Denuncian a Claudio Stivelman y crece la presión sobre Mario Lugones
Por: Luciano Barroso
Una nueva denuncia penal en preparación vuelve a poner en el centro de la escena al funcionario Claudio Stivelman, esta vez por presuntas irregularidades vinculadas a la obra social OSPRERA, en un contexto ya tensionado por las revelaciones de REALPOLITIK sobre su participación en sociedades offshore radicadas en Panamá. El caso suma un nuevo frente de conflicto dentro del sistema de salud y comienza a generar ruido político en el entorno del ministro Mario Lugones.
Según pudo saber este medio, la presentación judicial se encuentra en etapa de elaboración y sería presentada en los próximos días ante la Justicia Federal. El escrito apuntaría a posibles delitos contra la administración pública y pondría el foco en un entramado de relaciones dentro del sistema sanitario que, de confirmarse, podría configurar conflictos de intereses e incompatibilidades funcionales.


Uno de los ejes centrales del planteo sería la designación de Gonzalo Mujico como gerente de compras de medicamentos en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), actualmente intervenida. De acuerdo con la información relevada, su entorno más cercano también habría sido incorporado a la estructura, incluyendo a su pareja como secretaria, lo que refuerza las sospechas sobre un esquema de confianza interna más que criterios técnicos.
El borrador de la denuncia señala que Mujico habría tenido participación previa en empresas del sector privado de la salud, particularmente en la firma Modum SA, y mantendría además un vínculo directo con Stivelman. Esta combinación —antecedentes empresariales, funciones estratégicas y relaciones personales— es interpretada como un posible indicio de conflicto de intereses que debería ser investigado por la Justicia.


Además, se intentará determinar si su designación respondió a decisiones autónomas dentro de OSPRERA o si existieron sugerencias, avales o presiones desde la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que tiene a su cargo el control de estas entidades.
El caso suma otro elemento sensible: Mujico no sólo habría ocupado un rol clave en OSPRERA, sino que actualmente también tiene funciones en la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, otra entidad intervenida dentro del mismo esquema de control. Ambas intervenciones están bajo la órbita del tándem Stivelman–Lugones, lo que refuerza la hipótesis de concentración de decisiones y designaciones en un círculo reducido.
Para el denunciante, este tipo de movimientos no serían aislados sino parte de una lógica de funcionamiento donde determinados nombres se repiten en cargos estratégicos. En ese contexto, la presentación judicial buscaría establecer si Mujico actuó como socio, testaferro o simplemente como empleado de confianza de Stivelman, una definición clave para determinar responsabilidades.
La futura denuncia también advertía sobre posibles decisiones discrecionales dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud, en áreas sensibles como la administración del Registro Nacional de Agentes del Seguro o la declaración de estados de crisis de distintas obras sociales.
En ese marco, se cuestiona además la continuidad real de la conducción tras la salida del exsuperintendente Gabriel Oriolo, ya que —según el planteo— el control efectivo del organismo habría quedado en manos de Stivelman, quien proviene del sector privado regulado.
Desde el punto de vista jurídico, los hechos podrían encuadrarse en figuras como negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y, eventualmente, administración fraudulenta en perjuicio del estado.
El escenario se vuelve aún más delicado luego de que este medio difundiera una investigación periodística que vinculó a Stivelman con sociedades offshore en Panamá. Si bien la denuncia en preparación no se centra exclusivamente en ese punto, el contexto amplifica el impacto político y mediático del caso y refuerza los cuestionamientos sobre su perfil patrimonial y sus vínculos empresariales.

Para el entorno de Lugones, la situación representa un nuevo foco de tensión en un área particularmente sensible como el sistema de salud, donde las intervenciones y decisiones regulatorias tienen impacto directo sobre millones de afiliados.
Con este panorama, la combinación de sospechas, designaciones cruzadas y antecedentes internacionales comienza a configurar un escenario incómodo para el gobierno de Javier Milei. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las hipótesis, pero si la denuncia se concreta, el caso promete escalar rápidamente en la agenda judicial y política nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)