Precariedad y millones: Las proveedoras de limpieza de Axel Kicillof

El negocio de la limpieza estatal no sólo mueve cifras multimillonarias. También acumula anomalías difíciles de explicar. Después de que salieran a la luz las denuncias, antecedentes judiciales, conflictos laborales y sospechas de cartelización que rodean a empresas como Bio Limp, La Mantovana, Impecable Limpieza Integral, GoForward Soluciones y Grub SA, ahora aparece otro elemento inquietante: los domicilios declarados por muchas de estas firmas.

Porque detrás de compañías que facturan miles de millones de pesos al año con contratos estatales, aparecen sedes que parecen no guardar ninguna relación lógica con el volumen económico ni con la estructura operativa que deberían tener empresas de semejante dimensión.

Casillas precarias, viviendas humildes, departamentos comunes, edificios multiuso y domicilios compartidos forman parte de un mapa que abre nuevas preguntas sobre el sistema de contrataciones públicas bonaerense. Y, otra vez, la provincia de Buenos Aires parece mirar para otro lado.

Bio Limp: miles de millones y una casa humilde en un barrio humilde

Uno de los casos más llamativos es el de Bio Limp. Tal como surge de registros societarios, la empresa declara domicilio en la calle 33B número 4918, en la localidad de Plátanos, partido de Berazategui.

Pero al buscar la dirección mediante herramientas públicas de geolocalización, la imagen dista muchísimo de la estructura que uno imaginaría detrás de una empresa que factura cifras multimillonarias con el Estado.

Lo que aparece es una vivienda humilde de material, ubicada en medio de un barrio precario, rodeada de construcciones modestas y calles angostas. En el frente incluso pueden observarse neumáticos abandonados utilizados como canteros improvisados.

La escena genera un contraste brutal. Porque Bio Limp no es una pyme barrial ni una pequeña cooperativa de limpieza vecinal. Se trata de una empresa vinculada a contratos millonarios y mencionada en investigaciones relacionadas con el Servicio Penitenciario Federal, que incluso derivaron en el allanamientos de las oficinas del director, Fernando Martínez.

La pregunta surge sola: ¿Cómo puede operar una estructura empresarial de semejante magnitud desde un domicilio de esas características? Cuando el volumen de contratación estatal alcanza niveles multimillonarios, la falta de correspondencia entre capacidad operativa aparente y facturación abre interrogantes inevitables.

Especialmente en un país donde las empresas “de papel”, las sociedades instrumentales y las estructuras societarias difusas han sido históricamente utilizadas para operar alrededor del Estado.

Impecable Limpieza Integral y el fenómeno de las sedes compartidas

Otro caso llamativo es el de Impecable Limpieza Integral SRL. La firma declara domicilio en Brasil 123, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, esa misma dirección aparece asociada también a otras empresas, entre ellas San Telmo Clean y Mr. Pixel.

El fenómeno de múltiples firmas compartiendo domicilio no es ilegal. De hecho, muchas empresas funcionan en estudios contables o edificios administrativos compartidos.

Pero nuevamente aparece una situación que merece atención cuando se trata de compañías que manejan contratos públicos multimillonarios. Porque en este tipo de rubros, las empresas deberían contar con estructuras operativas importantes: logística, administración, depósitos, recursos humanos, supervisores, móviles, equipamiento, proveedores y cientos de empleados.

Sin embargo, en numerosos casos, las sedes declaradas parecen más compatibles con oficinas administrativas mínimas que con compañías que manejan servicios de limpieza de enorme escala dentro del aparato estatal. Otra vez aparece la misma sensación: empresas gigantes sobre el papel, pero con huellas físicas sorprendentemente pequeñas.

GoForward Soluciones y las sombras de Proveedora Los Estudiantes SRL

El caso de GoForward Soluciones agrega todavía más capas al entramado. La empresa declara domicilio en calle 3 número 71, en la ciudad de La Plata. Pero al observar el lugar, lo que se aprecia son pequeñas viviendas familiares y construcciones residenciales comunes, sin señales visibles de una gran estructura empresarial.

