A treinta años del asesinato de José Rafael Llenas Aybar, el niño dominicano de 12 años cuyo crimen estremeció a República Dominicana en 1996, el caso volvió a instalarse en la agenda pública regional. La salida en libertad de Mario José Redondo Llenas, condenado por el homicidio de su primo, reabrió una pregunta que nunca terminó de cerrarse: qué papel habrían tenido los integrantes de la familia Palmas Meccia, vinculada entonces a la embajada argentina en Santo Domingo.
En las últimas horas, distintos medios dominicanos retomaron el expediente, las dudas históricas y las declaraciones evasivas de Redondo Llenas, quien evitó profundizar sobre la eventual participación de terceros. Listín Diario, Diario Libre, Hoy y El Nacional, entre otros, volvieron sobre la posible implicancia de la familia argentina y sobre los límites que impuso la inmunidad diplomática en aquel momento.
El nombre de los Palmas Meccia no es nuevo para REALPOLITIK. En noviembre de 2022, este medio publicó una investigación sobre Sergio Palmas, hijo de la exembajadora argentina Teresa Meccia de Palmas, quien por entonces se desempeñaba como funcionario del ministerio de Turismo y Deportes durante la gestión de Matías Lammens, en la gestión de Alberto Fernández.
Aquella nota reconstruía los antecedentes familiares que rodearon a la representación argentina en República Dominicana: denuncias, escándalos diplomáticos, acusaciones de corrupción, señalamientos por narcotráfico y, especialmente, la sombra del crimen de Llenas Aybar, por el cual fueron mencionados Luis Ángel Palmas y Martín Palmas Meccia, esposo e hijo de la entonces embajadora.
El caso conmocionó a República Dominicana no solo por la brutalidad del asesinato, sino por las versiones que comenzaron a circular durante la investigación judicial. José Rafael Llenas Aybar tenía apenas 12 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado de 34 puñaladas. Su cuerpo apareció atado y abandonado en las inmediaciones de Arroyo Lebrón, cerca de una propiedad vinculada a la entonces representación diplomática argentina.
Con el correr de los días, la investigación derivó en una trama oscura que mezcló acusaciones de manipulación psicológica, presuntos rituales satánicos, consumo de drogas, relaciones de poder y posibles encubrimientos diplomáticos. Fue en ese contexto que Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez señalaron a Luis Ángel Palmas y a Martín Palmas Meccia como supuestos autores intelectuales del crimen.
Las declaraciones provocaron un terremoto político y mediático en Santo Domingo. Mientras crecían las sospechas, Teresa Meccia de Palmas abandonó República Dominicana junto a su familia bajo protección diplomática. La salida estuvo rodeada de escándalo: manifestantes llegaron a irrumpir en un acto de despedida de la embajadora reclamando la entrega de su esposo e hijos a la Justicia dominicana.
Aunque aquellas acusaciones jamás fueron probadas judicialmente, el episodio dejó una marca profunda en la relación bilateral entre ambos países y convirtió al caso Llenas Aybar en uno de los expedientes criminales más controversiales de América Latina.
En República Dominicana, el caso también dejó secuelas diplomáticas que todavía persisten en la memoria pública. Diversos analistas y medios locales sostienen hasta hoy que el gobierno de Carlos Menem evitó colaborar plenamente con las autoridades dominicanas cuando comenzaron a aparecer los nombres de Luis Ángel Palmas y Martín Palmas Meccia dentro del expediente.
La entonces embajadora Teresa Meccia de Palmas había sido designada durante el menemismo, en un contexto donde Luis Ángel Palmas aparecía identificado como un histórico operador político del peronismo y hombre cercano a sectores del poder de aquella época.
Según reconstrucciones periodísticas dominicanas, los pedidos de cooperación judicial y las posibilidades de avanzar sobre integrantes de la familia quedaron virtualmente neutralizados por la protección diplomática. Incluso, especialistas en relaciones internacionales entrevistados recientemente por medios dominicanos volvieron a cuestionar la negativa del gobierno argentino de entonces a levantar inmunidades diplomáticas o facilitar declaraciones judiciales. Treinta años después, la sospecha de un presunto blindaje político sigue atravesando el caso.

Hoy la novedad política es que Sergio Palmas, lejos de haberse retirado del esquema público, continúa vinculado al entorno del legislador porteño, Matías Lammens. Según registros oficiales consultados por este medio, el exfuncionario albertista habría pasado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con un contrato de planta permanente, alternando laboralmente entre el final de la gestión de Alberto Fernández y su posterior incorporación como asesor en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde mediados del año pasado, Palmas percibe un contrato en el ámbito legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, en un esquema que vuelve a conectar el viejo escándalo familiar con la política argentina actual.
El dato cobra mayor relevancia en medio de la reaparición mediática del caso Llenas Aybar. Mientras en República Dominicana los principales medios vuelven a preguntarse si todos los responsables fueron investigados, en Argentina el apellido Palmas continúa ligado a estructuras estatales, contratos públicos y espacios políticos vinculados al exministro Lammens.

En términos judiciales, Redondo Llenas cumplió su condena de 30 años y Juan Manuel Moliné Rodríguez ya había recuperado la libertad en 2016. Sin embargo, el caso nunca logró despejar por completo las sospechas sobre una posible autoría intelectual ni sobre las razones profundas del crimen.
Las acusaciones contra los Palmas Meccia nunca fueron probadas en sede judicial. Pero tampoco fueron completamente investigadas en República Dominicana, en parte por el retiro de la familia del país y por la protección diplomática que rodeaba a la entonces embajadora argentina.
Tres décadas después, la libertad de Redondo Llenas volvió a abrir una herida que nunca cerró. Y, en paralelo, reactivó una pregunta incómoda para la política argentina: cómo un apellido asociado a uno de los crímenes más resonantes de América Latina sigue encontrando espacio en estructuras del Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)