Río Negro: Alberto Weretilneck, otra vez en la mira por contratos políticos

La Legislatura de Río Negro quedó nuevamente envuelta en una fuerte controversia política tras la difusión de una segunda investigación que expone presuntas irregularidades en la estructura de personal del organismo. El informe pone el foco sobre contratos y designaciones vinculadas a dirigentes territoriales, exfuncionarios y referentes políticos ligados al oficialismo provincial. La situación vuelve a tensionar el escenario político en Viedma y reactivó cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos.

En el centro de las acusaciones aparecen el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, señalados como articuladores de una estructura política sostenida con recursos estatales. Según la investigación difundida en los últimos días, varios de los nombres incluidos en la nómina percibirían salarios elevados sin que existan funciones visibles o tareas claramente identificadas dentro del esquema legislativo provincial.

La polémica impacta además en un momento delicado para el oficialismo rionegrino. Mientras el gobierno provincial sostiene un discurso centrado en el orden fiscal, el control del gasto y la austeridad administrativa, las nuevas denuncias alimentan la narrativa opositora sobre la existencia de un aparato político financiado desde el Estado. La discusión ya comenzó a trasladarse a distintos sectores de la política provincial y amenaza con escalar en las próximas semanas.

Los nombres que complican al oficialismo

Entre los casos mencionados en el informe aparecen dirigentes, empresarios y referentes territoriales vinculados al esquema político de Juntos Somos Río Negro y sectores aliados. La investigación enumera contrataciones que despiertan sospechas por los montos percibidos y por la falta de información pública respecto de las tareas desempeñadas dentro de la Legislatura.
Uno de los nombres que aparece en la nómina es el de Claudio Aníbal Mozzoni, identificado como empresario cercano al radicalismo y al oficialismo provincial, con ingresos superiores a los 2,5 millones de pesos. También figura Marcos Osvaldo Catalán, señalado como operador político en Bariloche, junto a Nelson Miguel Ayenao, vinculado territorialmente a General Roca y al armado partidario de JSRN.

La lista se completa con Leandro Miguel Tozzi, exlegislador provincial de Choele Choel, y Farid Lord Jorge Sad, dirigente relacionado con sectores radicales alineados con el weretilnequismo. Todos aparecen dentro de un esquema que ahora es observado por sectores opositores que reclaman mayores precisiones sobre las designaciones y los criterios utilizados para sostener esa estructura de personal dentro del poder legislativo.

La oposición busca convertir el caso en bandera

Las nuevas revelaciones reactivaron la ofensiva política de distintos sectores opositores, que comenzaron a exigir auditorías y explicaciones públicas sobre el funcionamiento administrativo de la Legislatura. En despachos opositores entienden que el tema puede convertirse en uno de los principales focos de desgaste para el oficialismo durante este año político.

Algunos dirigentes ya comenzaron a hablar de una estructura de contratos utilizada para contener acuerdos territoriales y sostener armados políticos en distintas ciudades de la provincia. La lectura que hacen en la oposición es que el esquema expuesto refleja una lógica histórica del poder rionegrino, donde la construcción política y la administración estatal aparecen mezcladas en una misma dinámica.

Hasta el momento, desde el gobierno provincial y desde la conducción legislativa no hubo respuestas detalladas sobre las denuncias difundidas. El silencio oficial alimentó todavía más las especulaciones y dejó espacio para que el tema avance en la agenda pública. En sectores cercanos al oficialismo admiten que la situación generó incomodidad interna y preocupación por el impacto político que podría tener en los próximos meses.

Legislatura de Río Negro.

El costo político para Weretilneck

El caso vuelve a colocar a Alberto Weretilneck frente a un escenario incómodo, especialmente por tratarse de cuestionamientos vinculados al uso de recursos públicos y a la estructura política del oficialismo. En Río Negro, el gobernador mantiene una fuerte centralidad en la toma de decisiones y cualquier controversia de este tipo inevitablemente termina impactando sobre su figura.

La investigación también golpea a Facundo López, considerado uno de los principales operadores políticos del oficialismo y hombre de máxima confianza del mandatario provincial. Dentro de Juntos Somos Río Negro, López tiene un rol clave en la construcción territorial y en la relación con distintos sectores aliados, por lo que las denuncias elevan la tensión dentro del esquema legislativo.

En paralelo, el episodio vuelve a instalar una discusión de fondo sobre los mecanismos de control institucional en la provincia. La transparencia en las contrataciones públicas, el acceso a la información y la rendición de cuentas empiezan a ocupar nuevamente el centro del debate político rionegrino. La oposición busca capitalizar ese escenario mientras el oficialismo intenta evitar que la polémica se transforme en una crisis de mayor dimensión. (www.REALPOLITIK.com.ar)