto Fernández y a ejecutivos del laboratorio que participaron directamente en las negociaciones y la ejecución de los contratos cuestionados.

El imperio Sigman: mucho más que vacunas

Para entender la magnitud de este caso, es necesario conocer quién es Hugo Sigman, un empresario de perfil bajo en los medios, pero con enorme influencia económica. Nacido en 1945, Sigman construyó durante décadas un imperio diversificado que comenzó en el sector farmacéutico y terminó por expandirse a otros negocios.

El Grupo Insud, su holding empresarial, controla laboratorios como Mabxience (especializado en biotecnología y biosimilares), Sinergium Biotech y otras compañías del rubro farmacéutico que abastecen tanto al mercado local como al internacional. Pero sus negocios no terminan ahí: Sigman es también un importante empresario ganadero con establecimientos en las mejores zonas productivas del país y tiene participaciones significativas en la industria del entretenimiento y los medios audiovisuales.

Su esposa, Silvia Gold, es copropietaria y participa activamente en la gestión de varias de estas empresas, conformando un matrimonio empresarial que supo construir relaciones políticas con gobiernos de diferentes signos a lo largo de los años.

Alberto Fernández promocionando la vacuna contra el COVID-19.

Milei contra el “mega monopolio”

La investigación judicial coincide con una ofensiva política del gobierno libertario de Javier Milei, quien desde su campaña electoral identificó a ciertos grupos empresariales como parte de lo que denomina “la casta” que se enriqueció a costa del estado.

En el caso específico de Sigman, la administración Milei considera que su grupo empresarial representa un “mega monopolio” que debe ser desarticulado o, al menos, controlado para evitar que continúe beneficiándose de contratos direccionados y condiciones preferenciales en licitaciones públicas.

Desde la Casa Rosada y el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, se cuestiona específicamente:

- La concentración del mercado farmacéutico en pocas manos, lo que limitaría la competencia y mantendría precios altos.

- Los contratos millonarios obtenidos durante gobiernos kirchneristas y durante la pandemia.

- La falta de transparencia en los procesos de selección de proveedores durante la emergencia sanitaria.

- Los vínculos políticos que habrían facilitado el acceso privilegiado a negocios con el estado.

En este contexto, Sturzenegger abrió la importación de vacunas contra la aftosa, una enfermedad virósica animal que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) califica de transfronteriza y que puede afectar gravemente la producción de ganado, alterando el comercio regional e internacional de animales y productos de origen animal.

Para prevenirla, se comercializan vacunas que, en la Argentina, hasta la reciente decisión del gobierno de Javier Milei, recaían principalmente en las empresas CDV y Biogénesis Bagó, que venden más de 100 millones de dosis al año al sector ganadero a precios que, según el ministerio que conduce Sturzenegger, incrementan los costos de los productores por la falta de competencia y la existencia de un “monopolio” que solo beneficiaría a Hugo Sigman.

Esta postura del gobierno nacional encuentra eco en sectores que históricamente cuestionaron la relación entre ciertos empresarios y el poder político, pero también genera resistencias en quienes consideran que se trata de una persecución ideológica contra un sector privado exitoso.

Silvia Gold y Hugo Sigman, el matrimonio detrás de la producción local de la vacuna contra el Coronavirus.

El negocio de las vacunas anti-COVID-19

Durante 2020 y 2021, en plena emergencia sanitaria global, la Argentina negoció la compra de millones de dosis de vacunas de diferentes laboratorios internacionales. Entre ellas, la desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford fue una de las más prometedoras por su menor costo y facilidad de almacenamiento.

Con el tiempo, se registraron casos de trombosis asociados a esa vacuna, desarrollada con una tecnología distinta a la tradicional —no basada en virus atenuado, sino en una proteína Spike—, lo que derivó en cuestionamientos y en su retiro en algunos países europeos.

Sin embargo, en el contexto inicial de la pandemia aparecía como una solución clave, y el laboratorio británico firmó un acuerdo con Mabxience, de los Sigman, para producir el principio activo en la Argentina, que luego sería envasado en México por otra empresa del grupo. El objetivo era abastecer a toda América Latina con una producción regional que permitiera mayor autonomía frente a las potencias que acaparaban las dosis.

El contrato implicaba inversiones millonarias, transferencia de tecnología y compromisos de entrega que debían cumplirse en plazos específicos para salvar vidas en medio de una pandemia que colapsaba los sistemas de salud.

Según la fiscalía, uno de los actores centrales en esas negociaciones fue el empresario farmacéutico Hugo Sigman.

En ese sentido, se señaló que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del estado el fallido contrato con Pfizer, había sido directora general de la fundación Mundo Sano —presidida por Silvia Gold— entre 2008 y 2013.

Además, la investigación judicial que lidera el fiscal federal Carlos Stornelli cuestiona varios aspectos de ese acuerdo:

- Precios cuestionados. Denuncias presentadas ante la Justicia sugieren que el estado argentino habría pagado valores superiores a los del mercado internacional por las dosis producidas localmente.

- Demoras en las entregas. Los cronogramas originales no se cumplieron según lo previsto, en un contexto donde cada día de demora implicaba un impacto sanitario crítico.

- Falta de transparencia. El estado de emergencia permitió contrataciones directas sin licitación pública, y se investiga si ese mecanismo fue utilizado de manera indebida.

- Conflictos de interés. Se analizan posibles vínculos entre funcionarios y empresas beneficiadas que no habrían sido debidamente declarados.

El expediente judicial que derivó en las citaciones a indagatoria para el mes de mayo está enfocado en varios puntos centrales: direccionamiento de contratos, sobreprecios, incumplimientos sin penalidades, manejo irregular de fondos públicos, y violación de normas de transparencia.

La exministra Vizzotti, como máxima responsable de la cartera sanitaria en el período investigado, deberá explicar las decisiones tomadas, los criterios utilizados para seleccionar proveedores y los controles aplicados sobre la ejecución contractual.

Por su parte, los Sigman deberán justificar los precios cobrados, explicar las demoras en las entregas y demostrar que cumplieron con sus obligaciones contractuales sin aprovecharse de una eventual posición privilegiada.

La extensa amistad que une a Axel Kicillof con Leandro, el hijo de Hugo Sigman.

Próximos pasos judiciales

Las indagatorias están programadas para las próximas semanas. Se trata de una instancia clave del proceso penal, en la que los imputados pueden declarar o abstenerse, y en la que el juez evaluará si existen elementos suficientes para avanzar hacia un procesamiento.

Si el magistrado considera que hay pruebas de delito, podría dictar procesamientos con o sin prisión preventiva, aunque en este tipo de causas lo habitual es que los imputados permanezcan en libertad mientras continúa la investigación.

La defensa de Vizzotti ya anticipó que la exministra se presentará a declarar y aportará la documentación necesaria para demostrar que las decisiones adoptadas fueron correctas y ajustadas a derecho en un contexto excepcional.

Por el lado del matrimonio Sigman, sus abogados sostienen que el laboratorio cumplió con todos sus compromisos contractuales, que los precios fueron los acordados internacionalmente con AstraZeneca y que cualquier demora estuvo justificada por los desafíos técnicos de producir una vacuna en tiempo récord.

Una preocupación creciente para uno de los empresarios más influyentes de la Argentina, que por estas horas calibra sus próximos pasos. (www.REALPOLITIK.com.ar)