Dentro del propio sector de limpieza circula además una versión persistente: que GoForward Soluciones sería la continuidad o reconversión de Proveedora Los Estudiantes SRL, una firma que acumuló fuertes denuncias laborales, conflictos gremiales y escándalos vinculados a contrataciones estatales.

Aunque ambas sociedades presentan razones sociales distintas, actores del rubro sostienen que existirían vínculos entre las estructuras empresariales. Y allí reaparece otro elemento llamativo: el domicilio declarado por Proveedora Los Estudiantes SRL.

La firma fijó sede en calle 61 número 2925 de Necochea. Nuevamente, un edificio de usos múltiples que parece lejos de reflejar la magnitud económica de una empresa que llegó a operar en numerosos edificios públicos y organismos estatales.

Las denuncias contra Proveedora Los Estudiantes fueron particularmente graves. Trabajadores denunciaron empleo parcialmente no registrado, pagos informales, despidos arbitrarios, persecución sindical y condiciones laborales precarias. También aparecieron acusaciones sobre presuntas maniobras para simular dotaciones de personal durante inspecciones estatales.

Según publicaciones periodísticas, empleados aseguraban que cuando se aproximaban controles oficiales, integrantes de la propia conducción empresarial se colocaban uniformes para aparentar una cantidad de trabajadores mayor a la real. Las acusaciones nunca fueron menores. Tampoco aisladas.

La Justicia laboral también puso la lupa

La firma además protagonizó conflictos judiciales vinculados a despidos durante la pandemia. Tribunales laborales de La Plata ordenaron la reincorporación de trabajadoras despedidas mientras se encontraban en período de prueba, entendiendo que el decreto de prohibición de despidos vigente durante la emergencia sanitaria debía prevalecer para proteger las fuentes laborales.

La resolución judicial dejó expuesto otro dato incómodo: la empresa continuaba prestando servicios normalmente mientras reemplazaba personal despedido. Es decir, los puestos de trabajo seguían existiendo. Los fallos reforzaron las sospechas ya existentes alrededor del funcionamiento interno de la compañía y sus vínculos con contrataciones públicas.

Empresas enormes con huellas mínimas

El problema de fondo excede a una dirección puntual o a una fotografía de Google Maps. Lo verdaderamente preocupante es el patrón. Empresas que manejan miles de millones de pesos del Estado, pero cuyos domicilios aparecen en barrios extremadamente humildes; funcionan en edificios residenciales; son compartidos con otras firmas; o carecen de señales visibles de una estructura acorde a la magnitud de los contratos obtenidos.

Todo eso debería, como mínimo, activar mecanismos de control más estrictos. Porque cuando el Estado contrata, no sólo debería mirar el precio ofertado. También debería analizar capacidad operativa real, trazabilidad societaria, antecedentes, estructura administrativa y consistencia patrimonial. Más aún en una provincia atravesada por crisis financieras, endeudamiento, caída del consumo y reclamos permanentes de austeridad.

Un sistema que parece diseñado para no preguntar demasiado

El aspecto más inquietante es que todas estas señales parecen convivir con absoluta normalidad dentro del sistema de contrataciones públicas. Las empresas siguen participando. Los contratos siguen apareciendo. Las licitaciones continúan. Y las preguntas incómodas parecen perderse entre expedientes administrativos, portales de compras y burocracias estatales.

Mientras tanto, el negocio de la limpieza estatal continúa funcionando como un ecosistema cerrado, donde los nombres cambian poco, las estructuras societarias se reciclan y las alertas rara vez derivan en exclusiones concretas. Resulta cada día más complejo, para la administración de Axel Kicillof, alegar desconocimiento, dado que los domicilios son públicos, al igual que las denuncias, los antecedentes judiciales y los registros societarios. Aún así, el sistema sigue girando como si nadie quisiera mirar debajo de la alfombra. (www.REALPOLITIK.com.ar)