Sebastián Pascual y el abogado de Lilia Lemoine, denunciados por hostigamiento

El conflicto judicial que involucra al exdiputado bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pascual, oriundo de Lanús, sumó un nuevo capítulo. Paola Gisela Albarracín volvió a presentarse ante la Justicia y denunció que, luego de exponer públicamente su versión sobre la causa y cuestionar una supuesta “victoria judicial” difundida por el entorno del dirigente, su domicilio habría sido atacado durante la noche.

Según consta en el formulario de denuncia por hechos de violencia familiar y/o violencia de género, Albarracín relató que días atrás, cerca de las 23.00, mientras se encontraba en su vivienda junto a su padre, escuchó dos golpes provenientes de la entrada. A la mañana siguiente, advirtió marcas compatibles con patadas en la puerta, restos de comida —fideos con salsa— y basura en el acceso.

La denunciante vinculó el episodio con su aparición en un canal de streaming, donde aseguró haber contado “los hechos que venía sufriendo” por parte de su expareja, Sebastián María Pascual. En el mismo escrito también mencionó a Flavio Alexis Cañete y al abogado Hernán Emilio Seivane, quien fue beneficiado por el gobierno de Alberto Fernández y ahora representa a la diputada nacional Lilia Lemoine en distintas causas contra medios de comunicación.

Medidas cautelares y denuncia por hostigamiento

El caso no parte de cero. En un oficio del juzgado de Familia Nro. 3 de Avellaneda - Lanús, fechado el 6 de abril de 2026, se resolvió prohibir a Pascual, Cañete y Seivane acercarse a Albarracín a menos de 200 metros. La misma resolución también les prohibió realizar “cualquier acto de hostigamiento, perturbación o intimidación”, de manera directa o indirecta, incluso por medios de comunicación. Las medidas fueron dictadas por 120 días corridos.

Albarracín sostuvo ante este medio que, días antes del episodio en su vivienda, Pascual y Seivane habrían expuesto su teléfono y dirección en redes sociales, lo que —según su denuncia— habría derivado en mensajes intimidatorios y en una situación de temor por su integridad física.

En otra presentación judicial, la denunciante afirmó que el usuario de X atribuido a Seivane habría publicado datos personales y expresiones que, a su criterio, “incitaban al odio”. En ese marco, pidió el resguardo de sus datos y aportó copias de publicaciones.

El relato de la denunciante.

La causa que fue archivada y la disputa por el relato

Los documentos aportados también muestran una disputa paralela por una causa iniciada contra Albarracín. En julio de 2025, la UFI Nro. 8 de La Plata resolvió archivar una investigación penal preparatoria iniciada por una denuncia de Pascual contra ella por presuntas amenazas y hostigamiento. El fiscal sostuvo que, con el caudal probatorio reunido, “no obran indicios necesarios y suficientes” para determinar la comisión de un delito.

Luego, el 14 de abril de 2026, la fiscalía General rechazó la revisión presentada por Hernán Seivane, en su carácter de letrado de Pascual, y confirmó que no había mérito para modificar el archivo.

Para Albarracín, ese punto resulta central: sostiene que el entorno de Pascual intentó presentar públicamente el trámite como un fallo favorable contra ella, cuando la denuncia penal terminó archivada y la revisión fue rechazada.

La denunciante también aclaró que el archivo de una causa "no equivale a un sobreseimiento" y señaló que parte de la controversia actual gira en torno al pedido de desarchivo de actuaciones vinculadas a un llamado al 911 que, según expresó, no habría sido investigado en profundidad

El episodio suma tensión alrededor de la figura de Pascual dentro del armado libertario bonaerense, que ya había sido señalado por REALPOLITIK por sostener políticamente a Pascual pese a las denuncias por violencia de género, hostigamiento y presuntas irregularidades. Mientras tanto, Albarracín pidió la renovación de las medidas cautelares y aseguró que teme por su seguridad. (www.REALPOLITIK.com.ar)